Los gremios de medios de comunicación encendieron las alarmas por el proyecto que busca establecer penas de cárcel para quienes “difundan” investigaciones penales.

A los reproches del Colegio de Periodistas de la Región Metropolitana, ahora se suma la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, que a tráves de un comunicado advirtieron sobre los “riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado”.

La iniciativa conocida como Ley Mordaza 2.0 fue presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PD).

Así, pese a que los legisladores defienden que la norma busca cuidar la privacidad de los intervinientes, desde la federación argumentan que “la historia reciente de nuestro país ha demostrado que muchos de los casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o abusos de poder se han destapado gracias a investigaciones periodísticas“.

“Criminalizar el trabajo de periodistas que cumplen con su deber de informar no solo representa un retroceso democrático, sino que instala un mensaje de amedrentamiento que atenta contra el rol fiscalizador de los medios y la labor informativa que se ejerce”, se lee en el documento.

En ese sentido, remarcaron que las instituciones deben ser las “responsables de contar con herramientas para sancionar filtraciones indebidas dentro del aparato estatal, sin necesidad de trasladar esa responsabilidad al ámbito periodístico".

Inicios de “Ley Mordaza”

En 2016, tras el escándalo de corrupción de las empresas Penta y SQM, en el que estuvieron involucrados parlamentarios de todo el espectro político, surgió el primer intento legislativo de penalizar a quienes publicaran filtraciones de antecedentes investigativos.

Sin embargo, la normativa no pasó las puertas del Congreso gracias al rechazo de organizaciones periodísticas que defendieron la libertad de informar.