El ex secretario regional ministerial (Seremi) de Vivienda, Carlos Contreras, emitió sus descargos este jueves, luego de salir de prisión preventiva en el marco de la investigación del lío de platas entre ONG y organismos públicos.

El imputado dejó el recinto penitenciario de Antofagasta luego de que la Corte Suprema revocara la medida y le ordenara cumplir con arresto domiciliario total, luego de haber estado un año y tres meses recluido.

Cabe recordar que Contreras está siendo investigado por tres delitos de fraude al fisco en el marco del caso Convenios, específicamente en la arista de Democracia Viva, la que suscribió contratos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta por $ 426 millones, cuando él lideraba la cartera.

La fundación era representada por Daniel Andrade, quien era la pareja de la diputada Catalina Pérez.

Así, Contreras descartó su responsabilidad en los hechos investigados. También negó que la legisladora influyera en la suscripción de los contratos y apuntó contra el Ministerio de Vivienda.

“Yo actúe siendo asesorado por los funcionarios tanto de la Seremi, como del Serviu, como del nivel central. No hubo ninguno de los hechos que están siendo investigados como posibles indicios de delitos, (ni) fueron actos caprichosos, antojadizos de mi parte, sin ser consultados con los respectivos reglamentos y con las personas que tienen la potestad administrativa sobre ellos”, señaló Contreras en conversación con 24 Horas.

Consultado directamente por el rol de la desaforada diputada ex FA, Catalina Pérez, Contreras sostuvo que “yo sigo sosteniendo lo mismo del principio: al momento de la firma del convenio, no había existido ninguna conversación con Catalina Pérez. No de mi parte”.

“Desconozco que diálogos, más allá de los chats que se han hecho públicos, que diálogos pudo haber habido en el ámbito de la pareja de Pérez, pero ella no tuvo ninguna incidencia, no influyó de ninguna forma sobre el seremi de Vivienda para efectos de llevar a cabo algún convenio”, agregó Contreras.

En esa línea, la exautoridad reconoció que “aquí desde donde hubo presión, y donde hubo una velocidad de acción, fue por parte del nivel central del Ministerio de Vivienda".

“Verónica Serrano ejerció presión legítima dentro de su rol, de que se acelerada la firma del convenio, que se acelerara la transferencia de fondos porque ella ya había aprobado a las fundaciones, ya había aprobado los montos, los proyectos, que había propuesto el Serviu y, por lo tanto, dar celeridad a la firma. Esa es la única presión interna administrativa, legal y que yo entendía regular, que hubo sobre la firma del convenio”, agregó.

Serrano fue la jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y es tía del exasesor del Presiente Gabriel Boric, el exdiputado del fusionado partido Revolución Democrática (RD), Miguel Crispi.

Respecto a su responsabilidad en los hechos indagados, Contreras afirmó que “cometí un error político” y descartó que Crispi haya tenido algún rol al momento de la firma de los convenios. “El único rol que le conozco, es en el período de la crisis comunicacional producto del estallido del caso”.

Rol de Contreras como seremi de Vivienda

Durante la entrevista, Contreras también fue consultado por el rol que tuvo durante la firma de los convenios y la responsabilidad administrativa que recayó en él.

“No tengo, el seremi de Vivienda, no tiene la potestad administrativa ni las atribuciones para cometer los delitos de los cuales se me está acusando, por añadidura fraude al fisco, y por añadidura, menos aún los directores de las fundaciones que se han visto afectados, que han estado en prisión preventiva y que ahora están con medidas cautelares menos gravosas”, se defendió.

“Aquí se están pasando a llevar derechos de personas, que tienen distintos niveles de implicancia, y que tienen derecho a la presunción de inocencia”, dijo.

En ese sentido, Contreras acusó que la investigación que lidera el Ministerio Público, “confunde y distorsiona” lo ocurrido y pidió al ente persecutor “apuntar” contra los verdaderos responsables de los delitos que afectaron las arcas fiscales.

“El Ministerio Público debería esclarecer y dar luz respecto a qué es lo que ocurrió en esta situación, en la cual la Contraloría ha planteado que había un problema estructural dentro del Minvu y que eso cruzado, con lo que hemos mencionado desde el principio, un descriterio enorme político de mi parte, del cual me siento responsable y arrepentido, crea una situación confusa, poco clara, que precisamente la fiscalía es la llamada a esclarecer”, apuntó.

“Yo no tengo redes de poder, pero sí tengo una verdad que creo que finalmente va a lograr salir a la luz y va a ser comprendida por la ciudadanía”, añadió.