La convocatoria se fijó para la 1 de la mañana del martes 16 de diciembre en dependencias del Grupo de Reacción Táctica de la PDI (ERTA), en Cerrillos. Hasta allí llegaron, además del fiscal regional Occidente, Marcos Pastén y su equipo de focos penitenciarios, el fiscal nacional Ángel Valencia, el fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana, el jefe de la unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Ignacio Castillo, el ministro de Justicia Jaime Gajardo, su par de Seguridad Luis Cordero, el director de la PDI Eduardo Cerna, la subdirectora de Inteligencia y Crimen Organizado Consuelo Peña, entre otros. Lo aparatosa de la escena tenía una explicación clara: una hora más tarde se daría inicio a la denominada Operación Apocalipsis, que esta semana destapó un grave caso de corrupción en algunas cárceles chilenas.

Entre ellos también estaba Rubén Pérez, el director nacional de la principal institución apuntada en este caso: Gendarmería. Él, poco antes de las 2 de la madrugada tomó la palabra y habló ante las autoridades que seguirían el minuto a minuto del procedimiento y al centenar de efectivos que ejecutarían el mismo.

Con algo de vergüenza, pero con decisión, como recuerdan quienes lo escucharon, se adelantó a lo que sucedería. Ahí Pérez dio cuenta de que la red de corrupción que develó la indagación encabezada por el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén -que incluyó la detención de 45 gendarmes y de una veintena de civiles-, es parte de lo más duro que le ha tocado ver durante sus años de servicio.

Pérez fue claro en que había que atacar esta problemática con decisión, que debían buscar una solución con celeridad y que era un dilema del Estado en su conjunto. Aseguró, con todo, que eran cientos los funcionarios honestos que buscarían promover los cambios. Porque, de acuerdo con el relato de quienes estuvieron esa madrugada ante él, insistió en que no todos son corruptos.

Ahí se reunieron con los equipos que se desplegarían en distintos puntos de la capital y en regiones, para ejecutar decenas de órdenes de entrada y registro y de detención. Era el operativo más grande que se ejecutaría en relación con redes ilícitas que operaban en cárceles, por lo que se ultimaron detalles del procedimiento. Efectivos policiales habían viajado desde otras zonas del país para sumarse a las labores que, por lo demás, se habían planificado casi minuto a minuto.

No todos estaban al tanto de las diligencias que se ejecutarían, pues se trata de una indagación que por siete meses se llevó bajo máxima reserva. Se había compartimentado información a fin de que nada se filtrara y así no alertar a los sospechosos. Por lo mismo, recién antes del despliegue se le comentó quiénes eran los sujetos a detener, por qué se les perseguía y a qué debían estar atentos a la hora de efectuar los allanamientos.

Tras acordar los detalles vinieron las respectivas arengas. Y tras las palabras de Pérez, el fiscal Pastén hizo lo propio. “Esto no es un simple operativo, es el más grande que se ha hecho en relación con las cárceles. Espero que tengamos todo el éxito y atentos. Cuídense. Que nos vaya bien”, sostuvo.

Las horas más tensas

Una vez que se despacharon los carros con los efectivos policiales para que se apostaran en las cercanías de los domicilios y penales donde irrumpirían, las autoridades se trasladaron hasta una sala donde se dispuso el mando de la operación. Había cuatro pantallas gigantes a través de las cuales monitorearon cada paso de los 690 efectivos que se desplegaron. 500 eran PDI y 190 de Gendarmería. Por medio de computadores, además, seguían el recorrido de los carros vía GPS.

El primer inconveniente se registró minutos antes de que los funcionarios derribaran puertas y sorprendieran a los imputados. Aún no había sido posible asegurar uno de los domicilios y la ubicación exacta de uno de los blancos. Sin embargo, a esas alturas ya era demasiado tarde para echar pie atrás.

Pero habiendo chequeado que cada uno de los demás equipos estaba donde debía, el fiscal Pasten le pidió a la prefecta general Consuelo Peña que diera la orden de actuar, con lo que el silencio invadió el espacio y en cuestión de segundos comenzaron a resonar los gritos de los PDI que anunciaban su ingreso a los inmuebles.

“¡Policía, policía!”. “¡Arriba las manos!”. “¡Deja eso ahí!”. “¡No te muevas!”.

