Este lunes, la directora nacional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), Valeria Céspedes, dio a conocer nuevos antecedentes en torno al escándalo de las licencias médicas tras el informe CIC N°9, emitido por la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos habrían salido del país teniendo licencias médicas activas.

En una detallada exposición ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, la jefa del organismo develó la existencia de patrones que apuntan a redes organizadas de médicos emisores de licencias falsas.

Al respecto, Céspedes señaló que actualmente existen análisis avanzados de comportamiento y redes entre prestadores médicos, con hallazgos que están siendo compartidos con el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

“Los distintos prestadores médicos que se emiten (licencias), por ejemplo, de manera cruzada, o entre ellos simultáneamente, o entre varios, y hay algunos que se repiten reiteradamente en el tiempo. Nosotros acá tenemos un trabajo bastante detallado con todos estos análisis de redes (…) porque esto sin duda da indicios para poder realizar una investigación focalizada en aquellos casos que nosotros visualizamos de entrada, que hay comportamientos muy dudosos, muy sospechosos y que pudieran ser constitutivos de delitos”, afirmó.

Estas posibles redes no solo apuntarían a una eventual complicidad entre prestadores médicos, sino también mecanismos para emitir licencias de forma automatizada, en tiempos que desafían toda lógica. “Detectamos 122 prestadores que emitían licencias cada dos o tres segundos”, indicó Céspedes, lo cual sugiere un uso fraudulento y sistemático de la plataforma.

A la vez, remarcó que “hemos encontrado algunos comportamientos y hemos visualizado distintos niveles de irregularidad, porque desde algunos que son incumplimientos individuales, como emitir una licencia estando con reposo, también hemos detectado indicios de posibles redes de facilitación o colusión".

Además, señaló que 8.766 prestadores están bajo revisión por emitir licencias desde 2023 a mayo de 2025 en rangos de tiempo atípicos -menos de cuatro minutos-, mientras que 1.470 prestadores médicos emitieron licencias mientras ellos mismos estaban con reposo médico, incluso por más de 2.600 millones de pesos en subsidios.

“Tuvieron 3.631 licencias por un valor aproximado de 2.657 millones de pesos y a la vez ellos emitieron 30.870 licencias entre el año 2023 y mayo de 2025″, repasó.

Licencias en presidio y viajes al extranjero

Entre los hallazgos más impactantes, Céspedes confirmó que también se han identificado casos de personas que, estando en presidio, recibían licencias médicas.

“Hemos detectado algunos casos que estando en presidio están con licencia médica”, señaló, sin entregar cifras exactas, pero indicando que el hecho ya fue informado a la Fiscalía Nacional y a la Superintendencia de Seguridad Social.

Asimismo, el fenómeno de viajes al extranjero con licencias médicas ha sido una de las aristas más visibles. Según dijo, las Compin regionales han intensificado la colaboración con la PDI desde 2023 para investigar casos que, por denuncias de empleadores, generaban sospechas de fraude.

Al mes de marzo de 2025, se han identificado 302 casos, principalmente en tres instituciones clave del sector público: la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Subsecretaría de Salud Pública.

Las irregularidades incluyen funcionarios que viajaron al exterior, trabajaron para otros empleadores o presentaron licencias falsas.

“Para estos 302 casos, las acciones y medidas que se tomaron fue denunciarlos al Ministerio Público por mal uso o fraude. También se realizó el rechazo de todas estas licencias médicas, se notificó a todos los empleadores para iniciar los procesos disciplinarios correspondientes y hacer esta solicitud de reintegro del subsidio percibido indebidamente”, precisó.

La directora ofreció una panorámica de la magnitud del sistema que deben fiscalizar: más de 670.000 licencias se tramitan cada mes,estimando que son 33.000 diarias. Al respecto, informó que la Compin cuenta con 933 funcionarios en todo el país, enfrentando un volumen de datos que no solo es inmenso, sino también complejo.

Actualmente, se están revisando más de 13,9 millones de licencias médicas emitidas entre 2023 y 2025, correspondientes a 3 millones de trabajadores afiliados a Fonasa, cruzando información con cotizaciones previsionales para detectar un posible doble empleo durante períodos de reposo.

La crisis también ha salpicado a la propia institución. Céspedes confirmó que 32 funcionarios de Compin salieron del país estando con licencias médicas activas. De ellos, 17 ya habían sido detectados antes del informe de Contraloría, cinco han sido destituidos y el resto se encuentra bajo sumarios administrativos.

Empresas ficticias y venta en redes sociales

También se refirió a investigaciones en curso contra organizaciones criminales que venden licencias médicas de manera ilegal, muchas veces respaldadas por empresas ficticias o contratos laborales falsos.

Este fenómeno ha sido detectado principalmente a través de redes sociales, donde se ofrecen estos documentos como un “servicio”.

“Todas esas publicaciones que aparecen y otras que nosotros recibimos, cada Compin hace las denuncias respectivas, se investigan también a estas empresas cuando hay antecedentes suficientes para su investigación. Y también se verifican contratos que muchas veces se hacen ficticiamente para poder beneficiarse con las licencias médicas y con los subsidios que ellos ameritan”, aseguró.

Fiscalización masiva y medidas en curso

Enfatizó que desde 2022, la Compin ha impulsado una estrategia de fiscalización a gran escala. En ese año, la revisión de “grandes emisores” (aquellos que emitían más de 1.600 licencias por año) resultó en 31 personas detenidas y 29 médicos formalizados por fraude al Fisco. En respuesta, se creó una fiscalía especializada de alta complejidad en licencias médicas.

En el mismo tenor, Céspedes reportó que en los dos últimos años, se ha reducido en un 53% el número de grandes emisores, y el 55% de los médicos fiscalizados ha sido sancionado, con medidas que van desde multas hasta la prohibición de emitir nuevas licencias.

Además, se han iniciado 1.177 sumarios en el sector salud relacionados con médicos previamente investigados y condenados por fraude.