Casi ocho horas duró la formalización de cinco militares del Ejército imputados por apremios ilegítimos en el marco de la muerte del conscripto Franco Vargas, ocurrida el 27 de abril de 2024.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, imputó al teniente coronel Claudio Guajardo, al capitán Michael Fritz, al teniente Bjorn Wohllk, al subteniente Bastián Troncoso y al cabo enfermero Manuel Zambrano por sus presuntas responsabilidades en cuatro hechos que se encuadran en el deceso de Vargas en una marcha desde un recinto militar ubicado en Pacollo hasta Putre durante la madrugada.

El persecutor acusa una serie de negligencias desde la llegada de tres compañías hasta un cuartel que, para la Fiscalía, se encontraba en situación de semiabandono. Según la imputación, allí tuvieron que dormir en condición de hacinamiento, beber agua en malas condiciones, convivir con fecas de ratones y responder a varias situaciones de malos tratos, tanto físicos como psicológicos. Además de la muerte de Vargas, otros seis conscriptos terminaron con graves lesiones.

Fue en esa caminata que Vargas sufrió tres desmayos. Fue atendido bajo condiciones que incluso fueron cuestionadas por el enfermero y otros funcionarios de Ejército, según se reveló en la reconstitución de escena expuesta en la audiencia.

Quien tenía mayor rango militar en la marcha era el teniente coronel Guajardo, quien para el fiscal Carrera, “incumplió los reglamentos aplicables a su función como comandante del batallón de instrucción, abusando de su cargo al no cumplir sus deberes de supervisión, coordinación y control, a propósito de la demora en la evacuación y atención médica”.

La Fiscalía imputa a los militares por distintos hechos. En cuanto a la muerte de Vargas, el ente persecutor afirma que Zambrano omitió medidas de atención médica, Fritz instruyó que la marcha siguiera y Guajardo omitió varias situaciones de resguardo. En otro hecho, a Wohllk lo imputan por aplicar castigo físico a otros conscriptos.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para Guajardo, Wohllk, Troncoso y Zambrano, mientras que para Fritz solicitó arresto domiciliario total.

Posición de las defensas

Guajardo es quien para la Fiscalía tiene responsabilidad en todos los hechos. Pero su abogado, Humberto Palamara, señaló que la responsabilidad de la fatídica caminata debiese recaer en los altos mandos de Ejército y no en su representado.

En ese sentido, dijo que no se exigieron exámenes de hipobaria (para realizar actividades en altura) ni tampoco contaban con vacunas antivirales. Con ello, según Palamara, el resultado pudo haber sido otro. Esa omisión, afirmó el defensor, corresponde a cargos por sobre Guajardo. Además, señaló que el teniente coronel “se enteró al instante de lo que estaba ocurriendo y fue inmediatamente a la enfermería”.

Carrera respondió a este planteamiento, señalando que Vargas “no muere por la altura, no muere por el agua en mal estado, por no estar vacunado, muere por una respuesta que le dan las personas que estaban en posición de garante”.

Por otro lado, el exfiscal Alejandro Peña, quien hace un mes asumió la defensa de Fritz, afirmó que previo a la marcha, el capitán imputado preguntó a los conscriptos quiénes no se encontraban aptos para la marcha. En ese momento, de acuerdo a los relatos de la causa, ni Vargas ni el enfermero señalaron que no podían marchar.

También señaló que Fritz reprendió a Wohllk por haber realizado castigos con ejercicios físicos a tres conscriptos, prohibiendo esa actividad que se conoce como “aporreo”. Luego, Peña relató parte del testimonio de Fritz al momento del desvanecimiento de Vargas, ese 27 de abril: “Quiero señalar que mientras estuvo conmigo antes de irse en la camioneta, estaba consciente, respiraba de manera muy agitada, sus ojos abiertos, traté de calmarlo, le desabroché la blusa de combate y en esas condiciones se lo llevaron”. Por su lado, Peña pidió que Fritz quede con arresto domiciliario nocturno.

Querellante valora jornada

Tras la audiencia, Sebastián Andrade Delvas, abogado que representa a la madre del fallecido conscripto, Romy Vargas, valoró la audiencia.

“Es una jornada favorable desde el punto de vista del debate de cautelares. El debate que vemos como positivo dice relación con la forma de comisión del delito y de la participación. Cuando se hace una imputación de este tipo y se dice por qué es necesaria la prisión preventiva, se exponen los antecedentes materiales de presunción de existencia del hecho, pero también de la sospecha de presunciones fundadas de participación. No vimos una defensa activa a desvirtuar los delitos y decir por qué no se dan estos indicios", dijo a La Tercera el profesional del estudio jurídico MRM Legal.

Respecto al delito de apremios ilegítimos por omisión, Andrade explicó que no se traduce necesariamente en golpes directos, sino que también implica “dejar hacer, permitir y no detener”. “Cuando estás bajo custodia del Estado, no solo implica que el Estado no debe golpearte, sino que también debe cumplir con todos los reglamentos y protocolos para garantizar su salud”.

Para Andrade, el argumento de culpar al alto mando que fue presentada por Palamara es “curiosa, pero esperable”. “Lo cierto es que las defensas tienen que hacerse cargo del debate que tenemos hoy y no del que les gustaría tener”, agregó.

Finalmente, la jueza Macarena Calas resolverá este miércoles si los exmilitares, quienes fueron dados de baja por este caso, quedan o no en prisión preventiva.