En el marco del caso ProCultura, el Gobierno Regional (GORE) de la Región Metropolitana mantiene hace varios meses un conflicto ante la justicia civil con la empresa Aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) por el cobro de cinco pólizas de garantía asociadas al convenio suscrito con la fundación ProCultura que lideraba Alberto Larraín.

Las pólizas, por un total superior a 31 mil UF, equivalentes a más de $1.000 millones, fueron exigidas por el GORE tras el término anticipado del proyecto de prevención del suicidio Quédate.

El conflicto se remonta a noviembre de 2023, cuando el GORE puso término anticipado al programa financiado con más de $1.683 millones.

La decisión se basó en incumplimientos contractuales por parte de ProCultura, basada en irregularidades en la entrega de información bancaria obligatoria que se le requirió.

Ese es el contexto por el cual se explica que Aspor emitiera garantías a favor del GORE Metropolitano para la ejecución del convenio con la Fundación ProCultura. Pero tras el fin anticipado del convenio, el GORE solicitó el cobro de las pólizas.

Fue en ese momento que Aspor no pagó dentro de los 30 días y alegó falta de antecedentes, solicitando una medida precautoria judicial para suspender el pago, un requerimiento que inició una causa en el Octavo Juzgado Civil de Santiago.

En paralelo al carril civil, por el frente administrativo la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a Aspor con una multa de 1.000 UF por infraciones normativas. Sin embargo, Aspor alegó ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impugnar dicha multa.

Triunfo de Orrego

Sin embargo, la arremetida judicial de Aspor -al menos por ahora- fue un fracaso. Este jueves, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago -en un fallo unánime de las ministras Dobra Lusic y Jenny Book y la abogada integrante Bárbara Vidaurre- rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la aseguradora y confirmó la multa de 1.000 UF.

En la sentencia, las ministras determinaron que la CMF sí es competente, el procedimiento sancionatorio fue legal, que no hubo vulneración de principios ni errores de derecho y que la multa es válida y proporcional.

“El examen de los antecedentes evidencia, a juicio de esta corte, que el procedimiento administrativo sancionatorio ha sido efectuado con arreglo a la legalidad vigente, sin infringir normas legales ni principios generales, como se sostiene en el recurso, y en cuanto a la rebaja de la multa impuesta, solicitada en subsidio, ello escapa de las atribuciones de esta corte”, se lee en el fallo.

El triunfo de Orrego en el tribunal de alzada capitalino es un punto relevante para su pugna contra ProCultura. Esto debido a que, por ejemplo, en la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Larraín se estableció que el perjuicio patrimonial causado al Estado por concepto del programa Quédate “asciende a la suma de $1.015.283.548, dinero que, al haber sido desviado, no ha sido devuelto hasta la fecha".

“Tal como dijimos desde el primer día, vamos a recuperar cada peso del programa de prevención del suicidio Quédate. Hoy la justicia nos da la razón. La aseguradora Aspor intentó dilatar y esquivar su única obligación: pagar una póliza válida y exigible. Esta sentencia confirma que la ley está de nuestro lado y, en consecuencia, también el fallo de la Comisión para el Mercado Financiero, que sancionó a esta empresa por su incumplimiento. Vamos a seguir hasta el final, con los recursos públicos no se juega y quienes incumplen con esta norma no pueden pretender impunidad”, afirmó Orregó a La Tercera.

Sin embargo el triunfo es parcial. Esto debido a que para que Aspor pague las pólizas aún debe resolverse la causa que se abrió en el Octavo Juzgado Civil de Santiago y que recién está en etapa probatoria. Respecto de ese pago, el asunto se encuentra suspendido por orden judicial.

Sin embargo, fuentes del GORE Metropolitano comentan que al confirmarse la multa de la CMF “la estrategia de judicializar antes del pago se considera infraccional” y que su postura “queda debilitada en el juicio civil pendiente con el GORE”.

Aspor apelará a la Suprema

Desde la aseguradora informaron a través de un comunicado público que recurrirán ante la Corte Suprema “para que se corrija esta interpretación”. A juicio de Aspor con este fallo “se establece un precedente nefasto para el buen funcionamiento del mercado asegurador”.

“Como compañía reconocemos la facultad sancionatoria de la CMF, pero estimamos que excedió su potestad legal atribuyendo a la compañía una intencionalidad en su actuar en cuanto a que esta habría dilatado u obstaculizado el pago en una póliza de garantía a primer requerimiento”, se lee en el comunicado.

La aseguradora añadió que “el pago se encuentra suspendido por una orden de un tribunal emitida con anterioridad al cumplimiento del plazo para el pago”. Junto con eso comentaron que “los fondos de la boleta de garantía se encuentran debidamente provisionados para su pago inmediato, en el caso que la justicia determine la existencia del convenio Quédate de la Fundación ProCultura”.

*Esta nota fue actualizada a las 16.18 para precisar que el fallo es respecto de la multa de la CMF