Nacional

El “modo” Lavín Jr.: fiscalía detalla ante la Corte maniobras del diputado para defraudar en más de $200 millones al Fisco

En 120 páginas, el Ministerio Público detalla los antecedentes que le hacen sospechar de la autoría del parlamentario en una serie de conductas de tráfico de influencias –en la Municipalidad de Maipú– y defraudación de dineros provenientes del Congreso para financiar actividades políticas propias y de una plataforma que creó y que ocuparon más de 70 candidatos UDI.

En el proceso penal que la Fiscalía Oriente sigue adelante en contra del diputado Joaquín Lavín León (ex-UDI) hay una situación que llama la atención a coimputados, defensas, querellantes e investigadores. Y son todas las veces que el parlamentario dice “yo nunca” en su declaración en calidad de imputado en la que deslinda responsabilidades en su equipo.

Un ejemplo de aquello se desglosa en el escrito de desafuero que hace más de una semana la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, ingresó ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahí, según pudo acceder La Tercera, la investigadora solicita al tribunal superior que despoje al diputado de su prerrogativa como congresista, no tan solo para poder formalizarlo, sino para –además– solicitar a su respecto una medida cautelar personal que –según trascendió– sería la de prisión preventiva.

Para sostener la gravedad de los hechos que se indagan, el escrito acude a ese tipo de versiones encontradas que hay en el expediente. Si bien, por una parte, Lavín aseguró a los interrogadores que la plataforma que creó (“Socialtazk”) con cargo a dineros del Parlamento nunca tuvo otros fines distintos de los de su labor como diputado, una serie de concejales UDI declararon algo totalmente distinto y que da cuenta de cómo la venta de estos servicios tenía fines electorales.

Socialtazk al desnudo

“Tal como se indicó anteriormente, el total de clientes de la empresa ‘Modo 74′ –que no corresponden al diputado Lavín– fueron captados por el propio imputado. Además, en forma adicional y subrepticia, y durante los años 2020 y 2021, el imputado Lavín León, ofreció la plataforma Socialtazk a más de 70 candidatos UDI a nivel nacional, a quienes les creó un usuario y contraseña de acceso, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña de manera gratuita, únicamente a cambio de hacerse en forma ilícita de las Bases de Datos de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional“, se lee en el escrito.

Y es que quienes conocen de la indagatoria que lleva adelante la fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina, y el OS-7 de Carabineros, explican que los servicios de esa “app” que era financiada con fondos fiscales se entregaban a cambio de “información privada de millones de personas que los candidatos obtenían en el desempeño de sus labores públicas”.

Ahí entonces surge la sospecha. ¿Por qué Lavín quería hacerse de esas bases de datos? Ante la interrogante, el propio escrito de desafuero que será analizado ante la Corte de Apelaciones de Santiago apunta a un negocio familiar de “los Lavín” en que participan hermanos del imputado y que se habría beneficiado de este “modo” de operar del diputado.

“El imputado, no solo mantiene un interés personal y político en la empresa Modo74 y en su plataforma Socialtazk, sino que también, se ha podido detectar que el desarrollo de la aplicación fue desde un inicio concebido para la obtención de importantes beneficios económicos y societarios, para él y otros miembros de su familia”, denuncia la Fiscalía en el documento.

“Panel Ciudadano” al ruedo

En el escrito de desafuero, la fiscal Lorena Parra detalla que el representante legal es un hermano del imputado, Juan Pablo Lavín, y que dicha empresa se dedicaba al desarrollo y ejecución de encuestas y de estudios de mercado, en la que mantiene participación no solo él, sino también la hermana de ambos, María Estela Lavín León, y que tiene como objetivo “la prestación de servicios de tecnología de la información, de procesamiento de datos y estudios y, en general, todo tipo de servicios informáticos”.

Es entonces cuando el Ministerio Público pone en alerta a la Corte y sostiene que los servicios de Socialtazk fueron ofrecidos por el diputado, sin que “ninguno de dichos candidatos desembolsara dinero alguno por los servicios de la plataforma, ya que dicho proyecto fue financiado en su totalidad con fondos públicos del Congreso Nacional”.

Uno de los testigos con los que cuenta el ente persecutor penal es Aliro Caimapo Oyarzo, militante de la UDI y excandidato a alcalde de Chiloé, quien relata que fue contactado por el equipo del diputado Joaquín Lavín para ofrecer un servicio especial para su campaña.

Testigos del negocio de Lavín

“Soy militante de la UDI hace muchos años, y conozco al diputado Lavín por asuntos propios del partido, y conozco mayormente al papá de Joaquín Lavín hijo, que fue mi jefe durante dos años, y fui Seremi de la RM durante el primer periodo del presidente Piñera. Con el diputado Lavín he tenido solo dos oportunidades de estar con él de forma personal y las dos veces ha sido para conversarme para ofrecer los servicios de una plataforma que tenía para efectuar campañas políticas”, declaró ante la policía.

