Durante la tarde de este martes, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezó la presentación del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, momentos antes de que se iniciara el debate en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

“Vamos a realizar hoy la exposición del proyecto de ley que busca regular el aborto dentro de un plazo de 14 semanas”, señaló la secretaria de Estado, destacando que se trata de un debate “largamente anunciado y esperado por distintas posiciones”.

Orellana recalcó la dimensión histórica de la discusión, donde relató que “nuestro país ha debatido esto por cerca de 100 años. Tuvimos la posibilidad de discutirlo democráticamente en 1930, cuando las mujeres ni siquiera podíamos votar. En 1989 se prohibió totalmente por decreto. Luego, con la ley de las tres causales, logramos un mínimo avance”.

La ministra enfatizó que el Ejecutivo asumió este debate sin dogmatismos, pero sobre la base de una realidad que no se puede ignorar, sosteniendo que “mientras este debate espera, las mujeres siguen abortando clandestinamente, y las cifras del sistema de salud lo confirman”.

Asimismo, recordó que el Presidente Gabriel Boric cumplió con lo comprometido en la Cuenta Pública al ingresar un nuevo reglamento sobre objeción de conciencia en las tres causales vigentes y, posteriormente, presentando la iniciativa de aborto con plazos.

Respecto de las prioridades legislativas, Orellana sostuvo que el debate por el aborto no desplaza otras reformas en materia sanitaria.

“Mientras se realizaban los diálogos prelegislativos, la Comisión de Salud continuó avanzando en proyectos relevantes, como la ley Ricarte Soto y el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud”, acotó.

También cuestionó a los sectores que han intentado deslegitimar la discusión, indicando que “yo discrepo con el hecho de que el aborto no sea prioridad. Es tan prioridad que nos han llevado al Tribunal Constitucional cada vez que hemos hablado de anticoncepción y derechos sexuales y reproductivos. Prioridad lo es, pero en su ilegalización y en tratar a las mujeres que abortan como criminales”.

En esa línea, subrayó que los debates sobre derechos de las mujeres trascienden coyunturas políticas.

“Las mujeres nos demoramos cuatro generaciones en lograr el voto. Casi dos décadas de democracia para discutir las tres causales. Nuestra plena ciudadanía y acceso a derechos sexuales y reproductivos no se va a frenar por una elección”, zanjó.

La iniciativa ingresada por el gobierno responde a un compromiso presidencial y busca garantizar el acceso al aborto dentro de un plazo máximo de 14 semanas en el sistema de salud, estableciendo mecanismos para asegurar información oportuna y atención rápida.

El proyecto mantiene las normas actuales sobre objeción de conciencia, tanto individual como institucional, y contempla medidas para resguardar los derechos de mujeres y personas gestantes, ofreciendo un marco legal claro frente a una práctica que hoy ocurre en la clandestinidad.