Desde su fundación Carabineros es una institución de carácter militar. La denominación, más allá de la caracterización policial, también implica contar con un régimen disciplinario y estrictamente jerarquizado para todos sus funcionarios, quienes están sujetos a respetar indistintamente a sus superiores.

Sin embargo, y pese a dicha tradición, la institución también ha debido asumir el desafío de avanzar hacia la mayor transparencia y al cumplimiento de las legislaciones de probidad. Eso ha derivado en que la policía uniformada cuente con canales para denunciar cualquier hecho que constituya delito, incluso de sus superiores.

Por lo mismo, y con el fin de entregar protección a estos denunciantes, Carabineros publicó un conjunto de medidas de resguardo para aquellos funcionarios de la institución que denuncien hechos de corrupción. La nueva normativa imparte instrucciones para establecer y estandarizar dichas medidas de protección hacia esos integrantes de la policía uniformada.

Lo anterior quedó materializado a través de una circular firmada por el contralor general de Carabineros, el general Jean Camus, quien según el documento aprobó dicha normativa por orden del general director de la institución, Marcelo Araya.

Las 10 conductas sancionadas

Se trata de la circula Nº 1901, la cual busca generar un entorno laboral “seguro, confiable y transparente” para los integrantes de la policía uniformada, así como también para que el funcionario de dicha institución “se sienta respaldado denunciando cualquier conducta indebida, sabiendo que serán protegidos y que sus denuncias serán investigadas de manera imparcial y eficaz”.

La nueva normativa policial se basa, según se establece en el mismo documento, en la legislación vigente en materia de probidad y las órdenes de la Contraloría respecto a la materia. Su aplicación será indistintamente para todos los funcionarios policiales.

Según establece la circular, el objetivo es proteger a quienes denuncien hechos constitutivos de delitos o faltas consideradas en los principios de probidad administrativos de Carabineros.

Estas faltas son 10 y según el escrito se podrá denunciar a funcionarios que usan su cargo a beneficio propio, ocupan tiempo para actividades personales, intervienen con sus funciones en actos personales, contravienen sus deberes de legalidad, eficacia y eficiencia, ejercen conductas de acoso sexual o laboral y hasta quienes denuncian falsamente irregularidades, entre otras.

Quienes denuncien ese tipo de hechos estarán sujetos a cinco principios: confidencialidad, probidad administrativa, protección contra represalias, debida diligencia y celeridad y al debido proceso y presunción de inocencia en el caso de los denunciados.

El denunciante de hechos de corrupción gozará -según la normativa- de protección frente a represalias y dichas medidas podrán ser requeridas tanto por el propio funcionario como por su cónyuge, conviviente, así como también por cualquier familiar ascendiente, descendiente o incluso colateral.

Las medidas

Dichas medidas de protección buscan resguardar a los denunciantes de actuaciones o actos que afecten la estabilidad laboral de quienes expongan actos de corrupción, así como también de recibir hostigamientos o actuaciones administrativas en su contra.

Para eso se fijan cuatro principales medidas de protección. La primera de estas es la de confidencialidad en caso de que el denunciante lo solicite, seguido de otra medida de protección física. “En casos en los que la seguridad física del denunciante esté comprometida, se adoptarán medidas adicionales, tales como el cambio de lugar de trabajo”, señala la circular.

La tercera medida es la de protección laboral, fijando que el funcionario “no podrá ser desvinculado a consecuencia de la interposición de la denuncia; sin embargo, podrá ser reubicado, a fin de poder otorgar la debida protección, siempre y cuando ello no irrogue una alteración en sus condiciones laborales”. La cuarta medida es la que establece que también se puede recibir orientación legal cuando se requiera.

Por otro lado, también se fijan medidas extra, como es que la institución podrá determinar la reubicación del funcionario que lo necesite, así como también que quien denuncie no podrá ser evaluado anualmente por quien denunció, en caso de que este sea un superior jerárquico.

La misma circular establece que las medidas de protección se mantendrán hasta que el riesgo que motivó el resguardo haya cesado y también se establece quiénes son los responsables de velar por el cumplimiento de estas.

Por último, también se fija que serán sancionados como una “falta grave” en contra de quienes hostiguen, acosen o tomen represalias en contra de denunciantes de corrupción. De igual forma en contra de quienes no adopten las medidas que correspondan.

Misma sanción que igualmente correrá en contra de quienes realicen denuncias de este tipo “de las cuales constare su falsedad, fueren evidentemente infundadas o tuvieren el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado, serán consideradas como constitutivas de falta grave a la disciplina, y el denunciante deberá ser sancionado conforme a la normativa institucional. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren proceder”.

Consultados al respecto, desde Carabineros señalaron que la institución ha emitido esta circular con la que “nuestra institución busca garantizar un entorno laboral seguro, confiable y transparente, donde cada carabinero se sienta respaldado al cumplir con su deber de denunciar”.

“Este instrumento se enmarca en las leyes de probidad y transparencia vigentes en el país y en nuestra propia Política de Integridad, reafirmando que ninguna persona que denuncie será objeto de represalias. Nuestra prioridad es que todo procedimiento se realice con imparcialidad, celeridad y pleno respeto al debido proceso, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en Carabineros y en sus integrantes”, concluyeron.