En una operación que se desarrolló durante la noche de este martes, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) ingresó a las oficinas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) en Santiago, tras una orden de entrada y registro emanada del Séptimo Juzgado de Garantía.

Las diligencias fueron instruidas por el fiscal Marcos Pastén, quien lidera la investigación por la insólita liberación del presunto sicario Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por el homicidio del empresario José Reyes Ossa, más conocido como el “Rey de Meiggs”.

Los efectivos policiales llegaron al lugar minutos antes de las 22.00 horas y recabaron antecedentes clave para esclarecer si en el proceso de excarcelación se cometió presuntamente algún tipo de delito informático.

Cabe señalar que el foco de la indagatoria apunta a determinar posibles irregularidades en el envío de las resoluciones judiciales hacia Gendarmería, lo que permitió la liberación del imputado, quien debía permanecer en prisión preventiva.

La presencia de la PDI en las dependencias del Poder Judicial da cuenta de la gravedad del caso, que ha generado un fuerte impacto en el sistema de justicia penal y encendido alertas sobre eventuales fallas estructurales o vulneraciones dolosas.

Precisamente, minutos antes del procedimiento, el fiscal Pastén había calificado el sistema de comunicaciones judicial como “feble y vulnerable”.

El objetivo de estas diligencias no solo es esclarecer si hubo responsabilidad penal en la liberación de Ferrer, sino también avanzar en su recaptura.

El imputado, vinculado al crimen organizado, se encuentra prófugo desde el pasado viernes, cuando fue liberado en circunstancias aún no aclaradas, pese a haber sido formalizado por el homicidio calificado de Reyes Ossa en Ñuñoa.

Estas acciones forman parte de una ofensiva investigativa más amplia, que también contempla la revisión de protocolos entre tribunales y Gendarmería, y la eventual identificación de funcionarios o terceros que hayan facilitado o incurrido en posibles negligencias graves que derivaron en la excarcelación de Ferrer.