Este viernes se dio a conocer un extenso informe por parte de la Contraloría General de la República que detalla una serie de irregularidades al interior de diversos organismos públicos en el período entre abril de 2024 y marzo de 2025, las que en total involucrarían un monto total superior a los 1,5 billones de pesos.

El texto de 200 páginas de extensión entregado el pasado 19 de junio a la Cámara de Diputadas y Diputados está basado en un total de 792 acciones de fiscalización, entre las que se cuentan auditorías, investigaciones, inspecciones de obras públicas, exámenes de cuenta y consolidados de información circularizada.

El registro por parte de Contraloría resulta “una manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de la leyes, reglamentaciones, normas o manuales, o de las recomendaciones formuladas en informes, oficios o pronunciamientos, en los que se podrá configurar una infracción, irregularidad o deficiencia”.

En ese sentido, el informe considera solamente aquellas acciones que puedan ser consideradas como “altamente complejas” o “complejas”. Esto último referido a aquellas consideradas por el ente fiscalizador como “de especial relevancia para este organismo de control, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, gravedad de las debilidades de control, eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas, entre otros criterios”.

Así las cosas, el monto involucrado entre las operaciones sería de 1.505.707.732.640 pesos, el que estaría dividido de la siguiente forma:

• Incumplimiento a normas contables o presupuestarias: $ 359.137.777.166
• Falencias asociadas al cumplimiento de contratos: $ 328.523.655.718
• Deficiencias en el proceso de rendición de cuentas: $ 316.575.708.206
• Deficiencias asociadas al manejo de fondos: $ 252.291.010.206
• Incumplimientos asociados a ingresos: $ 81.539.789.026
• Deficiencias en el proceso de adquisiciones: $ 80.576.101.163
• Gastos improcedentes o sin respaldo: $ 57.023.035.310
• Otros resultados transversales: $ 30.040.655.845

Detalles de temáticas tratadas por cada item

Sobre el “incumplimiento de normas contables o presupuestarias”, se detalla que las observaciones cuentan situaciones como la “sobreestimación o subestimación en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos”; “incumplimientos al principio contable del devengado”; “falta de elaboración de análisis de cuentas contables”; “error u omisión de registros contables”; y “partidas contables de antigua data sin regularizar”.

Respecto a las “falencias asociadas al cumplimiento de contratos”, se detallan modificaciones sin fundamento o no autorizadas, incumplimiento de proveedores, falta de control, entre otras.

Las “deficiencias en el proceso de rendición de cuentas” detallan situaciones como ausencia de antecedentes, diferencias de información de las transferencias o recursos pendientes de rendición o sin reintegrar.

Sobre las “deficiencias respecto al manejo de fondos”, se detallan situaciones en que hubieron saldos que no se acreditaron a las cuentas corrientes respectivas, partidas conciliatorias sin respaldo o falta de pago de deudas vencidas.

También el informe incluye “incumplimiento asociados a ingresos”, referidos a situaciones en que ingresos no se recibieron, no se cursaron multas o no se hicieron gestiones de cobranzas a deudores morosos.

En las “deficiencias en el proceso de adquisiciones” se incluyen casos en que no se logra atribuir la causa para justificar trato directo, compras tramitadas sin aprobación del concejo municipal, irregularidades en el proceso de oferta o fragmentación de las compras.

Para los “gastos improcedentes o sin respaldo” se incluyeron gastos excesivos por los servicios prestados, desembolsos duplicados, gastos en bienes y servicios sin debido respaldo y gastos para beneficiarios que no cumplen con los requisitos.

Finalmente, el item de “otros resultados transversales” se enfoca principalmente en la entrega de beneficios irregulares, asignaciones directas sin fundamentación, fragmentación de iniciativas en varios convenios y faltantes de inventario.

El caso particular de los gobiernos regionales

La Contraloría menciona como una de instituciones con mayor cantidad de objeciones a los gobiernos regionales (Gore). En el período que involucra el estudio se realizaron un total de 74 fiscalizaciones, que contaron un total de 1611 observaciones. En ese sentido, los gobierno regionales recibieron un total de 34 fiscalizaciones.

En total, la Contraloría le objeta a los Gore una cifra total de $303.056.411.351. El informe menciona irregularidades en Arica y Parinacota, Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo, Maule, Biobío, Los Lagos y Aysén.

