A las 19.08 horas del pasado sábado 15 de marzo un misterioso mensaje de WhatsApp llegó al teléfono de Valeria Ronchera, notaria de la Décima Notaría de Santiago. El remitente: uno de sus colegas, Francisco Leiva, titular de la Segunda Notaría de Santiago, y con quien mantiene un largo historial de enfrentamientos gremiales y judiciales.

El mensaje no incluía ningún texto. Se trataba solo de un archivo en formato PDF bajo el nombre “TRINI”. Al abrirlo, justo antes de que su interlocutor lo eliminara, acusó Ronchera esta semana en una querella, se encontró con una resolución de fecha 13 de febrero de 2025 de la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Me equivoqué, mil disculpas”, se apuró a escribirle Leiva, quien es hermano gemelo del diputado Raúl Leiva (PS) y de la también notaria de Lo Espejo María Elena Leiva.

“Me lo mandó un periodista pidiéndome entrevista, se la estaba mandando a mi abogado y torpemente te la reenvié. Te ruego me excuses”, complementó el abogado. Un mensaje que quedó “en visto” y sin respuesta de parte de Ronchera.

Para la notaria, el documento reveló algo inesperado y que la llevó a presentar una denuncia por escrito al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y luego a ingresar el 18 de julio pasado una querella por falsificación informática y violación de secreto contra quien resulte responsable.

“Estamos en esto por el lucro”

El documento con el nombre “TRINI” que por supuesto error envió Leiva a Ronchera tiene siete páginas.

En ese documento el pleno de la Corte de Santiago analizó -y derivó a la Corte de San Miguel- una denuncia disciplinaria presentada por la misma notaria el 28 de octubre de 2024 ante la Corte Suprema, en la que acusó -entre varios hechos- una serie de supuestas irregularidades y hostigamientos cometidos en su contra por su par de la Segunda Notaría de Santiago.

Todo ello se remonta, de acuerdo al relato de Ronchera, a sus intentos desde 2020 por digitalizar algunos de los trámites que se realizan en su oficio, como la suscripción de escrituras públicas, sin que los comparecientes acudieran presencialmente, sino que a través del uso de firmas electrónicas avanzadas y el reconocimiento facial por medio de una plataforma de una empresa externa.

Un intento de modernización que ha tenido una férrea oposición de la Asociación de Notarios y Conservadores -de la cual Ronchera fue miembro hasta 2018-, cuyos integrantes han sostenido que la legislación, hasta hoy, es clara en establecer que los documentos deben ser firmados “ante presencia de un notario”.

Entre sus detractores estaba Leiva, quien simuló un trámite notarial en el sistema remoto impulsado por Ronchera y descubrió que al imprimir una foto de su rostro y presentarla ante la cámara, el sistema de la empresa Prestadora de Servicios de Certificación para Firma Electrónica Avanzada tenía graves falencias de seguridad, ya que lo reconoció como si fuera un ser humano.

Tras una denuncia del gremio ante el máximo tribunal, las escrituras de Ronchera fueron dejadas sin efecto y la Corte de Santiago ordenó suspender temporalmente el uso de esas herramientas tecnológicas. Una medida que luego se flexibilizó, permitiendo solo el uso de firma electrónica avanzada con geolocalización.

Fue en medio de esa disputa que, según publicó Ciper, el 11 de julio de 2020 Leiva le envió un mensaje por WhatsApp a Ronchera instándola a desistir con sus intentos de modernización: “Lo único que va a alargar nuestra vida es atender a la presencialidad, si no estamos fregados. Creo que con la firma electrónica avanzada se va a masificar muchísimo, de hecho con la biometría avanzada eso va a ser muy barato, y los notarios no se van a necesitar”, dijo Leiva.

Además, el notario agregó en su mensaje de aquella época diciendo a Ronchera “no te expongas, los ministros están muy cachudos. Estamos en esto por lucro no por otra cosa. Seamos claros. Nadie tiene vocación de notario”.

Todos estos antecedentes fueron incluidos en la denuncia que la notaria realizó ante la Corte Suprema el 28 de octubre de 2024.

El documento “falsificado”

La querella de Ronchera relata que cuando el 15 de marzo recibió el último mensaje de Leiva con el polémico documento en PDF no había tenido ninguna noticia ni notificación sobre la suerte de su denuncia presentada casi seis meses antes.

Por ello, dice el libelo presentado y admitido a trámite ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el documento que por “error” envió Leiva a su teléfono daría cuenta de que el notario habría tenido acceso privilegiado, incluso antes de que ella fuera notificada, de los antecedentes y la tramitación de la denuncia en su contra.

“El notario Leiva obtuvo información previa, de antecedentes que tenían el carácter de reservados conforme a las normas legales, respecto de una investigación a la cual no se le había dado curso”, acusa Ronchera en su querella. Ella, afirma, recién recibió por correo electrónico la primera y única notificación del caso el 19 de marzo a las 12.50 horas, cuatro días después del polémico whatsapp.

Más aun, sostiene en su escrito, al pedir copia del “E-Book” o expediente digital completo de la tramitación de su denuncia -que finalmente fue archivada por la Corte de San Miguel ya que “los hechos denunciados carecen de la debida determinación para los efectos de determinar la verosimilitud de la denuncia”- la notaria dice haberse encontrado con otra sorpresa.

Al revisar los códigos de verificación electrónica que contiene cada uno de los documentos del expediente, habría detectado la presencia de un documento irregular y eventualmente “falsificado”. En la copia que le fue entregada oficialmente, una resolución de la presidenta de la Corte de San Miguel, María Catalina González, aparece fechada como “19 de marzo de 2025″.

Pero al hacer una búsqueda con el código de verificación “FPTDXTWZXYL” de esa resolución en el portal del Poder Judicial, tal como pudo comprobar este medio, el resultado arroja una resolución casi idéntica, pero con sutiles modificaciones: ahora, fechada “21 de marzo de 2025″.

“Además de no coincidir ni la fecha, ni el código, la resolución contiene la calificación jurídica del señor Leiva -parte interesada-, que había solicitado copia de los antecedentes vía correo electrónico el día 19 de marzo de 2025, horas antes de que yo fuera notificada de que no se admitía a tramitación la denuncia que había presentado y que, por cierto, mantenía la condición de reservada”, acusa Ronchera.

Esto, a su juicio, habría tenido la intención de “ocultar el hecho de que se me hizo entrega de un E-Book como ‘auténtico’, que no contiene todo lo obrado, encuadrándose típicamente las conductas desplegadas en el artículo 5 de la Ley 21.459 (falsificación informática) y, de ser un funcionario público el responsable, la pena se encuentra consignada en el inciso 2° de la norma aludida y corresponde a pena de crimen".

El año pasado Leiva ya se había visto involucrado en una investigación disciplinaria y judicial en su contra, por filtrar mediante conversaciones por WhatsApp antecedentes reservados al exministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete Méndez. Allí Leiva reconoció haberle enviado dos documentos del cuaderno de remoción contra Poblete. Pese a ello, fue sobreseído en la arista disciplinaria.

La Tercera se contactó con Leiva para obtener una versión por los hechos denunciados en la querella, pero declinó hacer comentarios. Sin embargo, cercanos al abogado sostuvieron que la denuncia “carece de todo fundamento” y que se trataría solo de un episodio más de la “animadversión” de la abogada en su contra.