En medio de los cuestionamientos que han levantado respecto del proyecto sobre las reglas del uso de la fuerza que se discute en el Congreso, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), en conjunto con el Instituto Libertad (IL) y el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, convocó a una mesa de diálogo técnico para discutir sobre la iniciativa.

Esto, según indican desde la organización, con miras a “promover un debate plural, técnico y propositivo sobre una materia de alta sensibilidad institucional”.

Y es que a pesar de que la discusión en torno a la materia lleva años en sede legislativa, el organismo insiste en que habría riesgos en que avance tal como está ahora. Lo anterior, como también han postulado otros expertos, por “los alcances del marco normativo propuesto, los principios rectores del uso de fuerza y la incorporación efectiva de estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

“La evidencia científica internacional demuestra que marcos normativos ambiguos o con múltiples excepciones facilitan abusos sistemáticos”, señaló al respecto Daniel Soto, comisionado del CPT, quién también agregó: “Este proyecto presenta riesgos institucionales cuantificables que contradicen décadas de investigación sobre prevención efectiva de tortura y uso proporcionado de fuerza”.

Según indican, para las organización ha resultado particularmente controversial la regulación de la proporcionalidad en la defensa de infraestructura crítica, así como la ausencia de disposiciones específicas para la protección reforzada de grupos en situación de vulnerabilidad.

“No se comprende la resistencia de algunos legisladores a aceptar el principio de proporcionalidad, siendo esta una herramienta operativa que ha salvado muchas vidas de carabineros desde su incorporación en 2013 en normativas de uso interno, y cuya consagración con rango legal sería altamente beneficiosa para la protección de todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, sumó Soto.

Asimismo, en la antesala de la cita, la investigadora y coordinadora de Investigación del CESC, María José del Solar, también comentó: “Avanzar normativamente en la regulación del uso de la fuerza es una necesidad imperiosa que, en ningún caso, puede obviar las discusiones en materias de derechos humanos, por lo tanto es fundamental fomentar debates transversales que analicen críticamente este tipo de proyectos”.

De esta forma, los organizadores decidieron convocar a autoridades de gobierno, académicos, integrantes de la Unidad Consultiva para la Reforma a las Policías y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y Amnistía Internacional.

“Creemos fundamental promover una discusión técnica, para así aportar insumos que se traduzcan en que las reglas del uso de la fuerza sean una herramienta que favorezca la eficacia policial, y que su diseño se base en argumentos técnicos, libre de dogmas o motivaciones políticas”, aseveró al respecto el director ejecutivo de IL, Luis Pardo.