La historia que abrió la Contraloría sobre más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024, sigue desarrollándose. Además de haber destapado una caja de Pandora, los casos continúan bajo investigación, considerando que luego del informe las autoridades instruyeron a los 788 organismos públicos involucrados abrir sumarios para indagar cada uno de estos episodios.

Entre esas instituciones involucradas, 46 corresponden a hospitales de la red pública de salud. Pero en particular hay cinco recintos que concentran la mayor cantidad de funcionarios con licencias médicas asociadas a salidas del país: Sótero del Río, El Carmen de Maipú, San José, Félix Bulnes y Barros Luco. Todos pertenecen a la Región Metropolitana y están adscritos a distintos servicios de salud: Sur Oriente, Central, Norte, Occidente y Sur, respectivamente.

Según el ranking elaborado por la Contraloría, estos establecimientos suman 1.136 permisos en la mira, considerando que una persona puede haber tenido más de un permiso. Y ahora, de acuerdo a los antecedentes recabados por La Tercera, es posible determinar que fueron 839 los funcionarios de estos centros médicos que viajaron al extranjero mientras, en teoría, debían estar en reposo.

El gran problema es que muchos de ellos corresponden a personas que tratan directamente con pacientes y son quienes podrían, entre otras cosas, haber estado colaborando para reducir las extensas listas de espera.

Los hospitales involucrados

El primer hospital que aparece en el listado (en la posición 20 de las 788 instituciones públicas involucradas) elaborado por el organismo encabezado por Dorothy Pérez es el Hospital Dr. Sótero del Río, que atiende a los habitantes de las comunas de La Florida, Puente Alto y La Pintana, con una población de casi dos millones de habitantes que atender.

A partir del informe de la Contraloría, se identificó que 198 funcionarios del Sótero del Río salieron del país mientras estaban con licencia médica. Esto llevó a la apertura de cinco sumarios administrativos, los que siguen en trámite.

En el segundo lugar del ranking de los hospitales -y en la posición 22 del listado general- aparece El Carmen, de Maipú. Allí se registraron 279 entradas y salidas del país, correspondientes a 196 funcionarios, lo que derivó en 19 sumarios administrativos.

En tercer lugar aparece el Hospital San José, con 203 licencias, un establecimiento que ha estado en la mira por diversas denuncias de malas prácticas y presuntas irregularidades. De hecho, hace un año el Servicio de Salud Metropolitano Norte -del cual depende el recinto- detectó un uso abusivo de licencias: identificó a funcionarios que acumulaban hasta 1.917 días de permiso.

Consultado por este medio, el hospital confirmó que mantiene abierto un sumario único para investigar a los funcionarios. Según fuentes ligadas al proceso, la indagatoria abarca a 154 trabajadores. De ellos, 26 ya no prestan servicios en el establecimiento, por lo que el foco está en determinar la responsabilidad administrativa de los 128 funcionarios activos.

En paralelo, se están revisando los antecedentes de los exfuncionarios para verificar si trabajan en otros organismos del Estado y así remitir los antecedentes correspondientes.

En cuarto lugar está el Hospital Clínico Félix Bulnes, recinto enfocado en la atención pediátrica de más de 120 mil menores de Quinta Normal, Renca, Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado.

En ese establecimiento se detectaron 264 registros asociados a viajes al extranjero, correspondiente a 137 funcionarios en ejercicio y 18 que ya no pertenecen al hospital. Al igual que en el San José, sólo hay un proceso administrativo para investigar todos los casos.

Finalmente, en el quinto lugar, y en el puesto número 41 de la lista de la Contraloría, asoma el Hospital Barros Luco. En este recinto se registraron 257 salidas y entradas al país, que corresponden a 136 funcionarios. De ellos, 108 estaban activos, y 28, inactivos. Por los 108 activos se abrieron tres sumarios divididos en grupos según la gravedad de cada situación. Los tres están en curso.

Las medidas

¿Y qué pasará con los funcionarios que siguen trabajando en los recintos de salud? ¿Se quedará la red con menos trabajadores por eventuales sanciones o destituciones?

Eso depende del fiscal que lleva la investigación. El Estatuto Administrativo permite suspenderlos o moverlos de manera temporal a otro cargo dentro de la misma institución y ciudad, como una medida preventiva. Pero esa información es reservada.

Aun así, a modo de ejemplo y según algunas fuentes consultadas por este medio, hoy en el Hospital San José no hay nadie suspendido ni reubicado.

El exsubsecretario de Redes Asistenciales Fernando Araos señala que la gravedad de esta situación radica en que los hospitales atienden a personas que esperan atención, muchas en listas de espera, por lo que el ausentismo injustificado afecta directamente la capacidad de respuesta del sistema de salud.

“Existe una necesidad urgente de que el sistema público de salud aumente la cantidad de atenciones que realiza, dado el contexto de más de tres millones de personas en lista de espera, además de las consultas de urgencia y las alertas sanitarias. El ausentismo injustificado y el posible abuso de este beneficio social es algo reprochable que debe solucionarse pronto. Por eso se valora que el gobierno haya ingresado un proyecto de ley para modernizar y ajustar este derecho”, detalla.

Mientras, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales detallan que “corresponde a cada servicio instruir los procesos disciplinarios ordenados por Contraloría, los que deben desarrollarse de acuerdo con parámetros que resguarden el debido proceso, espacio en que los fiscales actúan en forma autónoma en la realización de diligencias, sobre cuyos resultados fundamentará la propuesta de medidas disciplinarias según corresponda”.

Y respecto de los tiempos, esperan que todas estas investigaciones puedan cerrarse entre agosto y septiembre.