Tras un año marcado por graves hechos de violencia en los liceos emblemáticos de Santiago -incluido el incendio que dejó más de 30 jóvenes con quemaduras en el INBA en octubre de 2024-, la administración del alcalde Mario Desbordes (RN) elaboró su propio plan de seguridad para los establecimientos de la comuna.

Según detallan desde la Dirección de Educación Municipal (DEM), este contempla una batería de medidas operativas y disciplinarias. Pero uno de sus puntos más relevantes es la decisión de revisar todos los reglamentos internos de Convivencia Escolar (RICE) para incorporar expresamente la aplicación de la Ley Aula Segura en los casos que corresponda.

Dicha ley, promulgada en 2018, permite la expulsión inmediata de estudiantes que incurran en actos graves de violencia, como el porte de artefactos incendiarios o ataques físicos. Pero en los últimos años su eficacia ha sido altamente debatida.

Durante la administración de la exalcaldesa Irací Hassler (PC) la aplicación de Aula Segura fue descartada por considerarla una medida punitiva que no abordaba las causas estructurales del conflicto escolar. Por el contrario, se privilegió el uso de los RICE, que son elaborados en acuerdo con las propias comunidades escolares, por lo que todos, en teoría, los aceptan. Las expulsiones y cancelaciones de matrícula también se dieron bajo esa figura.

Sin embargo, en la nueva administración del alcalde Desbordes el municipio ha retomado el uso de Aula Segura como una herramienta para enfrentar lo que hoy definen como una “problemática estructural”.

Y por eso, dicho está, el plan presentado incluye la propuesta de revisar todos RICE para “establecer mayor claridad en la aplicación de debidos procesos e incorporar de manera expresa la Ley Aula Segura cuando corresponda”.

Este aspecto genera tensión porque los RICE, por definición, deben ser elaborados y aprobados por todos los estamentos de cada establecimiento -estudiantes, docentes, apoderados y funcionarios- para asegurar que todas las partes conozcan y acepten las normas que regulan la convivencia.

Consultados en el municipio por cómo se logrará compatibilizar la decisión de incorporar de forma expresa la aplicación de Aula Segura en los RICE, considerando que estos deben ser construidos y aprobados por toda la comunidad educativa, aseveran que la mayor parte de las comunidades educativas están de acuerdo con su aplicación y que, al ser ley, no pueden dejarla sin aplicación.

El alcalde Mario Desbordes asegura que la principal preocupación del municipio hoy no es solo la violencia escolar tradicional, sino una forma de “violencia política” que -según dice- se expresa en liceos donde “pequeñas minorías” encapuchadas y con bombas molotov han capturado a las comunidades escolares.

El diagnóstico del nuevo plan, que en todo caso tiene fecha de caducidad, puesto que el 1 de enero los colegios santiaguinos pasan a manos del SLEP, incluye desde el análisis arquitectónico de los recintos hasta recomendaciones sobre protocolos, vigilancia y coordinación interinstitucional.

Para ello, el plan considera la implementación de un modelo de seguridad escolar por capas, desarrollado a partir de un informe técnico-profesional encargado por la DEM a un experto en seguridad pública y privada cuyas propuestas se busca replicar en distintos establecimientos. La medida, incluso, ya ha se ha iniciado en el Instituto Nacional, donde el experto señalado ya realizó un análisis de la situación de seguridad en el establecimiento.

En ese contexto, Desbordes valora el respaldo “transversal” que ha tenido la comunidad del Instituto Nacional a las medidas impulsadas por el municipio: “Es muy importante lograr que se erradique este tipo de violencia y que los establecimientos emblemáticos vuelvan a ser lo que siempre debieron seguir siendo: elementos fundamentales en la movilidad social y un orgullo para todas las chilenas y chilenos y la educación pública”, sostiene a La Tercera.

Pilar Sazo, directora de Educación Municipal, señala que “la crisis de violencia en la educación pública nos obliga a actuar con máxima coordinación junto a policías y Fiscalía. Desde mayo, por ejemplo, el Instituto Nacional ha estado un mes y medio sin salidas de capucha, mostrando avances claros”.

El diagnóstico contempla cinco aspectos fundamentales: descripción detallada del establecimiento; diagnóstico de la situación actual; evaluación técnica de las acciones implementadas; un enfoque en la arquitectura para la seguridad escolar bajo un modelo ecosistémico, y recomendaciones orientadas a construir un plan estratégico de seguridad por capas.

Para profundizar en la especificidad de cada establecimiento y cómo actuar frente a cada uno, el informe considera características críticas de la infraestructura, como entradas, salidas, salidas de emergencia, patios, estacionamientos y edificios colindantes, identificando las zonas con mayor vulnerabilidad para la seguridad escolar.

Además se evalúan las medidas preventivas y los controles de acceso implementados, que incluyen la instalación de cámaras en puntos estratégicos, botones de pánico, sistemas de control de acceso, rondas periódicas de seguridad, definición clara de las entradas para proveedores y la implementación de redes de parlantes y megáfonos para la comunicación efectiva en situaciones de emergencia.

Actualmente, el plan está siendo replicando en el INBA, el Liceo 1 Javiera Carrera, el Liceo de Aplicación y el Barros Borgoño, y se complementa con la contratación de nuevos inspectores y personal de seguridad, además de una inversión significativa en tecnología.

Solo en el Instituto Nacional, la instalación de cámaras implica un costo estimado de $59 millones, sumado a la incorporación de seis inspectores y un portero adicionales.

“La prioridad es proteger la integridad física y psicológica de estudiantes, funcionarios y visitantes, y establecer protocolos de actuación ágiles y coordinados”, sostiene el plan.

El plan también establece protocolos claros para el llamado a autoridades externas, como la municipalidad, Carabineros y Bomberos, y contempla procedimientos diferenciados según el tipo de emergencia, abarcando escenarios que van desde manifestaciones pacíficas hasta situaciones violentas y críticas, además de acciones específicas ante la presencia de personas infiltradas.

En materia disciplinaria, se plantean medidas jurídicas, que se complementan con la intervención psicosocial y el trabajo colaborativo con las familias.

El modelo además incluye acciones para fortalecer la convivencia y la prevención, junto con la elaboración de planes de evacuación y la realización de simulacros periódicos que garanticen la preparación ante cualquier eventualidad.