El pasado 28 de junio la empresa Green Water La Ligua SPA inició el proceso de evaluación ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de su proyecto para construir una desaladora en el sector de Huaquén, en pleno borde costero cercano a la Playa Guallarauco en el balneario de Pichicuy, en la Provincia de Petorca, Región de Valparaíso.

Pero el proyecto que tendrá un costo de US$ 119 millones y cuya construcción durará poco más de un año y medio, según lo presentado al SEIA, cuenta con la oposición de los pescadores artesanales del sector, quienes apuntan al impacto que tendría la iniciativa en sus actividades.

El presidente del Sindicato de Pescadores y Buzos Artesanales Caleta Pichicuy, Viterbo Ibacache, sostiene que durante el proceso de elaboración del proyecto que busca sacar agua del mar para desalarla, no se ha considerado a los vecinos y trabajadores del sector.

“Pichicuy vive de la pesca y del turismo. Esta localidad, ni nuestro grupo de pescadores pueden ser tratados por la empresa como si no existiéramos. Las decisiones que afectan nuestra bahía tienen que ser discutidas con quienes vivimos aquí, no impuestas desde una oficina de Santiago. No vamos a dejar que nos pasen por encima”, sostuvo Ibacache.

A raíz de aquello, los pescadores artesanales del sector anunciaron que iniciarán una arremetida judicial. En ese proceso los trabajadores están siendo asesorados por el abogado Felipe Olea y la Consultora PASA, sosteniendo que comenzarán una impugnación formal del proyecto ante el SEIA, así como también en la solicitud de concesión marítima.

El abogado Olea, sostiene que “nos haremos parte en todos los procesos autorizatorios que hayan sido iniciados por la empresa, con el fin de hacer valer los derechos de los pescadores de Pichicuy”.

En esa línea, planteó que “es inaceptable que en pleno 2025, después de fracasos como los proyectos Dominga e HidroAysén, y de todas las zonas de sacrificio que hay en Chile, una empresa intente obtener permisos para un proyecto de inversión escondiendo la información a los grupos de interés, y actúe de espaldas a las comunidades. Es no haber aprendido nada”.

Sobre lo mismo, el abogado afirmó que “con la existencia de jurisprudencia de la Corte Suprema, que habla de la importancia de la participación ciudadana, esta empresa no lo haya hecho antes de ingresar el estudio de impacto ambiental. Decisiones como las de esta empresas, que ningunean a las comunidades, no se comprenden en el marco ambiental de hoy: tras la reforma al SEIA, el acuerdo de Escazú y tantas otras. Estamos frente a errores que pudieron evitarse, y que de seguro la empresa terminará culpando a la ‘permisología’. Pero acá la culpa, a sabiendas, no será del empedrado.”

El cuestionamiento

El académico y académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Christian Rojas, quien también asesora a los pescadores afirmó que “los proyectos de desalación de agua de mar tienen dos aspectos críticos. El primero es el punto de toma, que en este caso corresponde a un lugar cercano a Pichicuy, desde donde se trasladará el recurso por tuberías hasta una planta de tratamiento ubicada a poco más de 2 kilómetros”.

“El segundo aspecto, y probablemente el más complejo, es el punto de devolución de la salmuera generada por el proceso destinado a transformar el agua de mar en agua potable. Este punto de descarga puede eventualmente generar contaminación en la costa, debido al depósito de esa salmuera, afectando gravemente el ecosistema marino”, concluyó el doctor en derecho.

Tras el ingreso del proyecto al SEIA, César Escobar Merino, representante de GW La Ligua SPA, señaló en un comunicado que “estamos ante una situación estructural de escasez hídrica que exige soluciones de largo plazo. Esta planta busca complementar las fuentes tradicionales y entregar seguridad hídrica a comunas que históricamente han enfrentado limitaciones de acceso al agua”.

Una vez que inicie la construcción del proyecto, el que se prevé para el 2027, se espera que se crearán 230 empleos, mientras que su operación está prevista para el 2028 y que pondrá en funcionamiento una planta desaladora con una vida útil de 22 años.