De ahí en más, ante el asombro de las autoridades de gobierno que presenciaban lo que ocurría, se fueron escuchando los reportes y los detalles que iban entregando las unidades respecto de cómo iban materializado lo que por semanas planificaron los mandos. “Cayó uno”. “Cayó el segundo”. “El tercero”.

La mayor preocupación estaba en la seguridad de los efectivos. Y es que al enfrentarse a la detención de funcionarios que portan armas de fuego, había temor de que alguno decidiera usarla. Además, como parte de las detenciones se hicieron en la cárcel Santiago 1, había que monitorear que el operativo no alterara el normal funcionamiento de la unidad.

Es por lo mismo que el día y hora de la diligencia se escogió con pinzas. Era el momento en que un menor número de imputados gendarmes estaría en dependencias de la institución, se había ubicado al resto en sus residencias particulares y, además, a esa hora los internos se encontraban encerrados.

En el gobierno supieron de lo que vendría la tarde del jueves 11 de diciembre. Y a pesar de que se les había adelantado a grandes rasgos de qué se trataba todo por las mismas coordinaciones que había que tener, los rostros de Cordero y Gajardo -según relataron presentes-, eran de asombro y decepción.

Según quienes conocieron del procedimiento, es distinto saber o haber escuchado que funcionarios incurrían en determinadas actuaciones, a verlo con sus propios ojos. Porque como los PDI y gendarmes que ejecutaron las detenciones portaban cámaras corporales, todos quienes estaban en el mando vieron cómo iban apareciendo elementos prohibidos en las piezas de los imputados. Droga, celulares, botellas de alcohol. Todo escondido en caletas (espacios ocultos en medio de los dormitorios) tal como lo hacen los presos.

Pudieron apreciar, igualmente, el momento de cada una de las detenciones, lo que ciertamente iba generando reacciones en el mando. “Qué tiene en la mano. Que lo suelte. Que deje eso a un lado. No pueden comunicarse con nadie”, expresaba el fiscal Pastén cuando se ingresó a uno de los domicilios y vio que un imputado manipulaba un elemento.

El modus operandi de la red

Como se ha mencionado, esta investigación inició hace siete meses. Y el punto de origen surgió en medio de otra investigación: la Operación Punto 40. Ahí un interno declaró de las irregularidades que tenían a gendarmes como protagonistas eran extendidas en Santiago 1.

Tirando de ese hilo y revisando alrededor de 130 causas y denuncias que estaban en manos de la Fiscalía Centro Norte, empezaron a trazar líneas investigativas.

Así, a partir de las diligencias practicadas, se logró establecer que en el CDP Santiago 1, y en el CPF Santiago (San Joaquín), operan grupos criminales que se valían del soborno y del cohecho de funcionarios públicos con el propósito de ingresar elementos prohibidos o ilícitos. Junto con ello, se permitía el acceso irregular de personas ajenas al establecimiento, simulando ser visitas debidamente enroladas. Todo, al margen de los requisitos reglamentarios y legales aplicables.

Estas organizaciones están conformadas por personas externas al recinto penitenciario, quienes ofrecen y entregan prestaciones económicas y de diversa naturaleza a funcionarios de Gendarmería para asegurar el ingreso de productos prohibidos y de personas en calidad de visitas. A su vez, los funcionarios de Gendarmería solicitan, aceptan y reciben dichos pagos, para sí o para terceros, en infracción a los deberes de su cargo, permitiendo u omitiendo controlar el ingreso de los elementos o, incluso, ingresándolos directamente al establecimiento.

Asimismo, los persecutores han podido determinar que los funcionarios, en razón de sus cargos, también solicitan y/o aceptan beneficios económicos o de otra naturaleza (como especies y otro tipo de prestaciones) de personas externas o por parte de internos privados de libertad, consolidando un patrón de corrupción que posibilita y sostiene la operación de estas agrupaciones criminales.

Para efectuar los pagos y ejecutar el ingreso de personas o de sustancias prohibidas por intermedio de las encomiendas o visitas, las agrupaciones externas utilizan la modalidad conocida como “las manillas”.

A su vez, los funcionarios de Gendarmería, que cumplen funciones al interior de los recintos penal, específicamente en los sectores de Control Peatonal, Módulos y G.A.R.P, incurren en diversos actos de corrupción, vinculados al ingreso de distintos productos prohibidos y/o ilícitos hacia el interior de los establecimientos penitenciarios, todo ello a cambio de dinero, lo que en la jerga carcelaria es conocido como “la feria”, el “delivery”, y “el rescate”.