El de este miércoles no era el primer pleno del Consejo Regional que el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, enfrentaba luego de los cuestionamientos que Contraloría hizo a un supuesto uso de recursos públicos para su reelección y que derivaron en una ofensiva para destituirlo.

Pero un nuevo ingrediente se sumó antes de la instancia. A solo 40 minutos de iniciar la sesión, La Tercera reveló un segundo informe del ente contralor, esta vez enfocado en las transferencias realizadas por el Gobierno Regional Metropolitano (GORE) a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la RM, y en las rendiciones entregadas por esta última.

Entre las principales observaciones, Contraloría detectó que el GORE aprobó y rebajó rendiciones de gastos de forma duplicada y hasta triplicada, por un total de $ 1.848.631.797.

La entidad fiscalizadora determinó que estos errores contables constituyen un riesgo financiero y ordenó realizar un nuevo ajuste contable que corrija los efectos en los estados financieros acumulados, no solo en el resultado del año en curso.

Además, la Contraloría anunció que abrirá un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que debieron velar por la correcta revisión, aprobación y contabilización de las rendiciones y de otras irregularidades.

En sus pesquisas, el ente fiscalizador también detectó que los expedientes de respaldo por más de $ 857 millones estaban incompletos. A eso se suman otras irregularidades: cuatro facturas fueron rendidas, aprobadas y rebajadas contablemente de forma duplicada, por un total de $ 121 millones, y otra fue rebajada por un monto de $ 49 millones cuando su valor real era de apenas $ 476 mil. Por esta última se ordenó al GORE exigir la devolución de la diferencia.

Otra observación relevante apunta a reajustes salariales efectuados en diciembre de 2023 por la Corporación a sus trabajadores, utilizando el criterio de la ley de reajuste del sector público, sin que los contratos incluyeran esta posibilidad. Los anexos de contrato presentados como respaldo fueron creados el 30 de julio de 2024, lo que impide verificar si realmente estaban firmados en la fecha correspondiente. Esta situación también será incluida en el procedimiento disciplinario.

Antes del informe, el GORE, que tiene 60 días para responder a los cuestionamientos, ya había subsanado algunas situaciones. Pero no todas.

“No nos dijeron la verdad”

El independiente pro republicano, Sergio Morales, fue el primero en intervenir en la sesión de este miércoles. Advirtió que usaría el tiempo de uno de sus colegas y lanzó una acusación directa: “El miércoles 11 de junio, en este mismo espacio, usted nos dijo que la Contraloría no había encontrado nada. Pero el informe 275, fechado el 16 de mayo, ya estaba emitido y hoy recién se nos envía. No es cierto que no se haya detectado nada”.

Y añadió: “Gobernador, estos antecedentes ya están en Contraloría. Le pido que no nos arrastre a una arena pública. Aquí no hay una persecución de los consejeros de José Antonio Kast, el problema son los procedimientos de Claudio Orrego”.

Desde el otro lado, la consejera Claudina Núñez (PC) respondió: “No soy la Contraloría ni soy juez. Algunos parecen haberse quedado con una vocación inconclusa. Estamos haciendo un juicio previo que daña la imagen de esta institución”.

Víctor Valdés, también republicano, intervino a continuación para señalar que el informe revela “una falta de supervisión en las jefaturas claves de contabilidad” del gobierno regional.

Ximena Peralta (FA), por su parte, apeló a la cautela: “Vamos a estudiar el informe con responsabilidad y con profesionales que evalúen el mérito técnico de las acusaciones. Nosotros no vamos a hacer ni acusaciones apresuradas ni tampoco una defensa corporativa”.

Durante la misma jornada se conformó una comisión investigadora para revisar el contrato de servicios de coaching contratado por el GORE, cuestionado por el primer informe de Contraloría, que plantea dudas sobre la legalidad y pertinencia del gasto.

La instancia estará integrada por cinco consejeros regionales, ratificados durante la sesión: cuatro de oposición -Álvaro Bellolio y Nicole Aguilera (UDI), José Pablo Soto (RN) y Sergio Morales (Partido Republicano)- y una del oficialismo, Carolina Oteíza (PS).

Peralta, jefa de bancada del FA, objetó la inclusión de Bellolio y Aguilera, acusando un posible sesgo por su rol mediático y su postura pública contra Orrego. Incluso solicitó su inhabilitación, ya que ellos trabajan paralelamente en un requerimiento ante el Tricel para pedir la destitución del gobernador.

Pese a las críticas, Orrego sostuvo que no era necesario modificar la composición de la comisión.

El propio Orrego antes ya había tomado la palabra para defender su gestión: “Nos tomamos muy en serio lo que dice Contraloría. Aprovecharemos los espacios para responder. Les pido prudencia. No cuesta nada enlodar una institución por leer demasiado rápido un informe”.

Y enfatizó: “Yo mismo voté por la constitución de esta comisión. Me presenté voluntariamente ante el Ministerio Público, entregué mi computador y mi celular. Vamos a responder en tiempo y forma”.

Sobre las observaciones de Contraloría reveladas durante la jornada, fue categórico: “No es lo mismo un ajuste contable, donde puede haber errores, que una falta grave de probidad”.

Como sea, lo cierto es que la primera misión de la comisión investigadora será exigir acceso a los 52 informes generados por la asesoría de coaching y solicitar una audiencia con Contraloría para profundizar en las observaciones detectadas.