Desde su origen, en 2010, José Murillo había construido su reputación como una voz a favor de los denunciantes de abuso sexual, a partir de lo que él, James Hamilton y Juan Carlos Cruz habían conseguido en el caso contra Fernando Karadima. Esa vez, y luego de que la causa penal fuera cerrada por la prescripción de los delitos por los que se acusaba al sacerdote de El Bosque, cada uno de los tres denunciantes consiguió una indemnización de 100 millones, al final de un juicio civil contra el Arzobispado de Santiago. Murillo, entonces, pasó a encabezar la Fundación para la Confianza: una ONG que buscaba ofrecer acompañamiento y asesoría a quienes decían haber sufrido ese tipo de delitos.

Su objetivo, cuenta ahora el presidente del directorio, desde Portugal, era ser más que la fundación testimonial de las víctimas de Karadima. Separarse de la fama de ese hito inicial, que los había convertido en una voz dentro de la conversación pública y del activismo, para crecer hacia algo más.

El problema es que 15 años después su reputación se ha visto cuestionada, sobre todo, a partir del caso en que la psicóloga Raffaella Di Girolamo, patrocinada por la fundación, denunció a Cristián Campos por abusos sexuales ocurridos en su niñez y adolescencia.

Todo partió con un mensaje en la cuenta de X de la fundación. El texto, publicado el 26 de marzo de 2024, decía que habían presentado una querella en contra del actor y que “durante su niñez y adolescencia el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección, en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos, sin embargo, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra”.

Diecisiete meses después, luego de perder en primera instancia y ganar en la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema ratificó el falló que determinaba que “no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad en el ilícito motivo de la querella respecto de quien no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado”. Campos no solo fue sobreseído por prescripción, sino que la justicia determinó que no era posible comprobar los delitos que se le imputaban.

–Pareciera que hoy día hay una especie de vuelta tipo anti-woke, en que se tiende a poner más en duda la voz de las víctimas, cosa que, además, ha pasado siempre, en todo nivel. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere que no sea verdad esto, porque le causa un escándalo tremendo y porque también les conviene que no sea verdad.

Días después del falló, la familia Di Girólamo habló. Claudia, la madre de la denunciante, dijo en The Clinic “Yo no leo en ninguna parte de la resolución de la Corte Suprema la palabra ‘inocente’, él (Cristián Campos) es un abusador con todas sus letras”. Raffaella, en tanto, explicó en la revista Ya que “sabíamos desde el principio que el caso estaba prescrito, por lo que la posibilidad de sobreseimiento era muy alta”.

El mundo del Derecho no estuvo de acuerdo.

El abogado Ignacio Ried, profesor de la UC, quien, además, litigó dos veces contra la fundación, abrió un debate en su círculo académico publicando artículos sobre tipos de sobreseimiento definitivo y planteando dudas en redes sociales.

–La Fundación para la Confianza y la propia Raffaella Di Girolamo dijeron que, a pesar de que la causa estaba sobreseída definitivamente, ellos igual entendían que Cristián Campos era culpable. Yo lo que he sostenido en ese artículo y en foros académicos es que eso es equivocado. Que, desde el punto de vista científico, Campos es una persona que es inocente para el sistema. Además, presentar denuncias sobre hechos prescritos me parece improcedente, porque necesariamente un tribunal va a decir que está prescrito. El sistema de persecución penal no tiene los recursos para hacerse cargo de indagar hechos ocurridos hace 10, 20 o 30 años.

Si el caso Karadima había posicionado a Murillo y a la fundación como un interviniente del “lado correcto” de las denuncias de abuso, el destino de la acusación de Di Girolamo contra Campos podía dar vuelta esa fama: transfomarlos en los victimarios de un denunciado inocente.

Aunque eso, dice él, no ha pasado en los círculos técnicos y de apoyo a víctimas:

–Pero eso es lo que yo pienso.

El dilema de la prescripción

Hubo otros golpes antes. Después de que en junio de 2023 el medio antofagastino Timeline diera a conocer los millonarios traspasos de fondos públicos, sin una licitación, a la Fundación Democracia Viva, vinculada a un partido de gobierno y, además, se abriera una investigación penal, el flujo de esas asignaciones por parte del Estado se restringió drásticamente. La Fundación para la Confianza tuvo que aprender a sobrevivir con un presupuesto mucho más acotado.

–Tuvimos que cortar programas importantes, como el teléfono de atención en crisis a niños, niñas y adolescentes, que era el único helpline para niños que había en Chile, gratuito, inmediato, especializado, sin intermediario, y que no logramos sostener. Nos quedaron debiendo plata por ese programa de atención remota. También se fue gente valiosa. Éramos 30 personas y ahora sólo quedan 10.

Según registros públicos, entre 2019 y 2022 la Fundación para la Confianza recibió $ 691.891.166 en fondos públicos de distintas entidades. El último año, de hecho, se les asignaron $ 151 millones. Pero desde 2023 en adelante, no figura ninguna transferencia hacia ellos. Sin ese flujo, tuvieron que abrirse a buscar donaciones. Uno de sus últimos mensajes en X, de noviembre de ese año, justamente convoca a los usuarios a realizarlas.

