Se acerca el fin de una era en el mundo de los notarios, conservadores y archiveros judiciales. Luego de que por años dichos funcionarios gozaran del privilegio de poder quedarse en sus cargos hasta que prácticamente ellos mismos lo decidieran -porque no tenían límite de edad para ejercer dichas labores-, en las próximas semanas entrará en vigencia la norma que restringe dicha situación.

Un grupo selecto de notarios, conservadores y archiveros gozaban de una inamovilidad indefinida pese a que hace más de 30 años el Congreso, a través de la Ley N° 19.390, impuso el límite de 75 años a los auxiliares de la administración de justicia. Ese vez se tramitó una normativa especial para hacer una excepción y dejarlos inmunes a la jubilación de los 75 años, una regla que aplicar para todos los funcionarios judiciales.

Pero con la aprobación del proyecto que reforma el sistema notarial y registral, ahora sí se les fija ese límite. Por lo mismo, no son pocos los notarios y conservadores inmortales que deberán tomar sus cosas y jubilarse, aunque jugaron sus últimas cartas en el Tribunal Constitucional (TC) para evitar ese destino.

Y pese a que dicho organismo aún debe emitir su sentencia referente al control constitucional de la reforma, todo indica que no habrá contratiempos. De acuerdo con un registro del Ejecutivo al que tuvo acceso La Tercera, son 49 los profesionales -entre notarios, conservadores y archiveros- de distintas regiones que tendrán que cesar sus funciones.

En promedio se trata de profesionales que tienen 81 años, aunque conforme a la revisión de los antecedentes, el mayor de ellos tiene 95 años. Se trata del conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Los Andes, Alfonso Barrientos Díaz.

En el listado, además, aparecen dos de los conservadores de Santiago: Luis Maldonado Croquevielle (80) y Kamel Saquel Zaror (89). Ambos además han sido objeto de una larga polémica por lo abultado de sus sueldos.

¿Qué resolvió el TC?

El pleno del TC ya terminó de hacer el control de constitucionalidad obligatorio de esta reforma. Fuentes de ese tribunal cuentan que lo primero que tuvieron que decidir fue qué hacer con todos los informes en derecho, amicus curiae y téngase presente que ingresaron notarios y conservadores.

Todos esos documentos fueron ingresados por los afectados por esta reforma, quienes alegaban la inconstitucionalidad de la norma que impondrá el jubilazo para todos quienes ejercen estos oficios y que tienen más de 75 años. Los reclamos los hicieron a pesar de no ser parte del requerimiento.

La mayoría del pleno -los votos a favor de las ministras Daniela Marzi, Nancy Yáñez, María Pía Silva, Marcela Peredo, Alejandra Precht y del ministro Miguel Ángel Fernández- estuvo por adjuntar todos esos escritos a los antecedentes del caso. La decisión tuvo el voto en contra del ministro Héctor Mery y la ministra Catalina Lagos. Ambos magistrados fueron de la opinión de que todos esos informes eran improcedentes.

Con eso resuelto, pasaron al fondo del asunto. Pese a que la causa está en acuerdo y la decisión se comunicará en agosto cuando se notifique la sentencia, fuentes que han sabido de la deliberación del pleno cuentan que dado que el Congreso calificó muy pocas normas como orgánicas constitucionales, la revisión del TC pasó sin problemas y se visaron todos los artículos.

De hecho, la norma en disputa, la del jubilazo a los inmortales de más de 75 años, no estaba calificada dentro de las normas orgánicas, por lo que era muy poco probable que -por oficio- el TC optara por hacer una revisión especial de ese aspecto.

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