Raquel Rolnik, referente en temas de vivienda, derecho a la ciudad y políticas urbanas, llegó a Chile, sin decidirlo así, justo en medio de polémicas por desalojos de campamentos y estancamientos en la entrega de soluciones por parte del Estado.

La exrelatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda entre 2008 y 2014, e investigadora del Observatorio de Desalojo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, llegó al país para participar en el Taller Internacional sobre DD.HH. y Desalojos que se realiza en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y que está siendo abordado por diversas organizaciones, entre ellas la Plataforma de Derechos Humanos y Empresas.

En el contexto chileno actual, marcado por el reciente desalojo en Quilpué y otros conflictos habitacionales en varias comunas, su visita abrió una oportunidad para analizar los distintos mecanismos de resolución frente a tensiones entre habitantes de una toma, el Estado y una potencial vulneración de derechos.

Chile, según dice en entrevista con La Tercera, ha sido uno de los epicentros del paradigma de transformación de vivienda, lo que para ella hace este lugar importante para investigar, comprender y seguir.

¿Cuál es el paradigma de vivienda en Chile?

Hemos tenido un cambio en el paradigma de vivienda como una política social, como un derecho humano, a vivienda regida por el mercado. Se convirtió en una mercancía y en un activo financiero importante. Los cambios de este paradigma han sido básicamente por las reformas en Reino Unido, bajo Margaret Thatcher, y en Estados Unidos, bajo Ronald Reagan. Pero el modelo hegemónico para los países en la periferia del capitalismo ha sido el modelo chileno de producción masiva de vivienda, empezado bajo el gobierno de Pinochet.

¿Qué simboliza la formación de un campamento?

Para entenderlo tenemos que reconocer que su origen está en los fallos o fracasos de la política de vivienda en llegar a toda la gente. Ahí tenemos temas de acceso, con migrantes y un porcentaje muy importante de la población que no califica para acceder a la política subsidiada de crédito. Pero también hay que entender que cualquier política, en cualquier país que brinda un modelo único de provisión de vivienda, siempre va a dejar gente aparte, sin excepción.

¿Y cómo ve cuando se ordenan sus desalojos?

El desalojo puede configurar una situación de violación de los derechos humanos porque en general, los juzgados y todos los procesos miran si hay invasión a la propiedad ajena, pero no se encargan de saber por qué hay gente viviendo ahí, en qué condiciones o qué va a pasar con ellas. La consecuencia de un desalojo es exponer a esa gente a situaciones de violación de derechos en muchas dimensiones. Niños que no van a poder ir a la escuela, gente mayor o con problemas de salud que no tienen más la conexión con los servicios que allí estaban, inseguridad física de la gente porque para donde vaya va a tener que vivir en la calle.

El Ministerio de Vivienda tenía la voluntad de cerrar algunos campamentos y ofrecer viviendas sociales, pero el dinero es escaso para costear su construcción. ¿Cómo se analiza cuando se acaban los recursos?

Es interesante, porque es como si la única alternativa de poder garantizar vivienda como un derecho humano a toda la gente fuera una casa en propiedad individual construida desde cero por constructoras. El derecho a la vivienda no significa brindar una propiedad a la gente, es derecho de estar viviendo en un lugar en paz, en seguridad. En la historia de la política de vivienda, por ejemplo, el alquiler social ha sido la manera de movilización más importante porque el costo de brindar una casa completa es mucho mayor.

¿Son las tomas una forma de “saltarse la fila”?

Mucha gente habla eso y hay dos mentiras en este proceso. La primera es como si fuera algo muy agradable vivir en una toma, o hacer una toma. Es un sacrificio humano, familiar y personal enorme. Es someterse a una situación de precariedad, presión e inseguridad muy grande. Es lucha, es organización, es difícil. Y la segunda cuestión es que, en realidad, no es que la gente está haciendo eso para meterse antes en la fila, sino que tiene que ver con una falta de alternativa concreta.

¿Y qué opina de que los campamentos funcionen como un ancla para que el crimen organizado se inserte?

Desde los años 90, pero con mucho más intensidad en este siglo, la penetración del crimen organizado ha encontrado en estos espacios dónde establecerse, lo que no significa que inmediatamente todas las personas que viven en este territorio son criminales. Es un tema de seguridad pública que hay que tomar, pero es también un tema de políticas de protección a la gente desde un punto de vista de derechos humanos. La gente, independiente de vivir en tomas o campamentos, tiene el derecho de ser protegida de las amenazas de violencia. Lo perverso en esta discusión es que como se criminaliza, la respuesta es el desalojo y el problema es que nada de esto va a desaparecer con el desalojo. La gente tiene que vivir en otra parte y los circuitos criminales también se van a instalar, no van a desaparecer. El desalojo en sí mismo no es una solución del problema, es una aparente solución con mucho sufrimiento de todos los involucrados.

Si el desalojo no es la solución, ¿cuál podría ser?

Una formulación de una política urbana de vivienda más incluyente, diversificada y que pueda atender a las distintas necesidades de la gente. Hay que profundizar más quién está viviendo ahí, cuáles son sus necesidades de vivienda específica y cómo podemos crear una política que pueda brindar estas oportunidades de vivienda. Creo que otro punto es tratar este tema de los campamentos, de las tomas, en su complejidad. No es solamente dar vivienda a quienes no la tienen. Hay que tratar este tema sin ingenuidad.