El expediente de la investigación que terminó con la detección de redes de sujetos que internaban elementos prohibidos en las cárceles Santiago 1 y San joaquín -y que incluyó la detención de 47 gendarmes y 23 civiles-, tiene una serie de informes de Gendarmería referentes a quiénes eran los cabecillas en determinados recintos o módulos, y cómo operaban.

Uno de ello está centrado en el actuar de una particular interna de nacionalidad peruana que cumplía una condena de 13 años por tráfico ilícito de drogas en el módulo 1 de la cárcel de mujeres de San Joaquín: Dora Ester Jiménez Murillo (59). La condenada, según se relata en el informe N° 2 del Departamento de Investigación Criminal de la institución penitenciaria, era quien lograba ingresar sustancias ilícitas al recinto, previa coordinación con funcionarios que se desempeñaban en el lugar.

Dora Jiménez, de acuerdo con declaraciones tanto de internas como de gendarmes, logró que efectivos que tenían como misión mantener el control al interior del recinto infringieran diariamente la normativa, se alejaran de sus tareas y vulneraran los mecanismos de seguridad “para ingresar a internas recluidas elementos prohibidos y/o ilícitos tales como teléfonos celulares, comida, drogas y alcohol para su uso y consumo, a cambio de una retribución de tipo económica”.

Conforme lograron establecer los investigadores, con la ayuda de los funcionarios Bárbara Yévenes y Pedro Malverde, Jiménez lograba ingresar distintos elementos por la Central de Alimentación. El 11 de septiembre de 2024, por ejemplo, en medio de un allanamiento se logró encontrar 18 celulares, 12 cajas de cargadores, dos botellas de whisky, perfumes y droga. Y todo estaría vinculado a ella.

Gracias al dinero que obtenía por esos productos no le era difícil pagar a los funcionarios que le colaboraban. En el informe se menciona que si hubiese llegado a vender solo la droga que se le incautó en septiembre, habría ganado más de $8 millones.

Su tarifario era el siguiente: la pasta base de cocaína al interior del penal la comercializaba a $2.000 la dosis de 0,2 gramos cada una; el valor de la dosis de marihuana, $2.000; dosis de tusi, $5.000; equipo celular con audífonos, cable y base de carga, $1.000.000; 200 ml de whisky, $150.000; botella de tequila, $500.000.

Los funcionarios

Producto de las declaraciones que se obtuvieron, los investigadores lograron determinar que, como parte de su trabajo con Dora Jiménez, la gendarme Bárbara Yévenes, que se desempeñaba en la zona de alimentación, ingresaba muy temprano en la mañana los elementos, dados los bajos controles a esa hora.

Internaba los productos, como se detalla, entre medio de sus vestimentas. Y en ocasiones era ella misma quien iba a hacer las compras. Por ejemplo, como relató una funcionaria que no fue identificada por razones de seguridad, en una ocasión Yévenes le pidió que la acompañara a una botillería cercana al recinto a comprar dos botellas de tequila, con la excusa de que se las debía al funcionario Malverde, quien se desempeñaba como comandante de guardia en el lugar.

Esa misma funcionaria, además, relató que la imputada le había pedido prestada su cuenta Rut para recibir transferencias de un familiar, constándose que recibió cuatro transferencias de $100 mil, y precisamente dos pagos de sujetos que estaban enrolados para visitar a Dora Jiménez.

Pero Yévenes no era la única. Como se indica en el informe, Jiménez también ingresaba “sustancias/especies iliciticas y/o prohibidas al interior de la cárcel de mujeres ubicadas en San Joaquín, por medio de funcionarios de Gendarmería que cumplen funciones en el Área de Mantención, quienes, en virtud de su cargo, ingresarían estas especies y/o sustancias a cambio de pagos de dinero”.

Además de esto, se incluye en el documento, “los citados funcionarios le facilitarían herramientas fiscales a internas para que elaboraran ‘caletas’ (escondites confeccionados por internos para ocultar especies ilícitas), para lo cual las internas involucradas les pagarían a través de pagos de dinero, como así también mediante ‘favores sexuales’“.

Para dar cuenta de ello se cita la declaración de otra interna, quien sostuvo haber visto a internas del módulo 1 muy cercanas con funcionarios y que sabía que eran los mismos que luego ingresaban algunos elementos prohibidos para entregárselos a Dora Jiménez.

La interna nombrada como “Licha” indicó que era “el suboficial mayor Gustavo Gutiérrez quien facilitaría herramientas para que las internas le fabriquen ‘caletas’ a la interna Jiménez. Además, declaró que el citado funcionario se involucra sentimentalmente y sexualmente con varias internas recluidas en el penal, a modo de pago por el ingreso de estas especies prohibidas”, se lee en el informe.

En la Guardia Interna, como se agrega, también la interna tenía sus contactos, ya que ahí funcionarios cuyos nombres están tachados en el informe al que este medio tuvo acceso, también le ingresaban elementos prohibidos.

De acuerdo con otras declaraciones de reclusas, funcionarias como Nelly Durán también proveían a Dora un trato diferenciado en el día a día, otorgándole beneficios que otras no tenían, como mayores libertades y la posibilidad de que comercializara objetos sin mayores restricciones.

La mencionada gendarme, de acuerdo con declaraciones, ingresaba con elementos prohibidos en la zona superior de sus vestimentas, y como era una de las encargadas del módulo 1, luego se dirigía a la zona donde estaba Dora y le dejaba los productos sobre su cama. Recibía, como se pudo establecer, pagos con sustancias ilícitas y también dinero en efectivo.