Un nuevo informe sobre la situación de seguridad en el país publicó el “Movimiento No Más Víctimas”, organización encabezada por una serie de personas de la sociedad civil que se ha organizado para pedir mayor protección de parte del Estado en medio de la crisis delictual en el país.

Se trata de una organización integrada, entre otros, por el dueño de la Antigua Fuente Carlo Siri, así como también por la exdirectora de los Manuel Barros Borgoño y Darío Salas, Lilian Vincent, quienes recientemente han elaborado el documento “Seguridad quebrada, justicia sin dientes y barrios sin defensa”.

En este texto, la ONG plantea una serie de medidas y políticas públicas que se debieran aplicar ante la situación de seguridad en el país. Se trata de varias propuestas elaborado por el equipo técnico de la organización, cuyo director, José Miguel González, sostiene que “nuestro movimiento está entregando ayuda judicial y psicológica a las víctimas, porque el Estado está llegando muy tarde”.

En esa línea, plantea González, la una de las medidas más importante es “recuperar el orden público y control del territorio. Sin eso, todo lo demás se cae. Necesitamos presencia permanente del Estado: patrullajes coordinados, inversión en prevención, apoyo a los municipios. Y necesitamos escuchar lo que pasa de verdad”.

Los nuevos indicadores

El análisis realizado por el movimiento contempla cinco ejes. El primer de estos, apunta a que si bien las cifras que demuestran una caída en los delitos, esto “no muestra la historia completa”.

El director de No Más Víctimas afirma que “el gobierno celebra una baja del 2,4%, pero los homicidios superan las 300 víctimas, las violaciones las mil, y los robos violentos siguen creciendo. ¿A quién le hablan esas cifras? La realidad de la calle es otra: la gente ya no denuncia porque siente que no sirve de nada, que nadie va a llegar".

En sentido, la organización pide ampliar los criterios de evaluación no sólo con las cifras de reducción de los delitos, sino que “en un sentido más integral, incluyendo la reparación efectiva y el trato digno de las víctimas”.

Sobre aquello, plantean que debe “proyectarse el porcentaje de personas que han modificado sus hábitos cotidianos por temor al delito”, así como también se debe incluir la revisión del “abandono estatal”, el número de “redes de autoprotección vecinal”, la “evaluación al tiempo de respuesta ante emergencias” y la confianza sobre las instituciones de seguridad, pero de manera local.

“Incorporar estos indicadores permitiría evaluar con mayor precisión el impacto de las políticas de seguridad y, al mismo tiempo, orientar acciones hacia la reparación efectiva de las víctimas. Sin estos elementos, cualquier mejora estadística seguirá siendo vivida como lejana o irrelevante por la ciudadanía”, concluye en aquel punto.

El delito en las casas

Ante un cambio en las formas de cometer delitos, como los turbazos o portonazos o como plantea la ONG, que “el delito entre a la casa”, la organización plantea crear un Fondo Nacional de Seguridad Territorial para asignar recursos directamente a los municipios, modificar la ley de municipalidades para ampliar la facultad de prevención y crear un protocolo de cooperación institucional.

Sobre aquello, González afirma que “Chile está atravesando una crisis de seguridad que ya no se puede maquillar con cifras. Hoy el miedo se ha instalado en lo más profundo de la vida cotidiana: en la casa, en el dormitorio, en las veredas de los barrios donde el narco se hace más presente que el propio Estado”.

El tercer eje de la ONG plantea reformar “estructuralmente el sistema procesal penal con foco en protección de testigos, reducción de plazos, modernización de herramientas investigativas y reequilibrio del principio de proporcionalidad frente a delitos violentos”.

También, piden crear la Defensoría de las Víctimas, endurecer las penas de responsabilidad penal adolescente y ajustar el sistema procesal penal para ampliar las capacidades carcelarias.

Por otro lado, y como cuarto punto, el movimiento apunta a que “el combate contra la delincuencia y el crimen organizado no se gana solo en la mano dura ni en los tribunales. También se libra en las salas de clases, en los centros de rehabilitación y en la probidad. Ignorar esas dimensiones es seguir jugando el juego del narco en su propio terreno”.

El abandono estatal

Como último eje, denominado “zonas donde el Estado no llega”, la organización plantea crear un Plan Nacional de Recuperación Territorial, la asignación directa de recursos a los municipios para seguridad y mejoras de infraestructura.

En esa línea, también piden una ley “contra actos públicos de apología al crimen organizado, con sanciones específicas a quienes organicen o promuevan actividades que refuercen la legitimidad social de estructuras criminales”.

Sobre aquello, González afirma que “no se puede permitir que el narco tenga símbolos, homenajes, funerales que paralizan barrios enteros (...) necesitamos una ley que sancione estos actos y recupere el sentido de lo que está bien y lo que está mal. Esto no es una pelea de cifras, es una lucha por el alma de nuestros barrios”.

“Se requiere más que control: se necesita presencia visible del Estado, reparación efectiva a las víctimas y una nueva forma de medir el impacto del delito. No solo contando hechos, sino captando cómo se viven y cuánto destruyen”, concluye la organización.