El Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Federación de Medios rechazaron el intento de la fiscal Paulina Díaz, jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, para acceder a registros de llamadas y georreferenciación de los teléfonos celulares de 11 profesionales de La Tercera, La Bot, The Clinic, Reportea y Ciper.

Según informó Reportea, la solicitud fue presentada el 27 de agosto al 4° Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de la investigación por las filtraciones de la carpeta investigativa del llamado caso Audio.

En una declaración dada a conocer este jueves, la ANP manifestó que “repudia categóricamente cualquier intento de vulnerar el secreto profesional y la reserva de la fuente periodística”.

“La sola solicitud de una medida prohibida por ley, aun cuando fuese desestimada por los tribunales, constituye en sí misma un acto de amedrentamiento que inhibe el libre ejercicio del periodismo”, advirtieron.

En esa línea, exigen “a las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial el respeto irrestricto al mandato legal en esta materia”.

“Es imperativo que se abstengan de incluir a profesionales de la prensa en actuaciones que busquen, directa o indirectamente, vulnerar la reserva de sus fuentes”, indicaron.

Por su parte, la Federación de Medios expresó su “profundo rechazo ante el grave precedente que esta acción judicial podría sentar para el ejercicio libre del periodismo en Chile”.

La organización planteó que este tipo de solicitudes constituiría una vulneración a la Ley 19.733 sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, que establece que “los profesionales de la prensa tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente”.

Tras esto, enfatizan que “amedrentar y perseguir el trabajo de la prensa representa un retroceso democrático, puesto que atenta contra el rol fiscalizador de los medios y la labor informativa que la ciudadanía necesita”.

“En una democracia sólida, el periodismo no debe ser perseguido ni limitado por medidas intrusivas que puedan abrir espacio a la censura o al autocontrol forzado”, puntualizaron, recalcando su rechazo a “cualquier intento por restringir el derecho a informar y a ser informado” y llamando a las autoridades “a proteger y fomentar un ecosistema informativo libre, diverso y sin presiones indebidas”.

El Colegio de Periodistas, en tanto, hizo hincapié en que la acción de la fiscal respecto a los reporteros “con el propósito de identificar sus fuentes” constituye “una grave amenaza a los derechos fundamentales y a la libertad de prensa, vulnerando compromisos y garantías internacionales suscritas por el Estado de Chile”.

“Este intento de vigilancia representa un acto inaceptable de vulneración del secreto de las fuentes periodísticas, principio esencial del periodismo y del Estado de derecho. Promover acciones de este tipo equivale a amedrentar a la prensa, debilita la función social del periodismo e instala un precedente peligroso que busca silenciar investigaciones sobre hechos de corrupción e interés público", sostuvo el gremio.

Según la organización, al impulsar esta solicitud, el Ministerio Público “desconoce el marco legal y ético que protege la labor informativa y atenta contra el derecho de la ciudadanía a estar informada”.

El 4º Juzgado de Garantía y, ante la insistencia de la fiscal, la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazaron la solicitud, señalando que las y los periodistas “revisten calidad de terceros o testigos” y que no existía “mínima convicción” de delito que justificara tal medida intrusiva, lo que fue valorado por el Colegio de Periodistas.

“Esta resolución reafirma el carácter constitucional del secreto de las fuentes y protege un pilar fundamental para el ejercicio de la libertad de prensa en Chile”, destacaron.