El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique dictó veredicto condenatorio contra 12 integrantes de una célula del Tren de Aragua acusados de asociación criminal, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, amenazas y secuestro calificado.

Tras 61 jornadas, el tribunal determinó que “esta organización es una célula de la banda venezolana del Tren de Aragua y operó tomando el control de un espacio geográfico determinado en el cual cobraban lo que ellos llaman ‘vacuna’, vale decir un monto de dinero que exigían a quienes ejecutaban actos lícitos o ilícitos en dicho territorio”.

Los condenados corresponden a uno de los grupos más “puros” que ha tenido la organización criminal en Chile, rotulado como “TDA1″, que operaba desde Tarapacá y cayó a inicios de 2022, cuando fue detenido su líder: Carlos Leandro González Vaca, alias Estrella.

El grupo tenía un completo control territorial de la frontera con Bolivia, con consecuencias en todo el país.

“Es la primera vez que se reconoce en una sentencia la existencia en el territorio nacional de esta célula tan brutal, denominada Tren de Aragua y en total, son 39 delitos por los cuales el tribunal condena. Por lo tanto, el Ministerio Público está satisfecho por la labor realizada y hoy día nos queda esperar la sentencia definitiva”, destacó la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

El tribunal determinó que los acusados actuaron como una asociación criminal, con una estructura jerárquica y financiamiento mediante el cobro de “vacunas”.

“Esta organización cumple con todas las exigencias del tipo penal de asociación ilícita contemplado en los artículos 292, 293 y 294 del Código Penal, vigente a la época de los hechos; ya que estaba compuesta por más de dos personas, tenía jerarquía con distribución de funciones, operó por al menos un año y estaba destinada a la comisión de delitos de distinta naturaleza”, indicó el tribunal.

En particular, se acreditó que Estrella, ejercía el rol de líder de esta organización criminal, imputada por un total de 39 graves delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo secuestro con homicidio, secuestros calificados, tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, amenazas, y robo con intimidación, entre otros.

Estrella resultó absuelto en cuatro de los 11 cargos en su contra.

Satanás y los demás condenados

Harol Rangel Villa, alias “Harol Petare”, y Hernán David Landaeta Garlotti, alias “Satanás” —identificado como el principal sicario— participaron como autores de varios de estos delitos.

Respecto a Satanás, la resolución indica que se acreditó en el juicio que “como sicario, participó en amedrentamientos vinculado al cobro de vacunas. También intimidaba a las mujeres tratadas por la organización al fin de mantener el control sobre ellas y recabar el pago de la multa que se veían obligadas a pagar por concepto de su traslado a Chile desde el país que fueron captadas, pago que debían realizar con el dinero que obtenían producto de la explotación sexual a la que eran sometidas mediante la prostitución por la organización”.

Karialex Clara González Marrero, alias “La Kari”, y Luisa Carolina Moreno Rodríguez, alias “La Tía”, eran los principales brazos operativos del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Ambas se encargaban de captar mujeres para este ilícito y administrar el dinero recaudado que posteriormente era enviado al líder.

Juan Carlos Blanco Berroterán, alias “Juan Carlos”; Joel Henríquez Castillo, alias “Joel”; y Jhoblimer Vásquez Santana, alias “Titi”; estaban a cargo del control territorial en el ámbito del tráfico de migrantes en terminales formales e informales de la región.

Zeus Andrés Lenyers Velásquez Aquino, alias “Zeus”; Juan José Trejo Varguilla, alias “Águila”; y Daniel Elías Azuaje, alias “Gato”; participaron en otras actividades criminales que la organización explotaba como nichos de negocio, tales como el tráfico de migrantes y los secuestros.

Carlos Javier Mendoza Gómez, en tanto, fue condenado por asociación ilícita.

Respecto a las penas, el Ministerio Público solicita en total más de 500 años de presidios.