La Fiscalía informó este lunes que rechazó la solicitud de inhabilidad presentada por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, para continuar participando en la investigación por la desaparición y presunta muerte de Julia Chuñil, dirigenta mapuche cuyo paradero se desconoce desde enero.

Según detalló el organismo, el análisis de los antecedentes no arrojó causales legales que impidan a la fiscal seguir ejerciendo sus funciones en esta causa.

“Conforme a la normativa vigente, la decisión sobre una inhabilidad de este tipo corresponde exclusivamente al Fiscal Nacional”, señaló la institución en un comunicado, agregando que “el Ministerio Público continuará garantizando una investigación seria y profesional, respetando los derechos de todos los intervinientes”.

La solicitud de Esquivel surgió tras conocerse una denuncia presentada por la familia de Chuñil en su contra por presuntos apremios ilegítimos, según dio a conocer el pasado jueves The Clinic.

La acusación se relaciona con un operativo realizado por Carabineros el 30 de enero en la casa de Jeannette Troncoso, hija de la mujer desaparecida, donde según el recurso de amparo interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Valdivia -y acogido a trámite-, Troncoso habría sido presionada para asumir responsabilidad en la desaparición de su madre.

En dicho escrito judicial, además de la fiscal Esquivel, se apuntó al funcionario José Arriagada, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), así como a otros integrantes del equipo policial. La familia exigió que se declare la ilegalidad del accionar tanto del Ministerio Público como de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en el procedimiento.

El viernes, el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, había resuelto rechazar la solicitud de inhabilidad de Esquivel, manteniéndola al frente de la indagatoria, lo cual se concretó hoy con la declaración oficial.

Mientras tanto, el caso de Julia Chuñil sigue sin avances públicos significativos en cuanto a su paradero, y las tensiones en torno a la investigación aumentan en medio de denuncias por presuntas irregularidades y posibles vulneraciones de derechos en el proceso. La fiscalía ha insistido en que se garantizará el debido proceso en todas las actuaciones futuras.