La revelación de la Contraloría -que el 20 de mayo informó que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia- dejó al descubierto que esta no era una práctica aislada. Estos hallazgos no solo motivaron sumarios, sino que también pusieron bajo la lupa el desempeño de los organismos encargados de fiscalizar estas situaciones.

En ese contexto, el organismo encabezado por Dorothy Pérez ha preparado un informe que revela serias falencias en la supervisión realizada por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), dependiente del Ministerio del Trabajo, poniendo en evidencia una posible falta de control que habría permitido que esta situación persistiera.

Uno de los primeros problemas que detectó el organismo fiscalizador fue el retraso en la tramitación de multas por parte de la Suseso.

Del análisis efectuado sobre 102 expedientes con resolución de multa, se detectó que en la mayoría no se respetaron los plazos legales para resolver los recursos de reposición presentados por los profesionales sancionados. En 96 de estos casos, la respuesta tardó más de 30 días hábiles, que es el plazo establecido. Aún más grave, en 62 de ellos -lo que representa el 65% del total analizado- la demora fue de más de 180 días corridos, con tiempos de tramitación que llegaron hasta los 427 días hábiles, muy por sobre el límite de los seis meses permitido.

“Estos hallazgos denotan una prolongada demora en la resolución de los expedientes, lo que puede generar acumulación de casos pendientes, afectando la eficiencia operativa de la repartición fiscalizada. El retardo injustificado en la tramitación de estos procedimientos da cuenta que los funcionarios involucrados no observan el orden normativo que los rige, poniendo en riesgo el logro de los fines del servicio, como así, los derechos de los ciudadanos y las entidades fiscalizadas”, concluye la Contraloría.

El organismo también revisó un convenio de colaboración firmado entre Fonasa y la Suseso en junio de 2019, que establece cómo deben intercambiar información, especialmente sobre las cotizaciones de salud.

Y si bien da cuenta que la mayoría de los anexos del convenio se están cumpliendo, se detectó un problema con el pasaje que define cómo y cuándo Fonasa debe enviar a la Suseso los archivos con la información de cotizaciones, y establece que estos deben ser cargados durante los primeros diez días de cada mes a plataforma específica .

Sin embargo, la Suseso no ha seguido el procedimiento que el mismo convenio establece para notificar a Fonasa cuando hay un incumplimiento.

El informe determina que “lo informado genera un riesgo para el desempeño eficaz y eficiente de las operaciones de la Suseso, ya que podrían verse entorpecidas por el incumplimiento de lo pactado y demuestra una falta de control sobre la ejecución del convenio".

A todas estas faltas se le siguen agregando otras. La auditoría también establece que está desactualizada la circular N° 3.523, que regula el ejercicio de las atribuciones legales respecto del otorgamiento y uso correcto de la licencia médica electrónica, mediante la aplicación de medidas de control, fiscalización y de sanciones. Y que sería clave para la labor de la Suseso y por esto por si solo produce problemas operativos.

A esos problemas se le suman otras dos fallas informáticas que detectó la Contraloría: se descubrió que hay usuarios que no forman parte de la dotación de personal de la Suseso y que, aun así, realizan movimientos dentro del sistema. A eso se suma que 5.104 personas fallecidas mantenían cuentas activas en la plataforma, según el cruce que hizo la Contraloría entre la base de datos del Registro Civil y los registros del organismo.

Suseso en entredicho

Así, luego de todos estos hallazgos, la CGR ordenó a la Suseso instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos objetados en el informe.

Esto en paralelo al sumario administrativo que se le había ordenado junto a otras intuiciones -la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y Fonasa- “para investigar eventuales incumplimientos de sus deberes institucionales en lo relativo al control que correspondía realizar a dichas entidades en esta materia”.

Con todo, desde que inició el escándalo de las licencias médicas esta no ha sido la primera vez que la labor de la Suseso ha sido cuestionada. De hecho hace unas semanas estuvo en el centro de la polémicas porque tenía un convenio que pudo haber detectado el fraude las licencias y los viajes al extranjero hace mucho tiempo.

Y es que desde 2014 existe una alianza entre la Policía de Investigaciones y la Super de Seguridad Social para intercambiar información sobre viajes al extranjero en periodos de reposo. Eso sí, esto nunca se ha llevado a la práctica con pacientes.

Además, la semana pasada la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, fue citada a la Comisión de Salud del Senado a rendir cuentas.

De hecho, esta jornada, cuando se reveló el informe, el presidente de la instancia, el senador Iván Flores (DC), afirmó que “realmente no estaba a la altura y estaba haciendo mutis por el foro. Con este informe, el Gobierno debe tomar una decisión. Cuando alguien no tiene los dedos para tocar ni la Appassionata de Beethoven ni otra partitura, debe dar pie para que llegue otra persona. Este informe de Contraloría es muy duro”.

Su compañero de comisión, el senador Juan Luis Castro (PS) coincidió que “el informe le pone una lápida a una mala gestión donde lo natural es que quien dirige la superintendencia dé un paso al costado en aras de una vez por todas de tener una institución eficiente que es la que el país requiere”.