Un grave hecho ocurrió el 16 de octubre al interior del centro de protección de menores de edad Casa Esperanza 1, ubicado en calle Huérfanos, barrio Yungay.

Ese día, dos jóvenes que se encuentran internados en ese recinto, uno de 15 y otro de 17 años, tuvieron una riña que terminó con uno de ellos apuñalando a otro en dos ocasiones. Una de ellas, en la cabeza, y otro en la espalda. La pelea se habría producido por una “porción de comida”.

Por esos días, Carabineros informó que el herido fue trasladado inmediatamente hasta el Hospital San Juan de Dios. Con el transcurso de las horas los facultativos confirmaron que el menor de edad que estaba bajo el resguardo del Estado terminó con una grave lesión: quedó en condición de paraplejia. El agresor, en tanto, quedó detenido.

El hecho dejó al descubierto los problemas de convivencia al interior del recinto y despertó críticas respecto de quienes están a cargo de los menores que allí se encuentran por distintas situaciones de vulnerabilidad.

Testigos de ese hecho, según pudo conocer La Tercera, critican el actuar de la directora del centro Esperanza 1 tras el episodio.

Arremetida judicial

El Programa Especializado de Representación Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes, Mi Abogado, del Ministerio de Justicia, presentó un recurso de amparo el 23 de octubre con la finalidad de resguardar el bienestar de los menores de edad al interior de los centros Esperanza 1, y de su par Esperanza 2, ubicado en Lo Barnechea, y solicitar se agilice el proceso de cierre de la residencia. Ambos lugares, dependientes del Servicio Mejor Niñez, comenzaron su funcionamiento en noviembre de 2023.

En el texto se enumeran una serie de hechos ocurridos al interior de ambos recintos, que han estado bajo la lupa de la Defensoría de la Niñez desde hace meses por distintas vulneraciones de derechos, según argumenta ese organismo.

El texto parte con los hechos ocurridos el 16 de octubre: “Ambos jóvenes son sujetos de protección del Estado, quienes fueron apartados de sus contextos familiares particulares por estar insertos en espacios de negligencia, maltrato y abusos. Al día de hoy, como programa, nos preguntamos si los dos jóvenes mencionados, junto con el resto de los niños y jóvenes residentes de RDS Casa Esperanza 1, se encontraban realmente siendo cuidados por el Estado, o si fueron expuestos y dejados a merced de un sistema de protección que no funciona, que no protege“.

“Los hechos con exactitud se encuentran ya siendo investigados por el Ministerio Público, siendo los principales afectados dos adolescentes, pero existiendo también niños y jóvenes que se encontraban viendo cómo la situación se salía de control, intentando auxiliar dentro de lo que podían, viendo cómo quien se debía configurar como adulta responsable, la, en ese entonces, directora Diana Sandoval, se encerraba en su oficina, señalando que no iba a salir a hacer nada", se afirma en el texto.

En otros hechos, por ejemplo, se afirma que se realizó una visita en enero de 2024 al Centro Esperanza 1 a raíz de una denuncia anónima de un menor de edad. En esa denuncia se acompañó una foto, aportada por el denunciante, con varias armas hechizas cortopunzantes. Allí también, dice la denuncia, se producirían agresiones sexuales entre los propios menores. Pese a lo denunciado el amparo fue rechazado por la Corte de San Miguel.

En ese sentido, en un informe del Servicio de Protección Especializada se hace hincapié en la falta de privacidad de los baños, especialmente para las niñas de Esperanza 1: “Los baños y duchas no permiten privacidad, los marcos están descuadrados, las puertas rotas, las adolescentes señalan que mientras se duchan son abordadas por sus compañeros hombres, les abren la puerta y las graban o fotografían desnudas. Al respecto agrega la adolescente: 'Me baño a las 2 de la mañana cuando están dormidos o muy volados’”.

A su vez, el 27 de octubre la Defensoría de la Niñez presentó un recurso de protección en favor de los niños, niñas y adolescentes de esas dos residencias, las cuales, dice el texto, han presentado “diversos nudos críticos de gravedad” desde sus inicios.

“Desde su funcionamiento a la fecha, ambas residencias han albergado una población usuaria que no se adecúa a lo establecido en las orientaciones técnicas del modelo licitado. Esta situación por sí sola ha conllevado graves problemáticas asociadas, pues cuando niños, niñas y adolescentes son ingresados a modelos residenciales que no responden a sus características y necesidades (en términos de orientación técnica y, con ello, infraestructura y equipamiento, personal, aporte estatal, entre otros aspectos) no reciben, los cuidados y atenciones especializadas que requieren”, dice esa acción que fue declarada inadmisible por la Corte de Santiago.

Respuesta de Mejor Niñez

Desde el Servicio de Protección afirmaron que tras los hechos del 16 de octubre, “los equipos del Servicio de Protección se desplegaron de inmediato para acompañar y apoyar al personal de la residencia. Este trabajo en terreno, realizado de día y de noche, se mantiene de forma permanente hasta la fecha”.

“Ese día, la directora regional y el director nacional del Servicio se trasladaron al hospital para conocer directamente el estado de salud del adolescente afectado y contar con información precisa que permitiera definir las acciones más adecuadas para resguardar su bienestar”, afirmaron.

Asimismo, desde esa institución afirmaron que “se constataron deficiencias en la gestión, tras lo cual se dio comienzo al proceso de cierre de la residencia”. Además, presentaron una querella en contra de la exdirectora de la residencia, la que se encuentra en tramitación. “En paralelo, se inició un análisis detallado de la situación de cada adolescente, con el fin de asegurar su derivación a centros que respondan de mejor manera a sus necesidades”, agregó la entidad.