
Justicia pide explicaciones a director de Gendarmería por traslado “exprés” de su hermano e inicia sumario
Tras conocerse sobre la actuación de Sebastián Urra, que benefició a su hermano gendarme, el subsecretario Ernesto Muñoz requirió antecedentes a la institución, que actualmente estaría analizando anular el traslado. Desde la UDI, en tanto, se pedirá la intervención de Contraloría.

Aunque el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, debe abstenerse de emitir pronunciamientos respecto de situaciones o solicitudes que pudiese hacer su hermano gendarme, el sargento primero Marcos Urra, eso se rompió el pasado 3 de junio cuando el mandamás de la institución visó la permuta que requirió el subalterno para desempeñar funciones en la Región de Aysén.
Como publicó este medio, en solo cinco días el director autorizó la petición, pese a que se trataba de un requerimiento de su hermano y a que la permuta se haría con un funcionario de menor rango, lo que la normativa impide.
Por lo mismo, una vez que se conocieron los antecedentes el Ministerio de Justicia tomó contacto inmediato con Urra para solicitarle antecedentes.
En concreto, el subsecretario del ramo, Ernesto Muñoz, tomó contacto con el director y luego, además, pidió vía oficio a la institución que se dispusiera de todos los antecedentes para estudiar el caso y analizar pasos a seguir.
“Inmediatamente después de tomar conocimiento de la información de prensa sobre el otorgamiento de la permuta al hermano del director Urra, la Subsecretaría de Justicia instruyó a Gendarmería entregar un informe detallado en un plazo máximo de 12 horas, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de este tipo de destinaciones”, afirmó el subsecretario ante las consultas de este medio.
La respuesta, confirmó la autoridad, llegó el mismo viernes 8 de julio, y en ella se hacía presente que “se había ordenado instruir un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido”. Además, precisó, Gendarmería está “estudiando los antecedentes para evaluar si corresponde la invalidación del acto administrativo respectivo”.
En ese sentido, Muñoz insistió en que “desde la subsecretaría reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la probidad y la transparencia en la administración pública, por lo que reiteramos que se tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer completamente esta situación y para la aplicación de las sanciones correspondientes, en caso de detectarse irregularidades”.

Antecedentes a Contraloría
Más allá de las acciones seguidas por el ministerio, en el Congreso también se activaron las alertas. Y es que según antecedentes conocidos por La Tercera, el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida hará una presentación formal en Contraloría para que investiguen lo ocurrido.
“Estamos preparando una presentación para que inicien de manera inmediata todas las acciones administrativas correspondientes y ordenen las investigaciones que sean necesarias para esclarecer esta situación, porque a la luz de los antecedentes que hemos conocido estamos ante un caso absolutamente grave e irregular que requiere ser abordado por un organismo externo", manifestó el parlamentario.
En el mismo sentido, agregó que “no solo estamos hablando de una permuta que se gestionó en tiempo récord, en apenas cinco días, cuando los plazos promedio suelen ser de seis meses, sino que además se habrían transgredido abiertamente los procedimientos y normas internas. Pero lo más reprochable es el evidente conflicto de interés que existe dada la relación de parentesco entre el funcionario beneficiado y el director nacional de Gendarmería, lo que explicaría la premura con la que se tramitó esta solicitud".
“No nos olvidemos que la semana pasada la institución ya se vio envuelta en una polémica con la Contraloría producto de los datos incompletos que proporcionaron a raíz del escándalo de las licencias médicas, por lo que todas estas acciones -como la denuncia en contra del director nacional- lo único que están generando es arrastrar a Gendarmería a un nivel de descrédito en la ciudadanía”, complementó el congresista.
La idea, como subrayó Fuenzalida, es que no solo se indague la situación, sino que también se establezcan “las sanciones que corresponderían dada la gravedad del caso”.

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