Aterrizó en Santiago con una advertencia clara: el ecosistema digital que sostiene la conversación pública global es más frágil de lo que se cree. Invitada por la ONG Fima para participar en un conversatorio sobre desinformación, discurso de odio y los desafíos que estas dinámicas representan para la sociedad civil y la democracia, la directora de Política Tecnológica del Center for American Progress, Megan Shahi, observa con inquietud la forma en que las plataformas, la regulación y las tensiones políticas se entrecruzan.

Su trayectoria, que une la administración Obama, años de trabajo en Meta y Twitter, y ahora su labor en Washington DC impulsando políticas públicas en el espacio digital, ha sido en sí misma una radiografía de cómo la tecnología se volvió un factor estructural en la gobernabilidad democrática, de la que Chile no se ha quedado al margen. Las elecciones presidenciales que terminaron el domingo, con el triunfo de José Antonio Kast, no estuvieron exentas de polémicas por acusaciones y guerra de trolls en redes sociales.

Dejó Silicon Valley abruptamente en noviembre de 2022, cuando Elon Musk tomó el control de Twitter y despidió a buena parte del equipo.

Hoy, en medio de la irrupción masiva de la inteligencia artificial generativa y de un mercado digital dominado por pocos actores, insiste en que el debate no puede quedar atrapado entre visiones maximalistas de innovación y reacciones regulatorias tardías. Por eso vino a Chile: para aportar a una discusión que, según advierte, es urgente y definirá la calidad democrática de la próxima década. Su opinión, sobre todo tras una campaña presidencial chilena en la que se acusó desinformación intencionada, uso indiscriminado de IA y ataques con bots, cobra relevancia por esos mismos factores.

¿Ha mejorado la rigurosidad de las redes sociales para evitar agresiones?

Desde 2016 las empresas tecnológicas han invertido mucho tiempo y dinero en la confianza, la seguridad y todo eso. Y lo que ha pasado es que a nivel global, muchos legisladores, políticos y personas sienten que han ido demasiado lejos y que empezaron a censurar el discurso en línea y a cambiar la forma en que recibimos información censurando y retirando contenido. En los últimos dos años ha habido un gran giro hacia dejar que el ecosistema online se controle a sí mismo. Meta, YouTube y otras empresas retractaron muchas de las políticas que tenían sobre la integridad electoral. Esto ha llevado a Chile, y a nivel global, a una situación en la que la desinformación política está, en gran medida, sin control, y las empresas han retrocedido en muchas de las cosas que hacían para afectar eso de forma positiva.

¿Cómo es la conducta de las personas en redes sociales, en contexto de elecciones?

Al pensar en las elecciones del domingo, la gente desconfía mucho más de la información en Internet. Y hay menos herramientas para verificar lo que vemos y lo que creemos. Y ahora, con el auge de espacios privados como los grupos de WhatsApp, Signal y el cifrado, es muy difícil para las plataformas siquiera entenderlo porque la gente quiere privacidad y espacios donde puedan hablar libremente entre ellos.

¿Qué factores pesan más en los ataques en redes sociales durante época de campaña?

Uno de los grandes problemas en Estados Unidos es la libertad de expresión. Y ese valor de la libertad de expresión es muy alto. Así que en Chile, lo que los políticos deberían hacer y probablemente no están haciendo es decidir qué valores importan más a los chilenos. ¿Es privacidad? ¿Es seguridad infantil en línea? ¿Es proteger la libertad de expresión? ¿Proteger la capacidad de discrepar?

En estas campañas de alta intensidad vemos un aumento de desinformación. ¿Qué tan grande puede ser este fenómeno?

Es enorme. El tema de la IA es un componente importante porque significa que la gente puede crear cosas mucho más rápido y cientos de miles de copias pueden crearse en dos segundos en lugar de un día. Y hemos visto ataques coordinados en todo el mundo usando granjas de trolls, bots, ciberguerra y otros componentes para intentar deformar y manipular el ecosistema de información. Hay muy pocas formas de detenerlo mientras sucede.

¿La IA puede amenazar la democracia?

Si la gente quiere alejarse de los valores democráticos lo hará con o sin IA. Simplemente lo harán porque es lo que quieren y sienten que lo que ha sido no les ha funcionado. El espacio digital es un reflejo de eso, pero también está alimentando mucho y facilitando la situación.

¿Se puede mitigar?

El gobierno chileno debe seguir presionando a Meta, YouTube, TikTok y todas estas otras plataformas para que digan que también es su responsabilidad defender los valores democráticos en línea, aunque intenten no hacerlo. Yo trabajé con esas empresas durante muchos años y todavía los miro con muchas críticas. Otra cosa es confiar en la sociedad civil para publicar información precisa antes de las elecciones y lo que se llama prebunking de lo que probablemente se difundirá y se convierta en desinformación, aclarando las cosas antes que ellas.

Sobre eso, ¿qué papel tienen los algoritmos en el modelado de la opinión pública?

Muchísimo. Lo interesante es que si piensas en cómo funciona un algoritmo y el aprendizaje automático, son cientos de miles de señales que luego priorizan ciertos contenidos cuando abres tu feed de Instagram, TikTok, o lo que sea. Esas señales evalúan cuánto tiempo has dedicado a algo, quiénes son tus amigos, cuánto tiempo has tardado en hacer clic en algo y cientos de miles de cosas. Y esos algoritmos favorecen contenido que provoque una respuesta emocional.

¿Pero esto es responsabilidad de las empresas que crean estos algoritmos?

Las empresas no miran el contenido político y dicen “vamos a ponerlo en la cima porque eso va a enfadar y alegrar a mucha gente al mismo tiempo”. En realidad, las señales no son específicas del contenido. Son específicas sobre cómo la gente interactúa con ese contenido. Y así es como se construye toda la industria.

¿Y las instituciones chilenas están preparadas para supervisar el uso de la tecnología que podría influir en la opinión pública?

No creo que nadie esté preparado, desafortunadamente. Además de que probablemente Chile no tenga los recursos, la mayor parte del contenido está en español, lo que conlleva sus propios riesgos. La realidad es que hay que educar al público y hacerles conscientes de que todo lo que ven en internet no es para creer, y al mismo tiempo presionar a los políticos para que pongan algún tipo de mitigación por esto.