Llegó la hora de Cooper.

En marzo un grupo de parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista ingresaron un recurso que busca remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Por ese entonces los congresistas -entre quienes están Carmen Hertz (PC), Lorena Pizarro (PC), Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Gael Yeomans (FA), Jaime Naranjo (PS) y Juan Santana (PS)- manifestaban públicamente su molestia por el manejo del persecutor en el caso Sierra Bella, que involucró a la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, ambas militantes del PC.

En particular, fue el polémico allanamiento realizado por funcionarios de la Policía de Investigaciones el 3 de marzo en el domicilio de la diputada del PC -casi a la misma hora en que estaba dando a luz a su primer hijo- el que generó crispación entre los congresistas y que motivó la presentación del recurso.

Así se activó un proceso que llevó tanto a los abogados requirentes, Doni Galaz y Fernanda Arias, como a la defensa de Cooper, encabezada por Matías Inzunza, a presentar testigos ante la jueza de la Suprema Mireya López, quien luego evacuó un informe al pleno del máximo tribunal.

Proceso que hoy llegará a su fin, cuando desde las 14.30 el pleno de la Corte Suprema decida el futuro del recurso tras escuchar a los abogados requirentes, entre quienes estarán Karinna Fernández por el PC y el de la defensa de Cooper.

“Ánimo intacto”

Desde Coquimbo el fiscal regional de esa ciudad, Patricio Cooper, irá siguiendo el desarrollo de la audiencia que se realizará en el pleno de la Corte Suprema. Desde su entorno señalan que su “ánimo se encuentra intacto” y tiene “plena confianza en sus abogados”.

Según ha manifestado a sus cercanos, el fiscal se encuentra preparado para “cualquier escenario” que se dé este lunes. Y no le interesaría buscar alguna instancia en tribunales internacionales, en caso de que el resultado le sea adverso. Eso sí, ha dicho que “lamentaría” terminar así una carrera de 25 años en el Ministerio Público: fue en septiembre de 2000 cuando Cooper partió sus labores como fiscal, primero como jefe de Loncoche, en la Región de La Araucanía, cargo en el que permaneció tres años, para luego pasar a la Región de Valparaíso y la Metropolitana.

Ya a inicios de mayo, durante los alegatos ante la jueza Mireya López a los cuales Cooper asistió, el persecutor manifestó a su entorno estar confiado en que no había infringido la ley y la cuestionada diligencia respondía a la “premura” que, según él, requería la investigación. También se encontraba tranquilo por lo expuesto por los detectives de la PDI sobre los trabajos policiales realizados ese día. Esa misma confianza en haber actuado acorde a la ley y bajo el deber de su cargo es la que ha manifestado a sus cercanos en los últimos días.

Este lunes el pleno deberá pronunciarse sobre el requerimiento. En caso de acogerlo, la carrera de Cooper como fiscal llegaría a su final. Sobre esto, el fiscal, uno de los primeros desde el inicio de la reforma procesal penal, ha dicho que asumirá la decisión de los supremos “con la frente muy en alto”.

Matus inhabilitado

A inicios de julio la abogada Karinna Fernández presentó un recurso de recusación ante la Corte de Apelaciones de Santiago para inhabilitar al juez Jean Pierre Matus, fundado en que ambos fueron contraparte en el “caso topógrafo”.

Allí Matus fue abogado del exjefe de Inteligencia del Ejército Schafik Nazal, mientras que Fernández lo fue de Mauricio Weibel en una investigación de escuchas telefónicas ilegales. Dicha causa, que sigue abierta, para la abogada de derechos humanos afectaría la imparcialidad que deben tener los magistrados.

El 11 de julio la Corte resolvió acoger el recurso: “Del examen de los antecedentes se advierte que se satisfacen las exigencias del artículo 119 inciso primero del Código de Procedimiento Civil”, se lee en ese fallo.

La misma abogada presentó un recurso en la Suprema para que la audiencia fuera transmitida por los canales del Poder Judicial, “ante la relevancia que el inminente debate judicial reviste para la democracia y el desempeño de las autoridades operadoras de justicia en Chile”.

En ese texto Fernández argumentó que es un “tema de interés público, ya que concierne directamente a la probidad y el funcionamiento de nuestras instituciones judiciales”. La transmisión de la audiencia será resuelta por el pleno al inicio de la sesión.