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El “not telefonazo” de Orrego a la fiscal y los aportes del GORE al Ministerio Público que encienden alarmas por inhabilidad

Pese a que el gobernador de la RM dijo que se había comunicado con la fiscal del caso, el dato fue desmentido desde el ente persecutor. Junto con esto, cores levantan suspicacias sobre la autonomía del Ministerio Público por la inyección de recursos desde el Gore.

El gobernador Claudio Orrego. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“El que nada hace, nada teme”.

Esa es una frase que se ha repetido la última semana en el entorno del gobernador regional de la RM, Claudio Orrego, quien ha insistido en descartar que fondos asignados a la repartición que encabeza se hayan destinado a su campaña para la reelección, como se advirtió en una indagación llevada adelante por la Contraloría.

Y es que justamente en la jornada de ayer miércoles, en medio de la sesión del Consejo Regional, el otrora militante DC acuñó dichos términos y, además, agregó que había tomado contacto con la fiscal que lleva la indagatoria, Constanza Encina, para ponerse a su disposición.

“Se han remitido antecedentes para el que el Ministerio Público evalúe. Como han dicho muchos de ustedes, dejemos que el Ministerio Público evalúe. Yo les quiero decir que yo ya tomé contacto con la fiscal que tiene el caso y le dije: ‘Estoy dispuesto a ir a declarar, mañana si es necesario, y a llevar los antecedentes’. Saben por qué, porque el que nada hace, nada teme”, sostuvo el gobernador.

Pero lejos de calmar las aguas, las palabras de Orrego inquietaron más a los presentes, dada “la soltura” con la que daba a entender que tenía prácticamente línea directa con la persecutora, lo que para algunos podría tener una incidencia indeseada en el futuro de la indagatoria.

Sin embargo, tanto desde el Gore Metropolitano como desde la Fiscalía descartaron que se tratara de los denominados “telefonazos” y aseguraron que se trató de intercambios regulares vía los abogados de la autoridad.

“Tomó contacto con la fiscal a través de sus abogados. Lo que hizo fue ofrecerse para declarar”, manifestaron desde la institución, mientras que desde la Fiscalía Oriente agregaron que el contacto correspondió a un correo que envió uno de los abogados del gobernador para conocer el RUC de la causa y poder acreditarse formalmente.

Inhabilidades

Pero aunque desde el gobierno regional han sido enfáticos en descartar un eventual intento de injerencia en la indagación por parte de Orrego, ese no es el único factor que hoy enreda la indagación en su contra, pues son varios los que ya esbozan que la causa debería ser derivada a otra fiscalía para su análisis.

El hecho de que Orrego haya sido por años alcalde de Peñalolén, comuna de la zona oriente, intendente y hoy gobernador con convenios activos con las fiscalías regionales de la RM, para fuentes del Ministerio Público consultadas por este medio implicarían inhabilidades manifiestas.

Sin ir más lejos, dichos personeros recuerdan un encuentro que el gobernador sostuvo en marzo pasado con los representantes de las cuatro fiscalías regionales metropolitanas, donde se valoraron los alcances de los programas realizados bajo alianzas estratégicas.

En esa oportunidad Orrego recibió a los fiscales Lorena Parra, Xavier Armendáriz, Marcos Pastén y Alex Cortez (s), calificando como positivos los proyectos trabajados en alianza con el gobierno de Santiago “para mejorar la calidad de vida de las víctimas”.

Ahí, por ejemplo, la fiscal Parra destacó lo realizado apropósito del programa “Alerta VIF”, iniciativa para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y que se ejecutó junto a la Universidad Alberto Hurtado, con el objetivo de aumentar la respuesta integral para las víctimas con riesgo vital alto y medio, y sus familias.

“Es una temática muy sensible y difícil de abordar. Derivamos los casos que cumplían con las características, se trabajó con duplas especiales y atención multidisciplinarias. Además de la formación de 175 lideresas para la prevención y protección de VIF. Fue un proyecto que permitió cambiar la vida de las personas y que vale la pena emprender”, sostuvo la persecutora en dicha instancia.

Por lo mismo, desde las filas de la Fiscalía deslizan que se podría estar ante una causal de inhabilidad que implicaría trasladar la causa a otra región. Citan, de hecho, la causal número trece establecida en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que establece: “Haber el fiscal, su cónyuge, conviviente civil, alguno de sus ascendientes o descendientes, o alguno de sus parientes colaterales dentro del segundo grado, recibido de alguna de las partes un beneficio de importancia, que haga presumir empeñada la gratitud del fiscal”.

La voz de los cores

Consultado sobre la situación que enfrenta Orrego y la eventual inhabilidad que recaería sobre la Fiscalía Oriente, el consejero regional Álvaro Bellolio indicó: “No soy abogado, pero con lo que hemos visto en los últimos meses —como los cambios de fiscales en investigaciones sensibles como ProCultura y la contratación de José Roa, del PS y cuñado del ministro del Interior, en la Fiscalía— creo que es legítimo levantar ciertas alertas. Más aun cuando el propio gobernador reconoció en el pleno haber llamado directamente a la fiscal".

“Esto no es un juicio sobre la probidad del Ministerio Público, sino una advertencia sobre cómo el gobernador involucra a instituciones en su defensa política. Llamar a fiscales o ir al Consejo de Defensa del Estado cuando está siendo investigado es imprudente. En este contexto, lo más responsable sería que la investigación la asumiera una fiscalía de otra región, para reforzar la independencia del proceso y cuidar la confianza en las instituciones", agregó.

En el mismo sentido, su par Nicole Aguilera compartió lo expresado y sumó que siguen analizando todos los caminos que sean necesario para determinar con claridad lo ocurrido.

“Tras la exposición del gobernador en el consejo y los documentos entregados, estamos trabajando junto a los abogados del partido. Sin embargo, siguen existiendo muchas dudas graves que no han sido respondidas. Si se confirma el uso irregular de recursos públicos o no se aclaran estos fondos, lo que esperamos revisar en los próximos días, vamos a avanzar junto a todas las bancadas que quieran fiscalizar con seriedad, incluyendo acciones ante el Tricel, la Fiscalía o cualquier otra instancia que corresponda”, dijo.

Por su parte, Valeria Ponti manifestó que confían en el actuar de la Fiscalía.

“Nosotros confiamos en que el Ministerio Público haga su trabajo, de forma responsable y seria, dada la gravedad de los antecedentes. Así lo han demostrado en otros casos. En todo caso, eso es un camino paralelo, nosotros aparte seguimos buscando todas las medidas que tenemos a mano para tener todos los antecedentes que nos permitan tomar un decisión responsable. Vamos a agotar todas las instancias: reuniones, comisiones. Con responsabilidad, pero también con la prontitud que merece el caso”.

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