“Junto con saludar, me dirijo a usted a propósito de solicitar información requerida en las glosas N° 21 y N° 22, del Programa 03 de la Subsecretaría de Educación Superior, referidas en la Ley N° 21.722 de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2025″.

Así comienza uno de los ordinarios que este miércoles 30 de julio aparecieron en los correos electrónicos de las instituciones privadas de educación superior del país, ya sea universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica.

En él, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, pide a los rectores de las casas de estudio enviar en un plazo de una semana el detalle de las remuneraciones de los funcionarios de sus establecimientos, según quedó establecido en la última Ley de Presupuestos.

Ese acuerdo se dio tras un año en educación superior marcado por la polémica que se originó cuando se conoció el sueldo que la excandidata a alcaldesa de Las Condes Marcela Cubillos ganaba en la Universidad San Sebastián 17 millones de pesos brutos. En ese entonces se cuestionó que podría haber casos similares de instituciones que reciben dineros del Estado y los usan, entre otras cosas, para pagar esos abultados salarios.

Así fue que el diputado Juan Santana (PS) impulsó la medida -que supone una respuesta a la polémica- de incluir indicaciones en las glosas de la subsecretaría que regulan las transferencias del Estado a instituciones de educación superior -estatales y privadas- con fines como gratuidad, becas, fondos institucionales, investigación o pasantías.

Con eso como contexto, en el ordinario que Orellana envió a los planteles recuerda que en la glosa N° 21 se dejó establecido que “las instituciones de educación superior que se financien en todo o en parte con cargo a estos recursos del presente programa, deberán remitir semestralmente la nómina anonimizada del personal académico y directivo contratado bajo la modalidad de planta, contrata u honorarios que, por concepto de salario, dietas, bonos, asignaciones y viáticos mensuales, percibiera ingresos superiores a ocho millones de pesos mensuales”.

Asimismo, la autoridad cita que en la glosa N° 22 se señala que “semestralmente el Ministerio de Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el detalle de las remuneraciones de cada uno de los integrantes de las instituciones de educación superior, sean estas públicas o privadas, que ejerzan labores docentes y/o de investigación”.

En el ordinario, además, se pide remitir dicha información a la subsecretaría a más tardar el martes 5 de agosto de 2025, “de modo de dar cumplimiento a la exigencia establecida por el Honorable Congreso Nacional de Chile en la mencionada Ley de Presupuestos”.

Desde la subsecretaría reseñan que para reunir esta información -y en los casos en que no se disponga ya de ella, por ejemplo, mediante mecanismos de transparencia activa- se han emitido los oficios respectivos. Y añaden que varias casas de estudio han tomado contacto “para asegurar el envío de información en los plazos requeridos”.

Como sea, lo cierto es que algunos rectores de instituciones privadas que sí reciben dineros estatales cuestionan el hecho y añaden un capítulo más de polémicas entre este tipo de instituciones y la cartera educativa.

Tal es el caso de Juan Eduardo Vargas, rector de la U. Finis Terrae, adscrita a gratuidad. “Me parece realmente absurdo que a través de dos glosas de la Ley de Presupuestos se nos obligue a informar el detalle de las remuneraciones de cada uno de los integrantes de nuestras instituciones. Por una parte, tenemos que destinar tiempo para generar esta información, que cuesta entender el beneficio que tendrá para los parlamentarios, porque es claro que no aporta a la calidad de la formación de los estudiantes, que debiese ser el fin último”, se extiende el también exsubsecretario de Educación Superior.

Y añade: “Cabe preguntarse por qué este excesivo control se realiza con las instituciones de educación superior, cuando otras instituciones, que también reciben recursos públicos, como establecimientos escolares, empresas constructoras o clínicas privadas, no son sometidas a este absurdo escrutinio”.

La exautoridad argumenta además que las instituciones ya son supervisadas por la Superintendencia de Educación Superior y cumplen “estrictos estándares de calidad” ante la Comisión Nacional de Acreditación. “Hago ver que este tipo de requerimientos, establecidos en una ley de presupuestos, atentan contra la autonomía de las instituciones, primer principio que rige al Sistema de Educación Superior, y que paradójicamente está establecido en la propia Ley de Educación Superior”.

El tema es que su postura no es única.

Pilar Romaguera, rectora de la U. de Las Américas (UDLA), también adscrita a gratuidad, confirma que este miércoles recibieron el ordinario requiriendo información sobre remuneraciones. “Tendremos una reunión con el equipo legal para analizarlo y ver su compatibilidad con la ley de protección de datos personales”, asegura.

Y es que dentro del mundo de la educación superior hay quienes dicen que considerando la glosa 21 son las instituciones que sí reciben recursos del Estado por cualquier razón las obligadas a dar respuesta y las que no reciben, no. Pero que al analizar la glosa 22, todas estarían obligadas.

Con todo, Romaguera dice que les “preocupa el afán regulatorio del ministerio”, ejemplificando con que el proyecto del FES, que busca dejar atrás el CAE, “conlleva una regulación excesiva en la fijación del precio de los aranceles y en la cantidad de estudiantes o matrícula. Y ahora se busca una mayor injerencia en la determinación de los salarios”.

“En vez de continuar con un esquema de control de costos, precios y cantidades, nos parece más adecuada la supervisión de la Superintendencia de Educación y de la Comisión Nacional de Acreditación, si lo que se busca es avanzar en el desarrollo de las instituciones de educación superior”, cierra la autoridad académica.

Del mismo modo, Santiago González, presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y rector de la U. Central -también en gratuidad-, dice que si bien la transparencia siempre es algo positivo, “pensamos que la institucionalidad que existe en el sistema permite abordar este tipo de situaciones. Tenemos una superintendencia que tiene la responsabilidad de velar por el sistema, tiene todas las facultades para requerir información y las universidades la entregan. Duplicar este tipo de requerimientos, hacer ingresar a otro actor, que sería el Congreso para solicitar información, no sé si realmente aporta a los estudiantes. Hay que ser cuidadoso para no intervenir la autonomía de las universidades”. E insiste: “Todos estamos por la transparencia, pero respetemos la institucionalidad y los canales que se han definido para esto”.

Como ellos, desde otras universidades hay más voces en la misma línea, pero por ahora declinan referirse públicamente a la solicitud, toda vez que dicen estar, como la UDLA, analizando junto a los equipos jurídicos la pertinencia de entregar o no una respuesta.