Este lunes se agregó un nuevo capítulo a la teleserie de las licencias médicas: la Contraloría General de la República(CGR) identificó que un total de 3.532 funcionarios públicos presentaron permisos médicos emitidos por alguno de los 44 facultativos que son investigados penalmente por el Ministerio Público debido a la entrega y/o venta fraudulenta de tales certificaciones.

El informe detalla que el 79% de estas licencias correspondía a diagnósticos por salud mental, lo que en total significó 192.781 días de reposo autorizados repartidos entre todos los funcionarios. Además, todos los médicos investigados son de nacionalidad extranjera. Entre ellos, 10 se desempeñaron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024, y cinco de ellos lo hicieron sin contar con el Examen Único Nacional de Competencias Médicas (Eunacom), requisito obligatorio para ejercer en el sistema público.

Las licencias fueron emitidas a trabajadores de distintos estamentos públicos distribuidos por todo el país, incluyendo municipalidades, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad, SLEP, Gendarmería y otras entidades, tanto públicas como privadas.

A esto se suma que, según la CGR, 5.284 funcionarios que ya habían hecho uso de licencias médicas entre 2020 y 2022 volvieron a presentar nuevos permisos entre 2023 y 2025. De estas últimas, 1.208 fueron otorgadas por seis de los médicos actualmente bajo investigación.

Este nuevo hallazgo se suma al primero que reveló el organismo encabezado por Dorothy Pérez a mediados de mayo, cuando se informó que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica. Esa situación desató una serie de críticas y consecuencias, como la salida de la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, o la implementación de nuevas estrategias para reforzar el control y la fiscalización de estos permisos.

Sanciones y multas

Consultados por el nuevo hallazgo, desde el Ministerio de Salud explican que en agosto de 2024 tomaron conocimiento de que funcionarios del sistema público de salud habían recibido licencias médicas emitidas por médicos que, en paralelo, estaban siendo investigados por un fraude masivo relacionado con la emisión de estos documentos entre 2020 y 2022.

Frente a eso la cartera dice que ordenó un análisis interno en todas las instituciones del sector. La revisión permitió identificar a 1.697 funcionarios que, en esos años, recibieron un total de 3.001 licencias otorgadas por los médicos hoy cuestionados. El impacto económico de estas licencias se estima en más de $ 1.100 millones en Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL). Con estos antecedentes sobre la mesa, el ministerio decidió iniciar procesos disciplinarios para determinar si hubo o no responsabilidades administrativas.

“Hemos actuado con celeridad y transparencia para identificar y abordar las posibles responsabilidades administrativas de sus funcionarios. El proceso disciplinario se encuentra en distintas etapas y continúa en desarrollo, cumpliendo con el debido proceso y la normativa administrativa vigente”, concluyen desde la cartera.

Mientras, desde el Parlamento aseguran que este caso es una señal más de la necesidad de seguir avanzando en medidas para evitar el mal uso de las licencias médicas, combatir su emisión fraudulenta y fortalecer las sanciones para quienes incurran en estas prácticas.

“Todo este escándalo por las licencias médicas fraudulentas sin ninguna duda va a generar modificaciones tanto reglamentarias como legales y en la Comisión de Salud la estamos revisando. Ya hemos tomado conocimiento de lo que han sido los informes de Contraloría, pero siguen apareciendo sorpresas. Vamos a conversarlo con el gobierno porque hay materias que son privativas del gobierno y nosotros no podemos inmiscuirnos en aquello, pero tenemos que hacerlo en conjunto”, afirma el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC)

Por su parte, la presidenta de la misma instancia, pero en la Cámara de Diputados, Helia Molina (PPD), afirma que “con este nuevo informe queda en evidencia que son unos pocos mafiosos los que han dañado el sistema, resulta irrisorio que 44 médicos emitan más de 10 mil licencias en tres años. A estas personas, todas extranjeras, ya están siendo investigadas por la Fiscalía Nacional y debe caerles todo el peso de la ley”.

Vale recordar que el pasado 24 de mayo entró en vigencia una nueva ley que refuerza el control y endurece las sanciones frente a la emisión fraudulenta de licencias médicas. La norma establece que solo médicos, odontólogos y matronas habilitados y registrados pueden otorgar estos documentos, bajo condiciones más estrictas, incluyendo requisitos para la telemedicina.

Además, fortalece la fiscalización, permitiendo a la Compin y a la Superintendencia de Seguridad Social exigir antecedentes de los permisos y aplicar suspensiones temporales de hasta 30 días a quienes no respondan.

También endurece las sanciones para quienes cometan este fraude de forma reiterada con multas que pueden superar los $ 38 millones (600 UTM) y la inhabilitación permanente para emitir licencias en casos de fraude reiterado.