Finalmente y tras varios días de tiras y afloja se zanjó el debate. Este jueves el gobierno, en voz de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, dio por “cerrada” la discusión sobre qué organismo debe perseguir las responsabilidades penales tras descubrirse -el jueves de la semana pasada- un intento de cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) de traficar 4 kilos de ketamina desde Iquique a la capital, en un avión institucional.

Y es que, pese a que la Fiscalía de la Aviación ya desarrollaba diligencias y se había resistido a compartirlas con el Ministerio Público, para lo cual se había fijado una audiencia en el Juzgado de Garantía de Iquique para dirimir quién se quedaba con el caso, esto ya no será necesario.

Delpiano, tras hablar con el comandante en jefe de la FACH, anunció este jueves que la Fiscalía de la Aviación traspasará todo a la Fiscalía Regional de Tarapacá, dirigida por Trinidad Steinert.

“El día de mañana (viernes), la Fiscalía de Aviación va a traspasar todo el caso a la Fiscalía Pública. Así que con eso se cierra este debate de quién tiene la competencia”, afirmó la autoridad de gobierno.

De las palabras de la secretaria de Estado se desprendía que la justicia militar, en este caso, la aérea, no seguiría adelante una disputa que comenzó el lunes de esta semana, cuando el fiscal Carlos Yáñez le negó acceso a datos de la causa a la fiscal Steinert.

La situación motivó a la investigadora a acudir a dos vías para hacerse del caso: a la Corte de Apelaciones de Iquique (para conseguir el traspaso de antecedentes) y al Juzgado de Garantía de Iquique, donde se inició una contienda de competencia. El tribunal, frente a esta última arremetida, agendó una audiencia para el 18 de julio, en la que ambas justicias, marcial y ordinaria, entregarían sus argumentos del porqué cada una era la indicada para tramitar el caso.

Pero tal y como transparentó Delpiano, ya no tiene sentido que se abra este debate en tribunales. Aunque desde el Ministerio Público recalcan que por tratarse de una gestión procesal, es necesario que el fiscal de Aviación lo explicite a través de un documento en que se determine que ellos no seguirán adelante con las pesquisas y que todo quedará en manos del organismo que es dirigido por Ángel Valencia. Situación que hasta el cierre de esta investigación no había ocurrido.

La entrega de la causa

Tras los dichos de la ministra Delpiano, la Fiscalía Regional de Tarapacá informó que la justicia aérea había hecho entrega ya de “todos los antecedentes” a Steinert. Por tal motivo, el Ministerio Público desistió del requerimiento que habían presentado ante la corte iquiqueña.

Ahora, los investigadores están a la espera de que se concrete el anuncio que realizó la titular de Defensa. Desde el gobierno explican que este viernes la Fiscalía de la Aviación concretará el traspaso total de la causa penal y -con ello- todo quedará en manos de la justicia ordinaria.

La decisión de traspasar la causa, sostienen fuentes de este medio, se basaría en que en medio de las pesquisas desarrolladas por el fiscal de Aviación habrían aparecido imputados civiles, lo que hace perder fuerza a los argumentos de la justicia castrense respecto a que este caso sólo involucra a uniformados.

De eso dio luces la propia ministra de Defensa, quien apuntó que “al comienzo (del caso) era lógico que se llamara a la Fiscalía de Aviación porque (la sustancia ilícita) estaba en un avión y porque eran militares”. Sin embargo, aclaró, “viendo los antecedentes, analizando el trayecto de esta droga, ya pasó a la Fiscalía Pública”.

En medio de la pugna judicial, la fiscal Steinert ya había planteado en Radio Duna que “es imposible que sea para consumo personal, 4 kilos efectivamente es para una venta, aquí hay un negocio (...) vamos a ver si llegamos a tener los antecedentes sobre cuántas veces anteriormente se realizó, que yo creo que esta no es la primera vez”.

“Hay un punto de no retorno”

Este jueves, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó los casos de narcotráfico que se han registrado durante las últimas semanas tanto en la FACH como en el Ejército.

En conversación con Radio Biobío, Cordero señaló que “cuando uno analiza a las fuerzas de Orden y Seguridad Pública, no han estado ajenas o exentas a la comisión de delitos de muy distinta naturaleza. Por lo tanto, a la infracción de sus deberes más elementales”.

Sobre lo mismo, señaló que “estamos en un momento crítico donde hay que tomar decisiones drásticas porque las Fuerzas Armadas y las policías son nuestra última frontera de protección”. Sobre dicha frontera, el titular de Seguridad aseguró que aún “no se ha pasado todavía”, pero sosteniendo que en dichas circunstancias “hay un punto de no retorno”.

“¿Tenemos hoy día un problema estructural de penetración de organizaciones criminales dentro de las Fuerzas Armadas y las policías? No hay evidencia de eso. ¿Tenemos casos graves que dan cuenta de esa penetración? La respuesta es sí, ¿pero es estructural? La respuesta es no. Y por eso lo que se necesita es tener una capacidad de reacción muy inmediata”, concluyó Cordero.