Ese 2023, además, José Murillo se fue con su familia a vivir a Portugal y el aliado legal de la fundación, Juan Pablo Hermosilla, cuya oficina de abogados tiene un convenio pro bono con la ONG, tomó la defensa de su hermano, Luis Hermosilla, luego de que Ciper publicara una grabación en que él y otras personas, presuntamente, se coordinaban para pagar sobornos a funcionarios de la CMF y el SII y se abriera una investigación penal.

Que la fundación se viera asociada a un abogado que representaba a un imputado en un caso donde se investigaba corrupción, dice un profesor de Derecho de la UDP, abolló su imagen pública. Sobre todo, afirma el mismo académico, por los cuestionamientos que han existido hacia la performance pública de Juan Pablo Hermosilla en el caso de su hermano. Eso, agrega, “ha hipotecado la credibilidad que tenían”.

José Murillo no piensa lo mismo. Dice que el caso Audio y la fundación son cosas totalmente separadas y, además, defiende a Hermosilla.

–Con Juan Pablo, en temas de abuso sexual infantil, somos y hemos sido, durante mucho tiempo, aliados, y vamos a seguir siendo aliados en términos de abuso sexual infantil. Él sabe muchísimo del tema y, claro, tiene detractores. Pero en temas de abuso sexual infantil Juan Pablo sigue siendo un aliado.

Fuera de la fundación, las críticas hacia su trabajo siempre atacan el mismo punto. La gran cantidad de denuncias que presentan, muchas de ellas con relatos construidos en base a recuerdos que de pronto emergen, que, al estar prescritas, no tienen posibilidad legal de conseguir una condena. Por lo mismo, dicen sus adversarios, se centran en demoler la imagen pública de los denunciados, porque saben que las batallas que dan no pueden ganarlas en tribunales.

Citan como ejemplos las denuncias contra el exembajador Patricio Hales, el sicólogo Giorgio Agostini, el sacerdote Felipe Berríos y contra dos recintos educativos de los Legionarios de Cristo. En una de ellas una exalumna del Colegio Cumbres decía haber sido violada por varios sacerdotes mientras residía en un centro estudiantil a cargo de las Consagradas del Regnum Christi. En la otra, realizada por un exalumno del Colegio San Isidro de Buin, en contra de Luis González López, por hechos que habrían sucedido entre 1999 y 2003, ocurrió algo que quienes critican el trabajo legal de la fundación usan como ejemplo de desprolijidad: el denunciante declaró, señalan desde la defensa, que González López, durante estos delitos, habría sido acompañado “de forma reiterada” por un sacerdote norteamericano de iniciales D.R.R. El problema era que, durante esos años, ese sacerdote ni siquiera estaba en Chile. De hecho, la primera vez que D.R.R. entró al país fue en febrero de 2005, según documentos de la causa.

Sobre ese caso, la fundación no quiso referirse.

Un consultor comunicacional de una agencia que ha asesorado a varios colegios donde se han producido denuncias patrocinadas por la fundación cree ver un patrón común. Las denuncias penales se filtran y las cartas de los denunciantes y de miembros de la comunidad escolar se vuelven virales por WhatsApp, hasta llegar a la prensa. Paralelo al camino penal, ingresan demandas civiles para buscar no sólo la responsabilidad del sacerdote acusado, sino que de su congregación.

–Desde un ángulo –sostiene ese asesor– es una fundación que efectivamente es capaz de darles una acogida a las víctimas de abuso que probablemente ninguna otra institución es capaz de hacer. Conozco a un par de personas que trabajan ahí y desde el punto de vista de la contención, son personas que hacen un trabajo espectacular. Pero también son una fundación que, en cuanto a lo legal, tienen una forma de proceder que, a la larga, termina siendo más dañina que benigna para las víctimas: los hacen enfrentar juicios con relatos que son imperfectos, porque remiten a hechos que pasaron hace demasiados años.

José Murillo dice dos cosas: que el 99% de los casos que llegan a ellos no se hacen públicos y que tiene respuestas para los cuestionamientos que reciben.

–No hacemos denuncias con relatos débiles o poco consistentes. Pasan a veces años antes de que iniciemos una acción judicial y en varios casos no lo hacemos. Lo que buscamos es la posibilidad de la víctima de hablar y que haya un reconocimiento de parte de la justicia, aunque no haya castigo. En muchos casos la justicia en Chile ha decidido investigar aunque esté prescrito, porque entiende que es un derecho de la víctima, y porque la prescripción ya estaba en tela de juicio cuando fue eliminada, aunque no retroactivamente.

Murillo agrega una cosa más.

–Hay víctimas para las que el sólo hecho de ingresar la denuncia, sabiendo que no va a pasar nada, ya es un proceso reparatorio. El proceso de reparación no depende 100% del proceso judicial, porque eso es algo incontrolable. La gran mayoría de los casos de abuso en que se busca justicia están prescritos, pero eso no significa que no sean ciertos. Por eso se aprobó la ley de imprescriptibilidad que comenzó el año 2019.

