La escena parecía sacada de una película de caos urbano: inspectores municipales corriendo por calle Garland, perseguidos por comerciantes ilegales que empuñaban fierros, mesas plegables y todo tipo de objetos contundentes.

Los funcionarios de seguridad, uniformados, intentaban replegarse entre empujones y gritos. Dos carabineros, sobrepasados, apenas lograban intervenir. Entre medio, niños y mujeres no involucradas en el conflicto quedaban expuestos a la violencia.

El saldo: cuatro funcionarios municipales lesionados y una señal de que la ofensiva para recuperar el barrio Meiggs se vuelve cada día más compleja.

Los hechos del miércoles pasado no fueron aislados. La fiscalización —similar a la realizada el día anterior— formaba parte de una serie de operativos diarios que la Municipalidad de Santiago ha desplegado durante los últimos cinco meses en la zona, cursando más de 400 infracciones y empadronando a quienes ocupan el espacio público.

La intervención respondía a una agresión previa sufrida por los fiscalizadores días antes. En esta ocasión, el objetivo era notificar a los ambulantes sobre el inminente cierre del cuadrante Garland–Campbell–Meiggs.

Pero la violencia se desató de todos modos. Los comerciantes ilegales reaccionaron de forma coordinada, involucrando incluso a menores de edad.

La agresión obligó al repliegue del equipo municipal, que priorizó una salida segura al constatar la presencia de mujeres y niños ajenos al conflicto. Cuatro inspectores resultaron heridos y fueron trasladados a la Asociación Chilena de Seguridad.

El “sindicato toldos azules”

El caos tiene nombres y estructura. Según datos de la Asociación de Desarrollo de Barrio Meiggs (ADBM), el sector alberga a unos 5.000 comerciantes informales activos, organizados por cuadra —y en algunos casos, por vereda— en al menos 14 de lo que los comerciantes ilegales identifican como “sindicatos”.

Así lo mencionaban los comerciantes ilegales en medio de la batalla campal que se había desatado en Garland, donde aseguraban tener conformados sindicatos.

Las cifras oficiales dicen mucho. Según la asociación, que realiza levantamientos de datos cada dos meses, en 2022, cuando comenzaron el conteo, había 3.096 toldos. En diciembre de2024 tenían5 mil toldos. Al final de marzo, un nuevo registro arrojó 4.800 toldos fijos.

Según detalla la ADBM que ha catastrado estos ilícitos, cada agrupación tiene directiva, presidente, tesorero y una cuota mensual. En algunos tramos, incluso han instalado mallas Rachel para delimitar los puestos que son autogestionados entre los mismo grupos.

Estas agrupaciones no solo distribuyen espacios y cobran por ellos: también —según denuncias— almacenan cigarrillos de contrabando, venden drogas y operan bajo lógicas propias de una asociación ilícita. El precio por instalar un toldo azul varía: desde $300 mil mensuales hasta más de $2 millones en diciembre. Entre San Alfonso y Gorbea se concentra el 40% de estos toldos.

El nivel de presión que vive Meiggs tiene una explicación numérica: es el tercer polo comercial más visitado del país, solo detrás del Costanera Center y Mall Plaza Oeste. Registra cerca de 4,2 millones de visitas anuales, y la calle San Alfonso concentra casi la mitad del flujo, debido a su cercanía con locales mayoristas y paraderos de transporte. Le sigue Bascuñán Guerrero, por su conexión con el metro Unión Latinoamericana.

La operación Desbordes

Es en ese marco que el alcalde de la comuna, Mario Desbordes (RN), venía trabajando en silencio en la intervención del sector. El cuadrante Garland–Campbell–Meiggs es la primera pieza de un plan más ambicioso.

“No sacas nada con sacar a estas personas si no tienes cómo mantener despejado el territorio”, dijo el jefe comunal esta mañana.

A su vez, el edil aseguró que se busca despejar la Alameda entre General Velásquez y Unión Latinoamericana, en un horizonte de 60 a 90 días

El municipio ya duplicó su dotación de inspectores, pero aún no alcanza el umbral necesario. La meta del alcalde es ambiciosa: llegar a 2.000 guardias municipales el próximo año.

Pero la estrategia no se queda solo en el despliegue en calle: Desbordes quiere una persecución penal efectiva tras la confirmación de una querella contra quienes resulten responsables.

“No es una querella para cumplir”, ha repetido. Por eso promete contratar penalistas especializados, seguir las causas de cerca y enviar una señal clara: “el que toca a un funcionario municipal, va a pagar las consecuencias”.

Consultado por esta estrategia, Sergio Morales, coordinador de Seguridad y Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), advierte que “combatir el comercio ambulante en Meiggs requiere presencia policial diaria y operativos permanentes”, y agrega que también se debe “evaluar sanciones para quienes compran en el comercio ilegal”.