Hasta la arena judicial llegó la disputa entre la directora del Internado Nacional Barros Arana (INBA), María Alejandra Benavides, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN). Esto, luego de que la docente presentara una demanda de tutela laboral en contra del municipio encabezado por Desbordes ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La profesional de la educación, en su escrito al que tuvo acceso La Tercera, da cuenta de una serie de situaciones que, afirma, han generado un “daño psíquico”, por lo que pide medidas en su favor, así como una indemnización por daño moral. Hechos que habrían ocurrido antes de que el alcalde asumiera, así como también en el actual proceso sumarial en su contra.

La demanda ingresada por Benavides hace algunas semanas ya ha avanzado y el mismo tribunal de primera instancia fijó una audiencia preparatoria entre la demandante y la Municipalidad de Santiago para el 9 de septiembre.

Los anuncios previos de Desbordes

En el texto de 16 páginas, Benavides enumera una a una las mejoras que realizó al interior del INBA, así como también los resultados que tuvo el establecimiento que encabeza desde el 2022. “Logramos recuperar la imagen del INBA, relevando su proyecto educativo y su aporte histórico, aumentando las postulaciones vía proceso Sistema de Admisión Escolar (SAE)“, sostiene al comienzo de su escrito.

Posterior a aquello, la suspendida directora explica lo ocurrido en el establecimiento el 23 de octubre, cuando varios alumnos resultados con quemaduras por estar manipulando bencina.

En ese contexto, afirma Benavides, desde que comenzó la candidatura del entonces postulante a alcalde, Desbordes, apuntó en su contra y evaluó anticipadamente su trabajo. En esa línea, la directora cita que el candidato de la derecha señaló en diferentes medios que “a la rectora del INBA la voy a sacar sí o sí”, así como “no debe dirigir un establecimiento educacional”, o que “ella es parte del problema”, “debería renunciar”, entre otras.

Pese a aquello, la directora del INBA afirma que una vez que asumió la nueva autoridad comunal, ella se reunió con el director de la Dirección de Educación, Humberto Garrido, a quien le consultó sobre su situación laboral a raíz de las medidas previamente anunciadas por Desbordes, a lo que Garrido le respondió que “no tiene ninguna instrucción para aquello”.

A pesar de lo que se le había mencionado al asumir el alcalde, sostiene que los emplazamientos públicos de Desborde no cesaron, ya que en otro programa de televisión la máxima autoridad comunal realizó “una verdadera calificación televisiva de mi gestión”.

“Estas declaraciones no solo se encuentran fuera de la realidad (dado que mi gestión logró disminuir los hechos de violencia que señala), sino que además fuera de todo procedimiento regular de evaluación”, concluye Benavides.

A juicio de la académica, todo lo ocurrido con el alcalde generó “un revuelo mediático que afectó a mi familia, por lo que debí cerrar el año escolar de mis hijas debido a la sobreexposición en los medios de comunicación, en redes sociales, etcétera”.

Una firma “presionada”

Otro de los hechos que han generado una vulneración de sus derechos psíquicos, acusa Benavides, fue un “verdadero preámbulo de un acoso en mi contra”, luego de que la secretaria de Mario Varela, jefe de finanzas de la municipalidad, le pidió ir a la Dirección de Educación ya que este debía informarle que él sería su “fiscalizador”, sin explicar la razón de aquello. Sin embargo, tiempo después le suspendieron la cita.

Un día después de aquella situación Benavides expone que se enteró por una publicación del diario La Segunda que el municipio había reabierto un sumario en su contra por el incidente en el INBA, lo que a su juicio vulneró el carácter reservado de la información. Horas después de la publicación, Garrido la llamó para confirmarle lo que salió en la prensa.

Días posteriores a lo ocurrido, la directora dice que fue citada a la Dirección de Educación, pero que jamás se le anunció que ese día debería declarar por el sumario ante Varela y Boris Jara, actuario. Esa declaración, denuncia, se tornó “en varios momentos en un intenso, a veces incluso hostil -sobre todo por el actuario Boris Jara- interrogatorio. La toma de declaración fue, presuntamente, grabada y escrita por el actuario. En ningún momento el actuario tomó transcripción de la declaración en tiempo real".

Pero la situación no terminaría ahí, ya que días después le hicieron llegar su declaración para que la firmara, “pero al leerla expreso mi duda por la redacción no solo a veces errática, sino que derechamente no existía concordancia entre lo escrito y lo declarado, solicitando su modificación“. Instancia en la que además se le suspendió de sus funciones.

Ante esos cuestionamientos, denuncia que Varela y Jara “me presionan a firmar, afirmando que ‘da lo mismo, para el caso da lo mismo’, pero insisten en que firme la declaración y que después la podría ‘rectificar’ por mi parte; todo en un tono intimidatorio, viéndome obligada a firmar”.

“Todas las situaciones previamente relatadas me llevaron a una gran angustia y desesperación”, afirma en su escrito.

Los requerimientos

Tras todo lo ocurrido la directora relata en su demanda que fue evaluada por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), la que determinó que tenía una enfermedad profesional, ligada a la salud mental.

Situación que, dice, se ha mantenido pese a estar suspendida, ya que se le ha negado acceder a la información necesaria para redactar la apelación a su informe de evaluación, lo que se “encontraba predeterminado y sesgado” dadas las palabras de Desbordes en la prensa incluso antes de asumir.

Por lo mismo, Benavides pide en su demanda que el municipio detenga las filtraciones de su proceso, que el alcalde se “abstenga de realizar declaraciones públicas que impliquen un juicio”, así como también que se le permita dar una nueva declaración en su sumario, se le indemnice con 11 remuneraciones y que su evaluación se realice cuando ella esté en funciones, entre otras medidas.