Menos de 24 horas han transcurrido desde que se conoció que un imputado por homicidio calificado fue puesto en libertad por error, y ya son al menos cuatro las acciones que se han dispuesto para esclarecer lo ocurrido y encontrar a los responsables de este escándalo.

El Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en que Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado de nacionalidad venezolana investigado por el asesinato del comerciante José Felipe Reyes Ossa(43), fue liberado. En tanto, el Poder Judicial abrió un sumario en contra de la jueza Irene Rodríguez, la magistrada del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que dictó las resoluciones que desencadenaron los reproches.

La indagatoria administrativa en contra de Rodríguez se explica porque inicialmente, el miércoles 9 de julio, emitió el dictamen que ordenaba la prisión preventiva del imputado en cuestión, pero tras advertir que había errores de identificación, firmó un segundo documento que dejó sin efecto el primero. Así, mediante una tercera resolución, ya sin errores, confirmó que Ferrer debía permanecer tras las rejas en Santiago 1.

Junto con eso, según informó la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se dispuso la creación de una mesa técnica junto con el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público para establecer mecanismos para evitar que situaciones como esta se repliquen.

Adicionalmente, hay una cuarta medida que hasta ahora no había sido informada, y que corresponde a una disposición del titular de Justicia, Jaime Gajardo, quien ordenó a Gendarmería pesquisar lo ocurrido con máxima celeridad. Esto debido a que si la jueza corrigió rápidamente las resoluciones y la última que envió establecía la prisión preventiva del imputado, aún quedan cabos sueltos. Y esas dudas apuntan directamente al rol de los gendarmes que tomaron la decisión de dejarle en libertad.

Según pudo conocer La Tercera, la institución penitenciaria abrió una investigación interna para despejar qué ocurrió con las diferentes resoluciones firmadas por la jueza. Hasta ahora, fuentes conocedoras de lo ocurrido señalan que Gendarmería no habría recibido la comunicación que dejaba sin efecto la liberación del imputado.

Osmar Alexander Ferrer Ramírez alcanzó a permanecer poco más de 24 horas en Santiago 1. Al término de la formalización, y una vez que la Oficina de Registro recibió la orden de ingreso, fue trasladado hasta la unidad, quedando en “tránsito”, a la espera de clasificación, en el módulo 2. Según quienes conocieron del proceso, fue liberado pasadas las 20.30 horas del jueves 10.

El rol de Gendarmería

El ministro Gajardo ha sido claro en sostener que “la solicitud de término de la medida cautelar había llegado por los conductos regulares y oficiales de parte del Octavo Juzgado de Garantía Santiago, y el oficio con el que se comunicaba esta decisión a Gendarmería también contaba con los medios de verificación regulares con los que cuentan este tipo de oficios. Es decir, una firma electrónica, y esa firma electrónica tiene un código de verificación al que se puede acceder”.

Respecto a cómo es que llegó el documento a Gendarmería, Gajardo explicó que el documento fue enviado a través de los canales institucionales regulares. “Hay un sistema informático de comunicación entre el Poder Judicial y Gendarmería. Este sistema informático es el conducto regular”, dijo Gajardo, quien agregó que “en este sistema informático se suben estos documentos. Son documentos electrónicos que cuentan con firma electrónica, verificaciones electrónicas. Y eso es lo que llega al sistema de Gendarmería”.

Desde Gendarmería, en tanto, también precisaron que toda la actuación se enmarcó dentro de la legalidad.

“Luego de chequear las redes internas institucionales, se descarta cualquier tipo de vulneración a los sistemas informáticos de Gendarmería. Asimismo, con fecha 10 de julio, y tras haber recepcionado por los canales regulares del sistema una orden del juzgado de garantía correspondiente, Gendarmería dio cumplimiento a lo dictaminado en dicha resolución judicial”, señalaron en un comunicado. Esto no calzaría con la versión entregada por la jueza, quien confirmó que la última resolución dictada con su firma confirmaba la medida cautelar de prisión preventiva.

Por eso aún queda por esclarecer qué fue lo que pasó con Gendarmería, determinar si recibieron la última resolución de la magistrada y quiénes fueron los gendarmes que impartieron la instrucción de dejar en libertad al imputado por homicidio.

Por lo pronto, gendarmes consultados por este medio aseguran que todo esta situación se hubiese evitado si en lugar de anular la primera resolución, la jueza solo hubiese emitido una rectificación, lo que le permitía enmendar nombres, omisiones, entre otros. En ese sentido, afirman que Gendarmería no tenía cómo saber que los distintos documentos que envió eran para corregir el primero.