Este viernes el Tribunal Constitucional (TC) emitió la sentencia con que se dio el vamos a la futura promulgación y publicación en el Diario Oficial de la reforma al sistema notarial y registral, la cual pasó sin inconvenientes el control constitucional.

Y si bien durante el proceso distintos abogados presentaron escritos para incidir en la revisión, con miras a que se observaran supuestos vicios, nada de eso impidió la luz verde del organismo presidido por la ministra Daniela Marzi.

Pese a eso, notarios y conservadores mayores de 75 años que estarán obligados a jubilarse, no se rinden y analizan acciones para frenar dicha disposición. Todo, junto al abogado constitucionalista Patricio Zapata.

Un grupo de afectados por esa norma están evaluando recurrir nuevamente ante TC para interponer un requerimiento de inaplicabilidad por discriminación arbitraria. Según manifestaron por medio de un comunicado, están dispuestos a someterse a exámenes de salud y de conocimientos para demostrar que están aptos para ejercer sus cargos.

Anteriormente, el 15 de julio, algunos de ellos habían presentado un “téngase presente” ante el TC para impugnar los artículos 2° y 3° transitorios de la ley, que son justamente los que establecen un límite de edad de 75 años para el ejercicio de sus funciones.

“Dado que el TC no entró al fondo, queda abierta la posibilidad de un requerimiento que permita discutir las cuestiones sustantivas”, dijo Zapata, quien fue el autor del documento antes mencionado.

Zapata sostiene que los artículos transitorios son inconstitucionales y constituyen una “ley ad nominem”, es decir, una norma que afecta a un grupo específico y determinado de personas, lo que a su juicio vulneraría el principio de generalidad de las leyes. En su opinión, “la exclusión de estos funcionarios basándose únicamente en su edad constituye una discriminación arbitraria, violando los derechos fundamentales de acceso a la función pública y la libertad de trabajo”.

En el informe legal presentado, además, el constitucionalista señala que “la aplicación de un límite de edad absoluto a quienes ya estaban en ejercicio y fueron exceptuados por una ley anterior (Ley N° 19.390, de 1995) afecta la garantía institucional de inamovilidad, esencial para la independencia de los oficios” de notario y conservador.

Junto con ello, el constitucionalista compara la situación con experiencias constituyentes previas (1980 y 2021-2022), donde se exceptuó a los jueces en funciones de los límites de edad retroactivos, lo que sugiere que el legislador ordinario, en este caso el Parlamento, debería tener una restricción aún mayor.