Este jueves un grupo de estudiantes secundarios protagonizó disturbios en el frontis de la Municipalidad de Santiago, con intentos de ingreso a la fuerza, vidrios rotos y varios detenidos. Pero eso no fue todo: hoy, cinco liceos capitalinos amanecieron en paro y tomados. ¿La razón? El rechazo de los estudiantes al plan del alcalde Mario Desbordes (RN) presentó a inicios de julio y que busca incorporar expresamente y obligatoriamente en los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE) la aplicación de la Ley Aula Segura en los casos en que sea necesario.

Según un comunicado del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional (CEIN), la decisión de iniciar un “cese forzado de actividades académicas” desde esta jornada y también de los otros recintos responde a la falta de respuesta del alcalde Desbordes a sus solicitudes de reunión por este nuevo plan de seguridad. En el texto, los dirigentes estudiantiles acusan que, pese a reiterados intentos de diálogo, el edil se ha negado a recibirlos, lo que a su juicio los llevó a radicalizar sus acciones.

Pero el Instituto Nacional no es el único. Así, los liceos Barros Borgoño, de Aplicación, Isaura Dinator y el Liceo 1 también paralizaron sus actividades desde este viernes.

En la convocatoria para la movilización de este jueves, de hecho, los mismos estudiantes entregaban como parte de la justificación lo de la idea de Desbordes de forzar el uso de Aula Segura en los RICE, siendo que estos son acordados por las propias comunidades escolares.

En respuesta, el alcalde Desbordes explicó que “exigían que los atendiera mientras repartían panfletos con mi rostro con una pistola en la cabeza y una bala saliendo por el otro costado. El comunicado de los estudiantes del Instituto Nacional lo grafica todo. Podría explicar que se les recibió en el municipio, junto a toda la comunidad escolar en una reunión inédita en años, pero no vale la pena”.

Según los antecedentes policiales, a las manifestaciones del jueves llegaron cerca de 600 estudiantes, pertenecientes a diversos establecimientos educacionales emblemáticos de la comuna.

Parte del grupo que llegó a las dependencias municipales intentó forzar las rejas del acceso exterior del recinto, para luego lanzar piedras y otros elementos contundentes contra el edificio, lo que provocó la fractura de dos ventanales. La jornada terminó con dos menores de edad detenidos, una mujer (por desórdenes) y un hombre (por daños).

“El comunicado en sus últimos puntos desnuda lo que hay detrás. Van a constituir comisiones de “agitación y propaganda”. Han destruido la educación pública, con la ayuda de muchos adultos que se esconden detrás y financian y justifican a estas minorías que tienen capturada a una mayoría que quiere estudiar", ahondó el edil.

Conocedores en el municipio de las conversaciones entre los alumnos y el alcaldes reseñan que el petitorio del Barros Borgoño llegó la noche del jueves y que antes de eso no en el municipio no tenían más información sobre demandas. Del Instituto Nacional, en tanto, las mismas fuentes dicen que se han reunido varias veces con los estudiantes y que se ha ido respondiendo cada vez que lo han solicitado. Del Liceo 1, en tanto, se reseña que hace dos meses llegó un petitorio, el que, aseguran, está completamente respondido y ejecutado. De los otros recintos, en tanto, no ha habido solicitudes específicas.

Puntos de tensión

En concreto, lo que terminó provocando que creciera la tensión entre los estudiantes y el alcalde de Santiago fue que hace poco más de tres semanas se conoció que el municipio elaboró un plan de seguridad para los establecimientos de la comuna, iniciativa fomentada por los diversos episodios de violencia en la comunidad escolar de la zona, como el incendio que dejó más de 30 jóvenes con quemaduras en el INBA en octubre de 2024.

El nuevo plan de seguridad contiene la instrucción de revisar todos los RICE para incorporar expresamente la aplicación de la Ley Aula Segura en los casos que corresponda. Promulgada en 2018, esa ley permite la expulsión inmediata de estudiantes que incurran en actos graves de violencia, como el porte de artefactos incendiarios o ataques físicos. Pero en los últimos años su eficacia ha sido altamente debatida.

De hecho, durante la administración de la exalcaldesa Irací Hassler(PC) se criticó esta norma por considerarla una medida punitiva que no abordaba las causas estructurales del conflicto escolar. Y por eso se privilegió la aplicación de los RICE.

El diagnóstico del nuevo plan de Desbordes, que en todo caso tiene fecha de caducidad puesto que el 1 de enero los colegios santiaguinos pasan a manos del SLEP, incluye desde el análisis arquitectónico de los recintos hasta recomendaciones sobre protocolos, vigilancia y coordinación interinstitucional.

En ese contexto, considera la implementación de un modelo de seguridad escolar por capas, desarrollado a partir de un informe técnico-profesional encargado por la Dirección de Educación Municipal (DEM) a un experto en seguridad pública y privada cuyas propuestas se busca replicar en distintos establecimientos. La medida, incluso, ya ha se ha iniciado en el Instituto Nacional, donde el experto señalado ya realizó un análisis de la situación de seguridad en el establecimiento.