Incautación de documentos, celulares, equipos tecnológicos y la toma de una serie de declaraciones han sido parte de las diligencias que ha llevado adelante la Fiscalía Regional Occidente para esclarecer la excarcelación del sicario Alberto Mejía (18), quien salió de Santiago 1 luego de que se revocara su prisión preventiva tras una serie de errores entre gendarmes y la jueza Irene Rodríguez.

Mientras el Ministerio Público investiga el homicidio en el que participó Mejía como sicario, en paralelo avanza en las diligencias para ver la eventual responsabilidad penal de quienes estuvieron detras de la liberación del ciudadano venezolano quien ya salió del país.

Esa última indagatoria, si bien está desformalizada, recientemente los persecutores a cargo de la indagatoria determinaron citar como imputada a una funcionaria del Poder Judicial.

La mujer es asesorada legalmente por la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial.

“Actualmente hay mucha información sesgada, errónea e imprecisa que vulnera la indemnidad de las personas afectadas, en particular de una de nuestras asociadas. Nuestro gremio insta a respetar los procesos judiciales particularmente si se expone al escarnio público”, indicó a La Tercera Nicolás Santibáñez, presidente del gremio.

Asimismo, de acuerdo con antecedentes del caso, hay al menos siete funcionarios de Gendarmería que asoman como sujetos de interés en medio de las pesquisas.

De acuerdo con lo señalado hace algunos días por el fiscal regional Marcos Pastén, en esta arista del caso se investigan los eventuales delitos de evasión de un detenido, negligente o doloso, y falsificación de documento.