La tarde de este lunes arribará hasta la Región de La Araucanía el ministro de Seguridad, Luis Cordero. El jefe de la cartera de gobierno llegará hasta la Macrozona Sur luego de que la violencia rural tuviera una reactivación y pusiera fin a la caída en los hechos de violencia que se registraban en la zona sur del país.

Desde la madrugada del viernes, y hasta este domingo, es decir en 72 horas, se han producido cuatro atentados de violencia en La Araucanía, lo que mantiene en alerta no solo al gobierno sino que también a las policías y al Ministerio Público.

El primero de esta seguidilla de hechos, que si bien no han dejado a personas heridas, sí han causado millonarias pérdidas, comenzó el viernes. La madrugada de ese día, entre la comuna de Vilcún y el sector El Cajón, un grupo de desconocidos incendió las instalaciones de una empresa dedicada al rubro de las semillas. Horas más tardes, en la misma comuna, se atacó y quemaron cuatro maquinarias.

El sábado se registró el tercer ataque, específicamente en la ruta que une Carahue con Nehuentué, donde los delincuentes incendiaron un cargador frontal y una pala. El último hecho ocurrió el domingo en Cunco, con el ataque incendiario a siete maquinarias, lo que produjo un perjuicio económico de $2.500 millones para la empresa agrícola dueña de los equipos agrícolas.

Todos estos incidentes, y pese a que se han producido a grandes distancias, han tenido un factor en común: han sido reivindicados por la agrupación Weichan Auka Mapu (WAM), quienes han dejado lienzos con sus consignas. Aquello derivó en que el gobierno presentara querellas por Ley Antiterrorista en contra del grupo, así como también la visita de Cordero para coordinar medidas para hacer frente a este repunte en la violencia rural.

El equipo de la Fiscalía

Con ese factor en común, el Ministerio Público ya activó su equipo especial para llevar a cabo estas complejas investigaciones. Se trata de un grupo de persecutores dependientes de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de La Araucanía, quienes integran un equipo dedicado a la investigación de dicha organización.

Dicho grupo de persecutores es uno de los que ha creado la Fiscalía encabezada por Roberto Garrido para investigar a los grupos autores de la violencia rural, los que son indagados como agrupaciones de crimen organizado. En ese sentido, además de este equipo que indaga a la WAM, también hay grupos especializados que investigan a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y a la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), las que en general operan en La Araucanía.

El fiscal regional (s), Alberto Chifelle, confirmó a La Tercera la designación de la indagatoria de estos últimos hechos a este equipo especializado: “Va a ser investigado por el grupo de fiscales que está dedicado a la investigación y la desarticulación de esta criminalidad organizada que se representa en la WAM y también va a ser trabajado directamente por los funcionarios policiales con los que estos fiscales están trabajando, esta orgánica criminal, concretamente la WAM".

Las primeras diligencias de los hechos han quedado a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI), según lo determinó la Fiscalía.

Las huellas de la WAM

Todos los últimos ataques que fueron reivindicados por la WAM, fueron adjudicados a través de lienzos de la agrupación violenta dejados en los lugares de los hechos. En todos estos las consignas se repiten y apuntan a los denominados “presos políticos”, que corresponde a sujetos que son integrantes de la agrupación y que recientemente fueron condenados por diferentes delitos.

“Libertad a los PPM M. LLanquileo, E. Montoya, L. Tranamil, N. Queupil. Nuestro objetivo es WALLMAPU” y “Lienpi. Lemun. Catrillanca. Weichafe De La Nacion Chew Muley Mapuche. J. Ceuñil Wam. No las condenas. Ni las muertes detendrán la resistencia”, decían parte de los lienzos dejados por los sujetos que reivindicaron los ataques incendiarios que reactivaron la violencia en la Macrozona Sur.

Precisamente la situación judicial de los sujetos mencionados sería la razón detrás de la reactivación de la violencia. Así también lo confirma el fiscal Chifelle, quien afirma que “estamos convencidos que esto se debe a lo que ha ido sucediendo al término de nuestras investigaciones y cuando vamos a juicio en donde las personas, miembros de la WAM, han sido condenadas a penas altísimas, tanto en el Bíobío, La Araucanía y Los Lagos”.

Estos últimos ataques se produjeron luego de que el pasado lunes 3 de noviembre el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó a 24 años de cárcel a Miguel Llanquileo y Eric Montoya por posesión de armas, municiones y material bélico. Ambos integrantes de la WAM. En La Araucanía, recientemente también se condenó a Alejandro Liguén a 27 años de cárcel, por el homicidio de un funcionario de la PDI el 2021 durante un operativo policial.

Los otros nombres también están ligados a causas judiciales. Nelson Queupil, condenado a 10 años de cárcel por homicidio frustrado a un funcionario de Carabineros. Otro de los condenados mencionados es Luis Tranamil, quien pasará 32 años en la cárcel por asesinar al suboficial Eugenio Naín.

“Estos golpes a esta orgánica criminal como es la WAM, los va a hacer reaccionar y cometer este tipo de atentados, pero bajo ningún punto de vista nosotros vamos a dejar de investigar, sino que vamos a seguir adelante tanto con los fiscales como con los policías que están abocados a la investigación de esta orgánica”, concluye el fiscal regional (s).