En el caso de Arica y Parinacota, se mencionan montos aprobados sin corroborar la asistencias de los consejeros regionales y rendiciones de cuentas sin antecedentes que respalden el cometido.

En Antofagasta se evidenciaron irregularidades en la supervisión de proyectos: en ocho casos no se consta que haya existido alguna instancia de estas. También se vislumbró un atraso en el cumplimiento de la carta Gantt.

Una de las regiones donde se registraron más irregularidades fue en Tarapacá. Se menciona, por ejemplo, el rechazo de más de 64 millones de pesos de gastos a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, los que todavía no han sido reintegrados por esta última. Se detallan incumplimientos en plazos de transferencias, la no aplicación de multas, no acreditación de experiencia en proyectos, entre otros.

Para el caso de Coquimbo se menciona un caso en que la entidad facturó erróneamente el IVA de un monto adjudicado, por lo que terminó pagando un monto superior. También se mencionan viajes a Egipto, México y Argentina durante el año 2022, período en que se encontraba Krist Naranjo, que no habrían sido suficientemente acreditados o eran directamente improcedentes.

En el Maule no se recuperaron montos de un cheque protestado por la devolución de recursos de una licencia médica. También se menciona que en los año 2017, 2022 y 2023 no se solicitó a otras Isapres cobros por esta misma materia.

En el Biobío se objetan los gastos rendidos por la Corporación Cultural Artistas del Acero, al no poder acreditarse los gastos respectivos de la adquisición de bienes. También habían un total de $254.092.042 pendientes de revisión, correspondientes a rendiciones de los meses de julio de 2023 y mayo de 2024. Además, se critica la transferencia de $ 180.000.000 a una fundación sin exigir una buena garantía de cumplimiento del convenio.

Para Los Lagos se menciona una serie de transferencias sin contar con el control preventivo de legalidad en tres convenios, por los montos de $1.200.000.000 las dos primeras y la última por la $736.255.000.

Mientras tanto, en Los Ríos se encontraron las rendiciones de cuentas de 1704 iniciativas, por un monto total de $5.866.904.644, y aprobadas entre el año 2015 a 2020, archivadas en distintas dependencias y que no habrían sido revisadas.

Finalmente, en Aysén se comprobó la aprobación de 150 iniciativas por la suma total de $67.200.992.000, constatándose que, al 5 de noviembre de 2024, 91 de ellas, por el monto de $42.710.630.000, no habían iniciado su ejecución.

Reacciones en el mundo político

Al revelarse la información, desde el mundo político poco a poco comenzaron a registrarse reacciones. Uno de los primeros en salir al paso de los detalles fue el abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), el diputado Johannes Kaiser, quien a través de X señaló que “hay plata y mucha, pero se pierde o se la roban en los laberintos del Estado”.

Más tarde, Evelyn Matthei, abanderada presidencial de Chile Vamos, también reaccionó a través de redes sociales. “Contraloría detectó desorden fiscal por $1,5 billones: pagos indebidos, contratos truchos y fondos sin control. El problema en Chile no es la falta de recursos, es la mala gestión”, indicó, al mismo tiempo que utilizó un hashtag con el lema “la plata está pero no te llega”.

El diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara Baja, acusó que “esto solo demuestra la mala administración de los recursos del Estado y lo que nosotros hemos venido sosteniendo hace mucho tiempo, de que hay una carga tributaria que pagan los chilenos, hoy día absolutamente despilfarrada y mal administrada por el Estado, y que producen estancamiento económico, pobreza, cesantía, falta de inversión”.

“Hay que hacer un cambio estructural en la administración del Estado, disminuyendo la cantidad de trabajadores, haciéndolo mucho más eficiente, aumentando la tecnología, y haciendo que los recursos realmente se administren adecuadamente, con fiscalización también que sea adecuada, y con las sanciones debidas a quienes hagan mal uso de los recursos públicos”, sumó.

En tanto, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) destacó que “la contralora (Dorothy Pérez) podría en un año ordenar el país y no necesitaría impuestos para hacerlo. Gracias por hacer el trabajo y llamar al orden”.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, comentó que “hace muchísimo tiempo que venimos insistiendo en la necesidad de achicar el Estado y de controlar mejor el gasto público, porque esta plata que debería haber ido a educación, salud, vivienda, termina siendo mal gastada o peor aun termina siendo objeto de corrupción. El desafío del próximo gobierno va a ser achicar el Estado”.