Este martes el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco; la ministra del máximo tribunal e integrante del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Gloria Ana Chevesich; la directora (s) de esa entidad, Andreina Olmo; el subdirector (s), Alex Saravia, y el director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, informaron a la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto del Congreso acerca de la Partida 03 del Proyecto de Ley de Presupuestos 2026 correspondiente al Poder Judicial.

En el marco de la exposición, Blanco manifestó que “los recursos asignados al Poder Judicial resultan de vital importancia para otorgar a la ciudadanía una justicia de calidad, oportuna, transparente y de total acceso”.

Adentrándose en materia, la directora suplente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Andreina Olmo, expuso sobre algunas definiciones estratégicas y nudos críticos que actualmente enfrenta el Poder Judicial.

“Un déficit real de cerca de 18.000 millones”

Olmo apuntó a la mayor complejidad en los delitos, un aumento en los ingresos de las causas y de la población, sobre todo en algunas jurisdicciones específicas, y la promulgación de leyes que afectan la operación de tribunales sin un financiamiento acorde.

Olmo explicó que el presupuesto asignado contiene un inflactor de 3,1%, a excepción del subtítulo 21 que no contiene dicho elemento, lo que implicaría que a partir de 2026, de otorgarse un reajuste equivalente, existiría “un déficit real de cerca de 18.000 millones”, dijo.

Asimismo, indicó que el proyecto de erario público reconoce la necesidad del Poder Judicial de renovar máquinas y equipos informáticos, pero que no contiene financiamiento para la renovación de los vehículos que han cumplido con el tiempo de renovación. Señalan que mantienen operando vehículos que hace rato cumplieron más de 10 años y están generando gastos en mantenimiento.

En materia de proyectos de infraestructura, explicaron que en base al presupuesto asignado, deberá privilegiarse la continuidad de proyectos de construcción en proceso y recientemente adjudicados, y durante el transcurso del año evaluarán los proyectos a priorizar durante el segundo semestre. En este subtitulo el monto asignado es de M$ 39.061.543, inferior a los cerca de M$ 60.000.000 requeridos, explicaron.

Olmo señaló que el presupuesto asignado en la Ley de Presupuestos del Poder Judicial para 2026 será de M$ 761.216.544, lo que incorpora una variación de 0,8% respecto al año pasado, lo que implica un presupuesto de continuidad para las necesidades presentadas.

Por su parte, el director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, explicó los alcances de la implementación del proyecto de ley para el próximo año en dicha institución. Indicó que durante 2026 se contemplan la realización de tres programas de formación de jueces y juezas y la selección de otros dos. “Durante 2026 egresarán igual cantidad de alumnos desde dicha academia (72), lo que permitirá satisfacer el recambio natural de nuevos jueces, la implementación de nuevas leyes y suplencias”, recalcó.

Olmo sostuvo que el presupuesto operacional asignado al Poder Judicial cubre requerimientos básicos de operación del Poder Judicial. Sin embargo, deberá ser suplementado. Además, se requerirá la asignación de financiamiento especial, adicional y permanente para financiar efectos de la implementación de nuevas leyes.