Sesenta y seis personas -44 funcionarios de Gendarmería- fueron detenidas en un operativo policial llevado a cabo en múltiples recintos penitenciarios del país con el fin de desbaratar una red de corrupción para el ingreso de productos ilegales a las cárceles del país.

En el operativo, denominado como operación Apocalipsis, participaron más de 500 efectivos policiales, y se enfocó en una red de corrupción, la que utilizaba el sector de encomiendas para ingresar productos prohibidos a las cárceles mediante el pago de sobornos, que superan en su totalidad los $ 6.300 millones.

“Desde el año 2022 tomamos conocimiento, a grandes rasgos, de que en dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana, me refiero a Santiago 1 y al CPF San Joaquín, funcionarios de Gendarmería, coludidos con particulares, realizaban actos destinados a ingresar productos prohibidos al interior de los establecimientos”, detalló el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.

Pastén agregó que los imputados “también adoptaban decisiones que permitían el ingreso de personas que, de no haber mediado este acto de corrupción, no podrían haber ingresado al recinto penitenciario, especialmente a Santiago 1”.

Es así como se detectaron infracciones a la Ley de Drogas, Ley de Control de Armas, además del ingreso de teléfonos celulares de forma irregular a los recintos.

Respecto al funcionamiento de esta red, las autoridades detallaron que se logró detectar que en las afueras de los recintos operaban grupos criminales conocidos como “manillas” o “manilleros”, los cuales en colusión con gendarmes ingresaban diferentes especies al interior de los establecimientos. Para esto es que pagaban a los funcionarios -dependiendo del producto- entre $ 10.000 y $ 400.000.

Junto con esto, según detalló el fiscal, también se permitía que “personas que no estaban enroladas para ingresar al recinto penitenciario, generalmente por tener una situación migratoria irregular, previo pago de una cantidad de dinero, podían ingresar al establecimiento eludiendo los controles que Gendarmería ha establecido”.

Los funcionarios además utilizaban a sus parejas o familiares como testaferros con el fin de ocultar el origen de los dineros mediante la compra de vehículos e inmuebles. Junto con los detenidos se logró la incautación de 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas.

De acuerdo a lo que detallaron desde Fiscalía, aunque la mayor parte de las detenciones se efectuaron en la Región Metropolitana, el operativo también se realizó en las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.

En la ocasión, el fiscal además explicó que una de las modalidades de ingreso era denominada “la feria”. Este mecanismo consistía en que los funcionarios “ingresaban productos que ofrecían precisamente a los internos previo pago de una cantidad elevada de dinero, me refiero fundamentalmente también a carne, licor y otras sustancias, también teléfonos celulares”.

Según informó Ciper, al interior de la cárcel Santiago 1 existe un “tarifario”, que contempla el pago de $ 10.000 por ingresar una palta, $ 15.000 por usar un baño para tener relaciones sexuales, $ 15.000 un chip de teléfono, $ 20.000 un kilo de arroz, $ 50.000 por dos paquetes de tallarines y dos salsas, $ 50.000 por un cargador de teléfono, $ 60.000 por permitir el ingreso de una persona indocumentada. Ese mismo precio se cobraba por dejar que pasaran un kilo de carne tipo huachalomo. Los montos más altos eran el cobro de $ 100.000, para cambiarse de módulo, y entre $ 350.000 y $ 400.000, por un teléfono.

“También en el sector de los módulos hemos detectado que funcionarios de Gendarmería, previo pago, procedían a trasladar internos que, de no haber mediado este pago ilícito, no hubiesen podido transportarse de un módulo a otro, y en algunas ocasiones también los funcionarios de Gendarmería obligaban a los internos a entregar una suma de dinero para devolverles los propios teléfonos que les habían incautado”, añadió Pastén.

Junto con eso, Ciper también dio cuenta que además de la venta a través de “la feria”, al interior de la cárcel Santiago 1 también existirían otros dos fenómenos vinculados a los hechos de corrupción de los gendarmes. Uno sería denominado “rescate” y corresponde a que funcionarios que participan en allanamientos, sustraían, por ejemplo, teléfonos que posteriormente vendían a los internos por precios superiores a un millón de pesos.

Otro negocio sería el de “delivery”, que es una especie de ingreso de productos desde el exterior al interior de la cárcel, pero a pedido o encargo por parte de un interno.

Los detenidos serán formalizados el próximo viernes 19 de diciembre en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago. A los sujetos se les imputarán los delitos de agrupación criminal, infracciones patrimoniales, cohecho -simple y agravado- y soborno.

“No es algo que haya sorprendido a Gendarmería”

El Presidente Gabriel Boric, junto con destacar el trabajo de los persecutores e investigadores en crear un foco en las investigaciones de los recintos penitenciarios, destacó que “cuando ingresamos esta iniciativa, el fiscal nacional anterior (Jorge Abbott) se resistió o no lo consideraba de la mayor relevancia el tener líneas investigativas en las cárceles”.

“Con el actual fiscal nacional afortunadamente (Ángel Valencia), eso cambió y, por lo tanto, yo valoro la disposición que ha tenido la Fiscalía para, en conjunto con el gobierno, llevar adelante esta difícil tarea”, afirmó el Mandatario.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), apuntó que “esto no es algo que haya sorprendido a Gendarmería de Chile ni al Ministerio de Justicia, todo lo contrario, esto es algo que nosotros previmos que podía estar ocurriendo y se tomaron las decisiones para que esto deje de ocurrir”.

En tanto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que “una investigación de esta naturaleza es posible, con los resultados que esta ha arrojado, si trabajamos de manera colaborativa y conjunta el Ejecutivo, el gobierno, la Fiscalía, la policía, en este caso en particular la PDI, y durante la madrugada de hoy también Carabineros”.

“Del Ejecutivo no basta solo la buena disposición o el ánimo de cooperar, también es necesario que se involucre directamente, que participe Gendarmería de Chile, y en el trabajo, ha intervenido, insisto, no solo el Ministerio Público y la PDI, sino que también de manera muy activa la Gendarmería de Chile”, agregó.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, fue consultado sobre si la institución tenía el control total de las cárceles en el país, ante lo cual Pérez afirmó que “esta pregunta se ha planteado en varias ocasiones. Lo que ocurre es que hay una propensión a expresarse en términos absolutos respecto del control. Yo no sería tan osado y sobre todo con la evidencia que en este minuto estamos exhibiendo, de decir que tenemos el control absoluto de las cárceles“.

“Pero sí existe un control de los establecimientos penitenciarios que se puede sustentar en los buenos índices que mantenemos hasta el minuto”, agregó más adelante Pérez, quien recibió el respaldo del gobierno durante la misma jornada.

Más adelante destacó que “no se puede desconocer que Gendarmería, con lo que tiene, hace un esfuerzo titánico en el día a día por enfrentar la problemática que tiene que ver con un fenómeno social y que tiene un impacto carcelario”.