Cuando a inicios de noviembre el Presidente Gabriel Boric promulgó la ley que creó el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, de inmediato pensó en un nombre para presidirlo en sus inicios e implementar lo necesario para ponerlo a andar: la abogada y exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz.

Según quienes conocieron de la preferencia del Mandatario, comentan que uno de los puntos que jugaron a favor de Muñoz estaba su trayectoria como abogada, su paso por el Ministerio Público, pero principalmente el hecho de haberse desempeñado como la primera defensora de la Niñez.

Por eso fue que hace algunas semanas el Jefe de Estado pidió al Ministerio de Justicia que se elaborara una terna con posibles candidatos, y que se evaluaran las credenciales de Muñoz para incluirla en esa misma terna.

Una vez presentada la terna en su escritorio, aseguran quienes conocieron del proceso de selección, Muñoz efectivamente había sido incluida, por lo que Boric evaluó nuevamente los nombres, sus trayectorias y terminó convenciéndose de que ella era la indicada, por lo que instruyó a Justicia a realizar los trámites para ejecutar formalmente su designación.

En ese proceso, como dan cuenta quienes estuvieron al tanto, durante la semana pasada funcionarios de la cartera que lidera el ministro Jaime Gajardo (PC) se comunicaron con la abogada y le informaron que se estaba elaborando el decreto para nombrarla en el puesto. Luego de ello, de acuerdo con las mismas fuentes, fue el propio secretario de Estado quien se comunicó con ella.

En el intertanto, eso sí, se conoció de la elección -tras una publicación del medio Ex-Ante- y las críticas no tardaron en asomar. Sobre todo porque se conoció de la información justo la semana en que se divulgaron los alcances del contenido del acuerdo del reajuste del sector público, que incluye en su punto 14 que en el proyecto en cuestión se fijará el impedimento de que funcionarios a contrata del Estado sean despedidos o se cambien sus condiciones laborales, invocando solo “necesidades del servicio”.

Así, pese a que desde el Ejecutivo se ha insistido en que no se busca generar ningún “amarre”, en que son cuestiones totalmente distintas, y también en que el proceso en que resultó seleccionada Muñoz se llevó de acuerdo con la normativa, el proceso se contaminó y desde la oposición cuestionaron el nombre de la exdefensora de la Niñez.

El ruido provocado por la decisión de nombrar a Muñoz, de acuerdo con fuentes de gobierno, ha sido una de las trabas para que se oficialice el nombramiento de la nueva directora de la Defensoría de las Víctimas.

Fuentes del gobierno además comentan que Muñoz nunca fue la favorita de Justicia y que si no hubiera sido por el Presidente habrían corrido con ventaja otros nombres. Por lo mismo hay quienes sospechan que el ruido por su designación se haya generado desde el interior del Ejecutivo.

Por lo mismo, en privado desde el gobierno dicen que pese a que el decreto que la oficializa está listo, el ministro Gajardo aún no lo firma. Según cuentan bajo reserva desde el ministerio, falta el visto bueno de uno de los departamentos que deben visar el documento: la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Quienes apoyan el nombramiento de Muñoz, en todo caso, afirman que ella siempre transparentó que estaba embarazada, que optaría por un posnatal acotado y que en la decisión de optar por su nombre siempre pesaron sus credenciales como abogada. Asimismo, las mismas fuentes añaden que cualquier persona que fuese designada como directora implementadora, como dicta la ley, estaría en el cargo 18 meses.

Como sea, consultados oficialmente por el nombramiento, desde el Ministerio de Justicia se limitaron a sostener que “cualquier nombramiento se informará oportunamente”.