Esta semana asoma como clave para el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve. Y es que a propósito del recurso de protección que presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago con miras a anular el sumario de Contraloría en su contra, su defensa afina las alegaciones que presentarán.

Porque a pesar de que el organismo encabezado por Dorothy Pérez formuló siete cargos en contra del otrora militante socialista, él insiste en que, desde su origen, ese procedimiento disciplinario sería completamente ilegal.

Lo anterior, comentan desde la defensa, porque la resolución que dio pie al inicio del sumario en cuestión, se habría firmado -según ellos- después de que el exsubsecretario renunciara, lo que extinguiría su responsabilidad en términos administrativos.

Así, según explica el abogado Enrique Aldunate, quien representa a Monsalve en esta vía, las alegaciones correrán por dos carriles.

“Los fundamentos son principalmente dos, ambos en base a ilegalidades. Lo primero es que el origen de este sumario está viciado, porque no consta fehacientemente la fecha en que éste se inició. La autoridad administrativa que quiere establecer la responsabilidad debió haber notificado al señor Monsalve y, a su turno, debió dejar constancia de la fecha de inicio de la indagatoria. Y ahí nosotros tenemos antecedentes que desmienten que esa resolución se haya firmado el 16 de octubre”, comentó el profesional.

En segundo punto, agregó, abordará lo referente a lo que consideran una ilegalidad en la tramitación paralela de dos acciones que buscan establecer responsabilidades: por un lado la seguida por Contraloría y, por otro, la que lleva adelante el Ministerio Público en términos penales.

En ese apartado, explica Aldunate, se expondrá que Monsalve no ha podido ejercer a cabalidad su derecho a defensa ante el órgano contralor.

Consultado respecto de la posibilidad de que se hayan falseado o intervenido documentos, puesto que públicamente las autoridades de gobierno han señalado que el sumario se inició antes de que Monsalve renunciara, el abogado detalla: “No quisiéramos aventurarnos en aquello, pero sí sostenemos de manera clara que es imposible que el sumario iniciara con fecha 16, porque el entonces subsecretario, tras regresar de Concepción, retoma sus funciones y se le pidió que concurriera al Congreso, con fecha 17 de octubre y, luego de ello, presenta su renuncia por escrito”.

“Si se mira esa resolución, de supuestamente 16 de octubre, es una resolución que habla en términos genéricos del hecho y que no es nominativa. No dice diríjase sumario en contra del señor Monsalve. Eso ya es una ilegalidad, porque establece una imputación de hechos genéricos, pero que después, en el decreto donde se le acepta la renuncia, se establece que está siendo objeto de sumario, pero tampoco se le notifica”, complementó.

La primera veAunque públicamente la entonces ministra Tohá dijo públicamente, el sábado 19 de octubre que se había iniciado sumario por la denuncia en contra del exsubsecretario, la defensa de este recalca que él fue formalmente notificado de la medida cuando ya estaba en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

La continuación del sumario

Junto con el recurso de protección ante la Corte de Santiago, la defensa de Monsalve pidió al tribunal de alzada que, en tanto se resolvía el fondo de la acción, se suspendiera el sumario que dirige Contraloría. Esto, por medio de una orden de no innovar.

Sin embargo, aquello no prosperó y el organismo ha seguido llevando a cabo una serie de diligencias. Entre ellas, como pudo conocer este medio, la semana del 14 de julio volvieron a prestar declaración Ricardo Lillo y Camilo Araneda, funcionarios de la subsecretaría del Interior que acudieron a la Contraloría como testigos de oidas. Ambos también han prestado declaración en el proceso judicial.

La defensa buscaba establecer el detalle de la naturaleza de la relación de ambos con la denunciante.