Junto con esto, sostuvo que “estas dos conversaciones que tuve con él fueron ambas con motivo de mi campaña para la elección de alcalde el año 2021 en Ancud (...) Él me indicó la forma en que él utilizaba la plataforma en Maipú y cómo yo podría utilizar esta plataforma en Chiloé. En esta primera reunión que fue bastante informal, ya que fue en un café Starbucks del Costanera Center, me explicó fundamentalmente en que esta plataforma se nutría de las bases de datos que entregaban los mismos candidatos, lo que para mí era un inconveniente, ya que debía proporcionar las bases de datos de la comuna en donde postularía como candidato”.

En esa línea, detalló el excandidato, “esas bases de datos incluyen en general juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, de adultos mayores, es decir, todas las bases de datos que uno se puede conseguir (...) Él me ofreció este servicio de forma gratuita, y me dijo que la estaba poniendo a disposición de los candidatos de la UDI de forma gratuita. Por eso resultaba atractivo. Él planteaba la posibilidad de poder enviar mensajes de texto masivos a través de esa plataforma, lo cual para el candidato no tendría ningún costo si es que le proporcionaba la base de datos de su comuna”.

Finalmente, Aliro Caimapo expresó que “obviamente eso era algo muy atractivo, sin embargo, como señalé, para mí no era algo viable porque yo no tenía bases de datos de la comuna en donde estaba compitiendo, entonces no era mucho lo que yo podía ofrecerle a él a cambio de todo este servicio que me estaba presentando”.

Con costo al Fisco

Sobre este capítulo del desafuero, la Fiscalía asegura que Lavín León “instruyó, a la totalidad de su equipo de asesores parlamentarios, que destinara su jornada laboral en el Congreso para ingresar y validar en la plataforma las bases de datos que eran proporcionadas por los candidatos UDI en sus respectivas cuentas, además de ordenar que los contactaran telefónicamente, para validar la información que mantenían de cada uno de ellos”.

El organismo detalla que la defraudación, en este caso, ascendería a más de $93 millones desembolsados por el Fisco para esta especie de “negocio” personal y familiar desplegado por Lavín Jr.

“Los funcionarios del Congreso destinaron gran parte de sus jornadas durante los años 2020 y 2021 a contactar telefónicamente a la totalidad de personas contenidas en las bases de datos electorales aportadas por los candidatos UDI, a capacitarlos en el uso de la plataforma, e informar diariamente sus avances al resto del equipo del parlamentario”, se lee en el libelo.

El “alcalde en las sombras”

En otro capítulo, la fiscal Parra desarrolla el delito de tráfico de influencias que se le atribuirá a Lavín León y que tiene que ver con el rol que tuvo mientras su esposa, Cathy Barriga, fue alcaldesa de Maipú. Situación por la cual ella ha debido enfrentar también a la justicia.

Pero en el caso particular de ser considerado “un alcalde en las sombras”, el Ministerio Público detalla ante la Corte las pruebas con las que cuenta para atribuir responsabilidad penal por estos hechos al diputado.

“Contamos con correos electrónicos, conversaciones a través de aplicaciones telefónicas, entre otros. Se constató que desde el inicio de la administración municipal de su cónyuge, el imputado, quien es diputado del distrito, se interesó tanto económica como políticamente en diversas operaciones y contratos, contexto en el que valiéndose de su especial posición como diputado de la República y de su vínculo personal con la máxima autoridad municipal, influyó en diversos funcionarios públicos municipales con el objeto de que estos tomaran decisiones favorables a sus intereses dentro de la Municipalidad de Maipú”, acusa la Fiscalía.

Fraude al Fisco para pagar deudas de campaña

Mención aparte son las maniobras de defraudación mediante presentación de facturas ideológicamente falsas que pesquisa la fiscal Constanza Encina y su equipo de Carabineros.

“En relación con el delito de fraude al Fisco, ha sido posible determinar que el honorable diputado Joaquín Lavín León, desde al menos el año 2015 al 2024, rindió de manera sistemática y reiterada, facturas ideológicamente falsas al Congreso Nacional, requiriendo el reembolso de gastos ajenos a su función parlamentaria, obteniendo de esa forma pagos improcedentes por parte de dicha institución pública, con cargo a los cuales financió campañas, y otros proyectos políticos y electorales de su partido. Estas maniobras, ocasionaron un perjuicio fiscal que asciende al menos a $104.271.784″, se lee en el escrito de desafuero.

En una especie de resumen que hace hacia el final del documento, la fiscal Parra pide a la Corte desaforar a Lavín para poder formar causa en su contra y solicitar medidas cautelares ante los graves hechos que se le imputarán. Sobre todo teniendo en cuenta su calidad de funcionario público y el deber de rectitud que conlleva su cargo.

“Las conductas antes descritas, han afectado en su esencia el recto desempeño de la función administrativa, como también la objetividad, imparcialidad y eficacia en los procesos de la administración pública y el patrimonio público del Estado. El imputado, Lavín León ha faltado gravemente a sus deberes parlamentarios, y ha cometido, a juicio del Ministerio Público, los delitos de fraude al Fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, los cuales requieren prontamente su desafuero y formalización”, sentenció.

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