Preocupación y críticas ha generado la liberación de Osmar Ferrer Ramírez, conocido como el sicario de Meiggs, tras una descoordinación entre el Poder Judicial y Gendarmería.

Desde la organización No Más Víctimas, su director, el abogado José Miguel González, señaló que la situación “no sería un hecho aislado” y que resulta una expresión “de la fragilidad del sistema”.

“Imagínense todo lo que tiene el ciudadano común y corriente que esperar de la justicia, y aquí en tan solo dos días llegó una orden del Octavo Juzgado de Garantía que superó todos los protocolos, todos los chequeos vigentes. Gendarmería lo libera y el tipo sale por la puerta principal el 10 de julio. Todavía no sabemos qué ocurrió. Recién cinco días después, el ministro de Justicia sale a decir que esto es gravísimo”, criticó.

González también señaló que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, debería renunciar a su cargo tras estos hechos.

“Estamos lidiando con un Estado mastodóntico, garantista, mientras el crimen organizado opera como un cheetah: rápido, profesional, adaptativo. Necesitamos medidas contundentes que pasen de las explicaciones a las acciones”, explicó.

Posiciones desde la academia

La liberación de Ferrer es considerada por distintos académicos como un episodio que muestra una serie de fallas institucionales graves.

“Da la impresión de que este es un tema en el que aún estamos en la punta del iceberg”, señaló al respecto Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello.

“Creo que aún no reparamos en la profundidad de las redes del narcotráfico dentro de la administración pública. No se trata de decir que están todos coludidos, pero hay que hacer una investigación muy profunda para desbaratar los contactos que el Tren de Aragua probablemente tenga al interior del Estado”, explicó.

Para Camila Astraín, directora del Diplomado en Investigación del Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, además de tratarse de un “hecho totalmente irregular”, también involucra una serie de desafíos institucionales.

“Es urgente dar con su paradero, evaluar si representa una amenaza para otros involucrados en la causa y esclarecer si se trató de un error administrativo o de una posible intervención del crimen organizado. Esto último plantearía serios desafíos institucionales. Además, es clave contener el impacto que hechos como este generan en la percepción de seguridad y confianza ciudadana”, detalló sobre el caso.

En tanto, Pablo Urquizar, Coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, enfatizó que es un caso de la “máxima gravedad”.

“Sea negligencia, corrupción o hackeo, las diversas hipótesis son preocupantes y deben ser abordadas en las distintas dimensiones. El país no se puede dar el lujo de liberar a personas imputadas por delitos tan graves como homicidios por encargo. Con todo, el Estado debe crear una arquitectura de autoprotección robusta, es decir, el fortalecimiento de su contrainteligencia”, detalló.