Tres funcionarios de Carabineros fueron formalizados este viernes por una serie de delitos que habrían ocurrido durante la detención de una persona en la comuna de Chiguayante, en la Región del Biobío.

Los imputados corresponden a dos suboficiales y una cabo, de la 6° Comisaría de Chiguayante, los que fueron acusados de apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público y allanamiento irregular.

Por lo mismo, desde la institución policial, dieron de baja a los sujetos.

El fiscal de Concepción, Patricio Aravena, señaló que “se trata de formalizaciones por distintos hechos en que tuvieron participación funcionarios de carabineros”.

De acuerdo al detalle del persecutor, en dos casos los acusados procedieron a realizar la falsificación de documentos policiales, donde se cambiaba cómo se habrían gestado los procedimientos policiales.

Con esto se buscaba “darle legalidad a actuaciones que no tenían tal carácter, suponiendo la existencia de denunciantes que no existieron o incluso las circunstancias mismas en que se produjo la detención de los imputados” civiles.

Asimismo, se señaló que en uno de los casos expuestos durante la audiencia de formalización, los ahora ex policías hicieron ingreso a un domicilio con carácter de allanamiento irregular, dado que no había ningún tipo de autorización judicial, tras lo cual procedieron a detener a una persona, a quien le generaron lesiones.

“Esto se sumó a un tercer delito, más grave aún, que correspondió a la detención de una persona que, ya reducida y sin haber opuesto oposición alguna, fue víctima de distintos golpes por parte del personal policial con elementos de reacción táctica, pero además también a proferirle amenazas de ponerle bolsas en la cabeza como objeto de asfixia, cuestión que naturalmente en el afectado produjo trauma y afectación", detalló el persecutor Aravena.

Con todo, uno de los imputados intervino en todos los delitos mencionados, que correspondía a un suboficial, quien fue enviado a prisión preventiva. En tanto, el segundo suboficial imputado quedó con arresto domiciliario total y la cabo, con arresto domiciliario nocturno, más arraigo nacional.

El juzgado decretó 120 días de plazo para la investigación.