La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y el alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, se reunieron con dirigentes de Comités de Seguridad para explicar los principales alcances de la nueva Ley de Seguridad Municipal, recientemente aprobada por el Congreso Nacional.

En un punto de prensa, Leitao explicó que la normativa contempla mayores exigencias de capacitación, preparación e inhabilidades para los funcionarios municipales que cumplen labores de seguridad, lo que será regulado mediante un reglamento. “Eso se va a ir dando con el tiempo para fortalecer su capacidad de reacción y de intervención frente a delitos flagrantes”, señaló.

No obstante, la subsecretaria subrayó que la ley incorpora medidas de vigencia inmediata, como la protección penal a los funcionarios municipales de seguridad e inspectores.

En ese sentido, indicó que comienza a regir un agravante penal para quienes agredan a estos funcionarios en el ejercicio de sus funciones, lo que calificó como “una señal para la comunidad”.

Leitao también detalló que la normativa reconoce formalmente funciones que ya se realizaban, como tareas preventivas de patrullaje y apoyo coadyuvante a Carabineros, además de algunas labores autónomas, como intervenciones de tránsito, que antes no estaban claramente establecidas por ley, generando situaciones de indefensión para los funcionarios.

Respecto a la detención en flagrancia, explicó que la ley reconoce expresamente el rol de los inspectores municipales, estableciendo una presunción de que actúan en el ejercicio de sus funciones.

“Toda persona puede detener a alguien en flagrancia, pero lo que ocurría es que muchas veces el funcionario terminaba denunciado. Hoy se reconoce su rol y, si hay una denuncia por extralimitación, quien denuncia debe demostrarlo”, precisó.

Aclaró, eso sí, que los funcionarios municipales no están autorizados a trasladar detenidos, debiendo retenerlos hasta la llegada de Carabineros.

En cuanto a los equipamientos, la subsecretaria indicó que la ley autoriza explícitamente a los municipios a adquirir elementos de protección, como chalecos antibalas, cascos, protecciones corporales y cámaras corporales, además de contemplar financiamiento estatal para estos fines.

También se establecen excepciones a la Ley de Armas para ciertos implementos, como bastones retráctiles, gas pimienta o dispositivos eléctricos, los que serán regulados por reglamento en cuanto a uso, protocolos y capacitación.

Sobre los plazos, Leitao señaló que el reglamento debiese estar listo en un plazo general de hasta seis meses, aunque afirmó que desde la subsecretaría buscarán avanzar lo antes posible, resguardando que las normas “queden bien hechas”, dada la sensibilidad del tema y la necesidad de proteger a los funcionarios y a la ciudadanía.