A solo 48 horas de tener que verse las caras con el Consejo Regional Metropolitano, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego (ind.), acelera sus esfuerzos para contener la arremetida que podría terminar con su destitución.

Y es que mientras el Partido Republicano ya definió presentar una acusación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y la UDI evalúa sumarse, desde el entorno del ex-DC dicen que todo se trata de un “juicio político anticipado”.

“Nos parece apresurado e injusto pedir la destitución de una autoridad democráticamente electa, tomando en consideración solo un informe de Contraloría sin esperar las diversas instancias de reconsideración y subsanación que establece el mismo informe. En efecto, la CGR nos establece 15, 30 y 60 días para responder las objeciones y observaciones”, dijo al respecto el gobernador, quien parece empecinado en que su situación se puede aclarar administrativamente.

En tal sentido, Orrego presentará en los próximos días un escrito de reconsideración, apuntando a una discrepancia de fondo con el órgano fiscalizador. “A nuestro juicio, las sesiones de coaching ontológico corresponden a un acompañamiento al equipo directivo y no a una instancia de campaña política como señaló la auditoría”, ha argumentado.

Y justamente es uno de los temas que se les quieren transmitir, paralelamente, a los consejeros regionales republicanos, con quienes integrantes del equipo del gobernador han sostenido conversaciones desde casi estallada la polémica, buscando explicar los argumentos técnicos del caso y sondear si existe margen para desactivar la ofensiva.

Sin embargo, desde la colectividad insisten en que la medida es necesaria para que una entidad facultada resuelva la situación en la que se encuentra el gobernador. Pero pese al tono crítico de la oposición, en distintos sectores se reconoce que las relaciones personales con el gobernador siguen siendo fluidas. De ahí a hablar de “juicio político”.

Orrego mira de reojo que su escenario todavía está abierto en el Consejo Regional, donde varios consejeros continúan solicitando antecedentes para definir si entregan o no su firma para habilitar la denuncia. El Partido Republicano ya cuenta con 11 de las 12 rúbricas necesarias para recurrir el Tricel, y los llamados internos en Chile Vamos —UDI y RN— siguen en desarrollo. Ambas colectividades viven días de definiciones, con la primera más inclinada a seguir los pasos de republicanos.

Pese a los intentos del gobernador por activar una defensa técnica y política, en las bancadas de Chile Vamos -clave para reunir las firmas que permitan activar el proceso ante el Tricel- descartan haber recibido llamados directos o gestiones personales del jefe regional. Hasta ahora las decisiones en RN y la UDI se tomarán tras escuchar su presentación del próximo martes 11 de junio.

Y así, una reunión clave para medir el pulso político se concretó la jornada de este lunes en la Comisión de Coordinación, instancia integrada por los principales jefes de bancada del CORE junto al administrador regional. En ella participaron Ignacio Dulger (republicanos), Álvaro Bellolio (UDI), Valeria Ponti (RN), Carolina Oteiza (PS), María Eugenia Puelma (PC) y Ximena Peralta (Frente Amplio).

En ese marco, voces al interior de la convocatoria afirman que el ambiente no estuvo exento de tensiones. Según asistentes, desde el PC manifestaron su molestia por haberse enterado del caso a través de la prensa, sin que hasta ahora exista información formal.

A su vez, desde el Gobierno Regional transmitieron que gran parte de las observaciones señaladas por la Contraloría ya estarían subsanadas y que, como en otros casos, responderán formalmente todas las inquietudes en el próximo plenario del consejo. Según se comentó en la instancia, la administración minimizó la gravedad del informe, señalando que este tipo de auditorías son habituales. Los consejeros solicitaron el acta de la reunión para contar con mayor precisión sobre lo expuesto.