El caso del sicario Alberto Mejía, quien fue excarcelado por error el pasado 10 de julio, ha generado un escándalo de proporciones y evidenciado una serie de falencias en el sistema penal. A 11 días de que saliera de la cárcel Santiago 1, se desconoce totalmente su paradero. Según confirmaron desde la Fiscalía Oriente, dejó el país por un paso no habilitado del norte del país.

Y si bien las autoridades y policías han centrado sus esfuerzos en dar con la ubicación del imputado, desde el Ministerio Público aseguran que hay que sacar lecciones rápidamente con miras a evitar que esto se repita.

De hecho, así lo manifestó durante la jornada de este lunes el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien asistió a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, al igual que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), y el director (s) nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. En dicha instancia, la máxima autoridad del Ministerio Público confirmó que solicitará a Gendarmería el detalle de los extranjeros que permanecen privados de libertad en las distintas cárceles del país.

“Lo importante no es sólo buscar al sujeto y detenerlo, sino que también hacer lo que está al menos dentro de la atribución de la Fiscalía, y ver qué lecciones sacamos. Y lo que hemos dispuesto es que vamos a revisar todos los casos de los imputados privados de libertad actualmente, extranjeros, para el efecto de asegurarnos de que no tengamos algún caso de algún sujeto que nos haya entregado una identidad falsa y no lo hayamos percatado. Eso es especialmente delicado respecto a los sujetos que ingresaron a la cárcel antes del 2023″, dijo.

¿Por qué con anterioridad a esa fecha? Valencia explicó que antes de 2023 la identificación de los imputados no era lo suficientemente precisa. Por ejemplo, no a todos se les tomaban sus huellas dactilares. Pero cuando Valencia llegó a la cabeza del Ministerio Público, impartió instrucciones a todos los persecutores para que se pidiera la prisión preventiva de todo migrante del cual hubiese dudas de su identidad, o que por el contrario, se pidiera ampliación de la detención.

De acuerdo con lo especificado por el máximo persecutor, no bastaba hacer el chequeo sólo con la información que está en sus manos y por eso pedirán más antecedentes a la institución penitenciaria.

“Para no hacerlo solo en base a la información que tenemos en las carpetas de investigación, lo que le transmití al señor ministro de Justicia, es que vamos a oficiar a Gendarmería, para que nos envíe un listado con las identidades y la información sobre los RUT o documentos de identificación de todos los imputados privados de libertad, tanto condenados como en prisión preventiva, para el efecto de asegurarnos”, indicó.

Como agregó, se pretende “verificar que respecto a todos ellos hemos realizado todas las diligencias necesarias. Me parece que considerando lo ocurrido, es sano hacer ese chequeo”.

Consultado respecto de si esta revisión implicará tomar huellas dactilares a quien no las registren en sus antecedentes, el máximo persecutor confirmó la medida: “Implicará hacer todas las gestiones necesarias para asegurarnos que su identidad es la correcta. Lo estamos haciendo, insisto, de manera preventiva, como consecuencia de los hallazgos que hemos encontrado. Nos parece que es una medida conveniente”.

Respecto de la medida seguida por el fiscal nacional, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, manifestó que todos esos antecedentes están en manos de Gendarmería, pues permite conocer la evolución estadística de la población penal.

Detalló que “aproximadamente hoy día tenemos que el 16% de las personas privadas de libertad son de nacionalidad extranjera, las principales nacionalidades son venezolanos, colombianos y bolivianos”.

Junto con ello, también mencionó que “esa es una información que además el Ministerio Público, los fiscales, también tienen conocimiento porque esas personas se encuentran privadas de libertad en el contexto de investigaciones que están a cargo de fiscales”.