Hay quienes, como María Cecilia Ramírez, exdirectora de las Unidades Especializadas en Delitos Sexuales y Violentos de la Fiscalía Nacional, respaldan estos argumentos:

–No es que se busque una justicia especial o distinta, sino que, en el contexto del proceso penal, muchas veces el hecho de denunciar por acción de vulneración hace que la víctima se sienta reparada.

Pero también otros, como el abogado Carlos Cortés, que representó a los colegios de Los Legionarios de Cristo y a Cristián Campos, discrepan sobre las estrategias de la fundación:

–Lamentablemente, un proyecto que partió como apoyo psicológico y jurídico giró hacia una mediatización, que siempre es riesgosa en este tipo de delitos. Se expone públicamente a la víctima, por un lado, y se condena mediáticamente a quien recién se ve sujeto de investigación. Se vulnera la presunción de inocencia, generando un daño irreparable, en particular a las familias de uno y otro lado. Lo considero, además, de una irresponsabilidad enorme, ya que exponen a sus propios representados a tener que responder por el daño causado en causas, muchas veces, sin sustento jurídico alguno.

Ese sentimiento recogió la esposa de Cristián Campos, María José Prieto, en una carta al director que se publicó en El Mercurio a mediados de septiembre. En ella cuestionaba que Murillo y su fundación dieran a conocer la denuncia contra Campos por una red social, que luego desconocieran el fallo de la Corte de Apelaciones y que Juan Pablo Hermosilla “se paseara por los matinales y noticiarios afirmando, y cito textual, que contaban con ‘tan abundante prueba’ que este caso se investigaría ‘como si hubiera sucedido ayer’”.

–Nosotros no vamos por fuera de la ley –acota Murillo–. Lo que hacemos es ingresar una causa. Quien tiene que decidir si está prescrita o no es la justicia.

También dice otra cosa:

–Todos estos casos son una tragedia y buscamos que no se transformen sólo en comentarios en los medios de comunicación. Por eso se acude a la justicia.

Repliegue y contragolpe

Las dificultades de 2025 han obligado a ciertas reflexiones a José Murillo, como presidente del directorio de la Fundación para la Confianza. En enero, en entrevista con La Tercera, dijo que “durante nuestra historia hemos tenido mucha visibilidad y eso puede dar lugar a que nuestra voz, a veces, sea interpretada como un tribunal de justicia y eso está mal, debemos cambiar eso”. Hoy esa idea ha tomado una forma más clara:

–Creo que en algunas situaciones es mejor que dé un paso atrás. Porque estoy muy cargado por el caso Karadima y por muchas otras cosas. Me gustaría que, poco a poco, mi voz no sea vista como la de un opinólogo, sino que como una voz técnica (…). Evidentemente, nosotros no somos un tribunal de justicia, pero eso no significa que nosotros no podamos pronunciarnos sobre lo que nosotros creemos cuando apoyamos a una víctima. Creo que tenemos que ser más claros en eso.

Esa decisión explica que hace dos meses se incorporara Victoria Becerra, exdirectora de Mejor Niñez, como directora ejecutiva de la fundación. Una de sus tareas, cuenta, es que la fundación “deje de depender de los nombres que fueron sus fundadores”.

Este año la Fundación para la Confianza ha debido enfrentarse a un tipo de crítica que no había recibido antes, en sus 15 años de existencia. No al menos en este nivel.

–Tener que defendernos por hacer lo que siempre hemos hecho, que es estar del lado de la víctima, ha sido duro para nosotros. Son cosas que tenemos que tomar y ver dónde tenemos que mejorar.

Todo eso, de nuevo, lleva a la denuncia contra Campos. Un caso al que Murillo prefiere no referirse y que ha sumado un contraataque del actor. El 23 de octubre pasado su abogado, Carlos Cortés, ingresó una demanda civil donde Campos pide una indemnización de $ 794 millones a la fundación y a Di Girolamo. Lo mismo hizo su hija, de 15 años, por una suma de $ 100 millones.

“Esta demanda es mi manera de cerrar un capítulo injusto y doloroso. Para hacerlo, necesito reparación por parte de quienes me acusaron -sin ningún sustento- de un delito repugnante, del cual resulté absuelto por unanimidad, en dos fallos consecutivos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema”, escribió en su cuenta de Instagram el 25 de octubre.

Hay una última crítica hacia la fundación que, quizás, muestra el daño que ha sufrido su credibilidad en el área legal. La hace una fiscal de Santiago que ha trabajado causas de delitos sexuales que ellos han patrocinado: “Antes –dice–, ir con ellos como querellantes era un plus. Ahora siento que juega en contra”.

La primera respuesta que José Murillo da es que su rol “no es ganar casos, sino que las víctimas puedan reconstruir su vida”.

Después reflexiona algo más:

–Pero sí, también me encantaría saber qué es lo que cambió.